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México

Van por la esposa de Javier Duarte

El gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, dijo que se acelerará la investigación contra Karime Macías, esposa del exgobernador Javier Duarte; además de investigar el desvío de recursos para las campañas electorales de 2016.

Lo anterior, luego de que Televisa diera a conocer ayer como presunta propiedad de la expresidenta del DIF Estatal un Club Hípico en Briones, municipio de Coatepec, así como cuatro caballos pura sangre con un valor de entre un millón y millón y medio de pesos, cada uno.

“Instruyo al contralor general del estado para que se acelere y profundice la investigación que se lleva al cabo para determinar si Karime Macías hizo uso de recursos públicos en beneficios propios y de ser así proceda legalmente”, dijo.

Al fiscal general del Estado le solicitó se determine la carpeta de investigación que vincula a Karime Macías con la desviación de recursos públicos de los veracruzanos en beneficio propio y de familiares y amigos.

Además, el jefe del Ejecutivo hizo del conocimiento público que solicitará formalmente la intervención de las Fiscalías para Delitos Electorales federal y local para que investiguen la desviación de recursos públicos para financiar de manera ilícita campañas políticas en el año 2016.

Yunes Linares agregó: “Solicitaré formalmente la intervención de la fiscalías, para delitos electorales para que investiguen la desviación de recursos para financiar de manera ilícita campañas en el año 2016”.

“Trataremos de recuperar más de mil 500 millones de pesos que presumiblemente se desviaron y proceder en contra de quienes lo destinaron y de quienes lo recibieron (…) Es mi obligación como gobernador y en respuesta al clamor popular de sancionar a todos los que llevaron a Veracruz a la crisis más grave de su historia, proceder contra todos los culpable si excepción”.

24 Horas y Excélsior

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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