Conecta con nosotros

Slider Principal

Van contra Diputado de SLP, grabado en video mientras pide moche

El Comité Ejecutivo del Partido Acción Nacional (PAN) expresó su rechazo a la actuación del Diputado local de San Luis Potosí Enrique Flores Flores por el video en el que aparece participando de presuntos actos de extorsión en contra de alcaldes de San Luis Potosí.
En un comunicado, el PAN nacional reiteró su total rechazo a cualquier acto de corrupción, así como el compromiso con la transparencia y la ética pública, además informó que turnará de inmediato a la Comisión Anticorrupción del Partido para que investigue este hecho y promueva la expulsión de los involucrados.
“Se solicita a las autoridades gubernamentales llevar a cabo las investigaciones correspondientes, a fin de sancionar a todos los involucrados”, advirtió el PAN.
Este lunes se difundió un video grabado por uno de los ediles presuntamente extorsionados por políticos en San Luis Potosí. La reunión se celebró el 24 de mayo pasado, en la oficina del legislador panista Enrique Flores.
De acuerdo con la denuncia, la cúpula del Congreso y funcionarios de la Auditoría Superior del Estado (ASE) crearon un esquema de corrupción a través del cual extorsionan a alcaldes con la revisión de las cuentas públicas, exigiéndoles un millonario porcentaje del monto observado a cambio de eliminar las irregularidades registradas en su gestión de 2016. El riesgo de no entrar en el esquema implicaría represalias como la inhabilitación u otras sanciones.
Esta red está integrada por Óscar Bautista Villegas, legislador del PRI y vocal de la Comisión de Vigilancia, el perredista José Guadalupe Sánchez Torres, presidente de la misma comisión, el presidente de la Mesa Directiva del Congreso, Manuel Barrera Guillén, del PVEM, el presidente de la Junta de Coordinación Política, el panista Enrique Flores Flores y funcionarios de la ASE.
Flores Flores, Bautista Villegas, Torres Sánchez y Barrera Guillén, coludidos con funcionarios de la ASE, exigen a varios alcaldes entre el 10 por ciento y 20 por ciento de los montos observados por la ASE, para “dejar limpias (las cuentas), que no deban nada”.
El legislador panista admite en la grabación que es “parte de la ecuación”, pero por razones de amistad con el edil, dice que no cobraría nada. En la conversación, Flores Flores le plantea al alcalde reunirse con Óscar Bautista para negociar el monto a entregar. El legislador asegura que su colega, Torres Sánchez, presidente de la Comisión de Vigilancia, y Barrera Guillén, están “haciendo bisnes” en la Auditoría.
El Diputado local panista Enrique Flores Flores apareció públicamente en un restaurante de la Avenida Chapultepec en la ciudad de San Luis Potosí, pero señaló que no declarará hasta una conferencia de prensa que se realizará más tarde.
En tanto, el Diputado J. Guadalupe Torres Sánchez negó haber tenido participación alguna en los supuestos hechos relatados por el legislador, Enrique Flores.
El presidente de la Comisión de Vigilancia del Congreso del Estado señaló que los hechos narrados en ese video ocurrieron a finales de mayo, cuando los informes finales de la Auditoría Superior del Estado ya habían sido entregados como se hizo del conocimiento público.
Estableció que no hay ninguna posibilidad de manipular los informes, ni antes ni después de ser entregados, porque los integrantes de la Comisión de Vigilancia no tienen facultad de entrometerse en el contenido del Informe Final de Auditoría, que es elaborado por cientos de personas que participan en su confección.
Torres Sánchez señaló que la facultad que tiene la Comisión de Vigilancia es “verificar que el proceso de fiscalización se realizó conforme a derecho; no así el contenido, pues no se tiene facultad para quitar, borrar o eliminar las observaciones”.
De tal forma que sólo esa circunstancia, agregó, “echa por tierra los supuestos dichos contenidos en el video”.
Torres Sánchez aclaró además que, como presidente de la Comisión de Vigilancia, y en su calidad de miembro de la oposición, es el primer interesado en que se haga una revisión a todos los entes auditables “de manera específica, concreta y conforme a derecho”.
Reiteró que los supuestos señalamientos son insostenibles, porque “nosotros no tenemos facultades para borrar observaciones, definitivamente no es algo que pueda hacerse”, concluyó.
El presidente de la Comisión de Vigilancia del Congreso del Estado señaló que los hechos narrados en ese video ocurrieron a finales de mayo, cuando los informes finales de la Auditoría Superior del Estado ya habían sido entregados como se hizo del conocimiento público. Foto: Pulso.
Sobre el videoescándalo, el Gobernador del Estado, Juan Manuel Carreras, advirtió que harán lo necesario para que todas las instituciones se apeguen la legalidad.
Pese a ello, señaló que todavía no se observan los actos que se presumen en el video e insistió que se aplicará de forma irrestricta el Estado de derecho.
“Además son actos que todavía, tendría entendido, no se realizan, así que viéndolo (el video) seguramente haremos todo lo necesario para que se conduzcan conforme a derecho”, dijo.

Sin Embargo

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

Continuar Leyendo
Publicidad
Publicidad
Publicidad

Más visto