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Venezuela vuelve a acusar a EU de promover golpe de Estado

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Venezuela acusó el lunes a Estados Unidos de planificar un golpe de Estado con la oposición para el 1 de septiembre, cuando la coalición opositora tiene previsto realizar una marcha para presionar por el referendo revocatorio del mandato de Nicolás Maduro.

Ha quedado en evidencia la marca y autoría del golpe de Estado planificado para este venidero 1 de septiembre de 2016 en Venezuela, que en complicidad con la oposición antidemocrática y la derecha internacional intenta reeditar el gravoso expediente de agresiones y muerte», dijo el viceministerio para América del Norte en un comunicado difundido el lunes por la cancillería.

El gobierno venezolano rechazó la declaración del portavoz del Departamento de Estado, John Kirby, a favor de la liberación del ex alcalde opositor Daniel Ceballos, quien el fin de semana fue trasladado a una cárcel en el centro del país luego de que le suspendieran una medida de arresto domiciliario alegando que preparaba una supuesta fuga.

El gobierno del presidente Barack Hussein Obama, en sus postrimerías, procura la inestabilidad de Venezuela y de la región para legitimar sus planes imperiales contra la paz y el desarrollo de los pueblos», agregó el escrito.

El gobierno de Venezuela ha acusado en varias oportunidades a Estados Unidos de promover conspiraciones en su contra.

El subsecretario de Estado estadunidense Thomas Shannon visitó Caracas en mayo para reunirse con opositores y Maduro, con quien conversó sobre la situación de las relaciones bilaterales.

La visita de Shannon se dio dos meses después de que el gobernante sudamericano ordenó el retiro del encargado de negocios de la embajada de Venezuela en Washington en rechazo a la decisión de Obama de renovar por un año su acción ejecutiva, que declaró a Venezuela una amenaza extraordinaria.

Ambos países están sin embajador desde 2010.

Excelsior

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Trump anuncia nuevos aranceles del 10% tras fallo de la Corte Suprema que anuló sus gravámenes globales

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que firmará una orden ejecutiva para imponer un arancel global del 10% durante 150 días, luego de que la Corte Suprema anulara los gravámenes generalizados que su administración había implementado desde su regreso a la presidencia.
La medida se ampara en la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974, que faculta al mandatario a imponer restricciones temporales de importación de hasta el 15% ante situaciones de «problemas graves y significativos» de balanza de pagos, sin requerir investigaciones adicionales. Trump precisó que estos nuevos aranceles se sumarán a los ya vigentes.
El anuncio llegó horas después de que el máximo tribunal del país determinara, por seis votos contra tres, que la administración sobrepasó sus atribuciones al aplicar aranceles globales bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) de 1977. El fallo establece que la Constitución reserva ese tipo de potestad al Congreso, no al Ejecutivo.
Trump calificó la sentencia de «profundamente decepcionante» y señaló sentirse «absolutamente avergonzado» por la decisión de los magistrados que votaron en su contra. Sugirió que el tribunal fue influenciado por «intereses extranjeros» y agradeció explícitamente a los jueces Samuel Alito, Clarence Thomas y Brett Kavanaugh, quienes votaron en disenso.
Entre las medidas afectadas por el fallo se encuentran la tarifa base del 10% a las importaciones, los gravámenes recíprocos contra socios comerciales, los aranceles adicionales del 25% a México y Canadá vinculados al control del tráfico de drogas, la eliminación de la exención para envíos de bajo valor con impacto en comercio electrónico, y aumentos de hasta el 50% sobre productos de Brasil e India. Según Trump, el dictamen podría obligar al gobierno a reembolsar hasta 240,000 millones de dólares recaudados mediante los gravámenes anulados.
El mandatario informó además que su gobierno ha iniciado investigaciones sobre prácticas comerciales desleales bajo el Artículo 301, aunque este tipo de procesos suele requerir varios meses para concluirse. Trump reiteró que su administración continuará explorando todas las herramientas legales disponibles para proteger la economía estadounidense.

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