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Vecinos obligan a enfermera a abandonar su hogar, por ser “un gran foco de infección”

Una enfermera del estado de Nayarit tuvo que abandonar su vivienda en el poblado de Lo de Marcos, en el municipio de Bahía de Banderas, luego de que sus vecinos no la dejaran pasar a la zona por considerarla un “gran foco de infección” de COVID-19.

A través de su cuenta de Facebook, Mel Morado, enfermera del hospital de Los Panchos, denunció que sus vecinos hicieron un cerco sanitario para no dejar entrar a turistas. Sin embargo, los hombres y mujeres que se encontraban en el límite del poblado la acusaron de ser un punto de contagio y poner en riesgo al resto de las personas.

“Soy enfermera del hospital de San Francisco, Nayarit, hoy temí por mi integridad al momento que me negaron el acceso al poblado donde actualmente vivo Lo de Marcos… se ha escuchado que las personas de los pueblos se encuentran haciendo cercos sanitarios para prohibir acceso a turistas, pero en este caso también se me negó a mí, solo por ser personal de salud”, escribió.

La enfermera intentaba llegar a su casa pero fue retenida en el puesto de control que montaron hombres y mujeres del pueblo, para prevenir contagios con el ingreso de personas ajenas al lugar.

Mel Morado apuntó que uno de los vecinos incluso dijo que le pagaría una renta en la localidad donde se encuentra el centro de salud donde ella trabaja sólo para que no entrara Los de Marcos.

“Si entras ya no sales, hazle como quieras, soy capaz de pagarte una renta en San Pancho para que allá te quedes”, se escucha en un video grabado por Fernanda Flores, quien acompañaba a Mel.

La enfermera contó que se siente impotente ante la situación que vive el personal de salud en todo el país al sufrir amenazas y discriminación por parte de las personas.

“Ella es un foco de infección. Hasta dos metros debería de estar alejado de ella. Lo siento, mijita, pero al pueblo no entras, o entras, ¡pero ya no sales! y si es al Hospital de San Pancho, menos”.

Además, dijo que en las localidades de Nayarit tampoco pueden portar el uniforme de trabajo ya que las personas los agreden físicamente.

“Lo único que hago es trabajar en el hospital por el bienestar del pueblo y pueblos aledaños que van y se tratan médicamente ahí, yo no voy a ver si vienen de X pueblo o si es X persona, se les va a dar la atención y con las medidas que actualmente se tienen que tomar, a todos!”

Mel Morado detalló en su publicación que al llegar al poblado llamó al delegado de la zona, quien mostró interés y apoyo al inicio. Sin embargo, una mujer continuó señalándola como una personas “peligrosa para el pueblo”, por lo que le fue negado el acceso nuevamente.

Morado solicitó apoyo de oficiales municipales, pero al ver que ella y su compañera Fernanda Flores sacaban su celular para grabar la situación, le dijeron que no se podía quedar en el lugar.

Los elementos de la Policía Municipal la escoltaron hasta su domicilio sólo para que sacara sus cosas y se fuera.

Mel Morado agregó que sintió mucho miedo por la situación propiciada, y aunque se determinó que sí podía volver a su casa, ella decidió irse para no sufrir más represalias.

“Si, ingresé al pueblo, pero solo a sacar mis cosas, en esa situación ¿cómo iba a quedarme tranquila en casa? ¿cómo iba a pasar la noche sin pensar en que no podrían hacer algo para agredirme después de todo lo sucedido?… porque a todo esto, agrego que la señora X, siguió a la patrulla hasta mi casa, entonces ¡¿que tranquilidad?! […] ¿Cuándo van a entender que estamos solo para apoyarles, para curarles? No es justo”, finalizó en su post de Facebook.

Más tarde, el Alcalde de Bahía de Banderas publicó un video donde pidió a la población no agredir al personal médico pues “sólo están haciendo su labor”.

“También tienen familia. Ellos también quisieran estar en casa pero asumen el riesgo para atendernos y cuidarnos”, dijo el mandatario.

Detalló que se ofrecerá transporte para el sector público que vaya desde su casa hasta la unidad médica, y viceversa. Además, agregó que se colocará un túnel sanitizante para que sean más seguros las salidas y los accesos al hospital.

Por último, agregó que también se le colocará una calcomanía a los vehículos del personal de salud para facilitar su acceso a los poblados.

Fuente: Vanguardia

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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