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El Vaticano prohíbe esparcir cenizas de católicos por ser contrario a la fe

Las cenizas de los católicos que desean ser cremados no pueden ser esparcidas, divididas ni conservadas en la casa sino que deben ser guardadas en un lugar aprobado por la iglesia y consagrado, de acuerdo con nuevas normas emitidas por el Vaticano el martes.
Las instrucciones fueron divulgadas días antes del Día de Difuntos, 2 de noviembre, en el cual los fieles recuerdan a sus muertos y oran por ellos.
Durante la mayor parte de su historia bimilenaria, la Iglesia católica solo permitió el entierro con el argumento de que expresaba mejor la esperanza en la resurrección. Pero en 1963, el Vaticano autorizó explícitamente la cremación siempre que no implicara una negación de la fe en la resurrección.
El nuevo documento de la Congregación para la Doctrina de la Fe insiste en que es preferible el entierro, pero expresa las normas para conservar las cenizas del número creciente de católicos que prefieren la cremación.
Dijo que lo hacía para contrarrestar “ideas nuevas contrarias a la fe de la iglesia” que surgieron desde 1963, como las del New Age de que la muerte es una “fusión” con la Madre Naturaleza y el universo o una “liberación definitiva” de las ataduras del cuerpo.
El Vaticano expresó que las cenizas y fragmentos óseos no se pueden conservar en casa porque con ello se priva a la comunidad católica de recordar al difunto. Por eso las autoridades eclesiásticas deben escoger un terreno consagrado, como un cementerio o iglesia, para recibirlas.
En casos extraordinarios un obispo puede permitir que se conserven las cenizas en la casa, dice el documento.
Añade que las cenizas no se pueden repartir entre familiares, conservar en relicarios ni dispersar en el aire, la tierra o el agua porque ello crea la apariencia de “panteísmo, naturalismo o nihilismo”, dicen las normas.
Reitera la doctrina de que a los católicos que optan por la cremación por razones contrarias a la fe cristiana se les debe negar la sepultura cristiana.
Las nuevas instrucciones están fechadas el 15 de agosto y dicen que el papa Francisco las aprobó el 18 de marzo. No estaba claro si eran retroactivas o qué deben hacer los católicos que eliminaron los restos de sus seres queridos en formas que ahora se consideran indebidas.

Sin Embargo

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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