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México

Van también por quien entregó llaves del BMW a conductor ebrio

La estrategia legal que tiene contemplada la familia de Karla Saldaña Sánchez para proceder contra Carlos Salomón Villuendas es llegar a la sentencia mayor de 20 años de cárcel, pero también confirmó que buscarán fijar responsabilidades de tipo civil contra el bar y la posible empresa del valet parking, que permitió que el conductor se llevará su vehículo, afirmó Gabriel Regino, abogado de la familia de esta mujer.

En entrevista con Excélsior, Regino detalló cómo se llevará a cabo la defensa legal en este caso, donde en la investigación primaria acreditarán que Salomón se encontraba en estado de embriaguez e intoxicado y dentro de la etapa secundaria del proceso se llevará a cabo una investigación para acreditar la responsabilidad del bar y de la empresa de Valet Parking.
En algunos países, en Europa, en Estados Unidos, el mesero tiene la total determinación de decir ‘ya no le voy a servir más, porque ya está usted tomado y ya no le dan de beber, ese es un tema que nosotros tenemos que indagar perfectamente y desde luego, por qué el valet Parking entregó las llaves, ¿es un robo?, no, no le está robando, ¿es una retención indebida?, tampoco y el propio valet Parking puede llamar a una unidad policial en cualquier parte del país, para que ésta llegue y suavice la situación, inclusive, pueden llamar paramédicos para que la persona sea atendida por la intoxicación que tiene, se pudieron haber hecho muchísimas cosas”, señaló el abogado.

El también ex subsecretario de la SSP aseguró que el Ministerio Público tiene elementos necesarios para sustentar ante el Juez de Control para que, en la audiencia del próximo viernes, Salomón sea vinculado a proceso, porque a pesar del poco tiempo la investigación fue eficiente.

También refirió que, conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales, la etapa de investigación complementaria tiene como primer límite seis meses, por lo que confió en que este periodo pueda fincarse una sentencia máxima de 20 años de cárcel, como también expuso el subprocurador de Averiguaciones Previas Desconcentradas, Oscar Montes de Oca, donde también pedirán la reparación del daño material para los familiares de Karla Saldaña Sánchez.

Excelsior

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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