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México

Van 94 mdp bloqueados a tratantes de personas

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto Castillo, dio a conocer que hasta el momento se han logrado bloquear 94 millones de pesos de personas físicas y morales vinculadas a tres casos de trata de personas en la Ciudad de México y el estado de Quintana Roo.

Al participar en una conferencia de prensa junto con la organización «Unidos contra la Trata», explicó que derivado de las investigaciones se presentaron denuncias contra 22 personas ante la Fiscalía General de la República (FGR) y la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México.
Destacó que además existen otras 12 pesquisas en marcha que pronto podrían arrojar resultados, lo que marca el inicio de una política pública de la mano con organizaciones de la sociedad civil, para detonar más casos de éxito de bloqueos y el cumplimento de órdenes de aprensión en contra de los tratantes.

Particularmente el día de ayer hicimos un corte de ya tres denuncias, que han tenido un impacto en 22 personas denunciadas ante la Fiscalía General de la República y ante la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, 30 personas han sido bloqueadas físicas y morales relacionadas con la operación de Trata, y hemos podido mantener hasta este momento 94 millones de pesos bloqueados, para efecto de que ese dinero no regrese al sistema financiero y no se continúe utilizando para violar la dignidad de las personas y los derechos fundamentales», precisó.

Por su parte, Rosy Orozco, presidenta de «Unidos contra la Trata», dio a conocer que en sólo el 47 por ciento del país se aplica la Ley General contra la Trata, por corrupción, impunidad o desconocimiento.

Resaltó que de acuerdo con los datos más recientes, el 59.4 por ciento de las víctimas de este delito son menores de edad, y de estos casos, el 83.3 por ciento son sometidos a la modalidad de explotación sexual.

Lamentó que aunque la legislación contempla la figura de reparación del daño, sólo en el 82 por ciento de las sentencias se toma en cuenta y únicamente en el 28 por ciento de los casos, el juez fijó un monto, que va de los 700 pesos a los cinco mil pesos en promedio, una cifra que no es suficiente para que las víctimas puedan tener un proyecto de vida digna.

A la mayoría no se le repara el daño, es lo más grave de todo, porque sólo a un 28 por ciento le fijan un monto, y la cantidad oscila entre 700 pesos, hemos visto hasta 200 y el máximo de 30 mil pesos», manifestó.

Excelsior

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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