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Política

Veta Duarte reducción de edad para casarse

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Con la finalidad de respetar lo que establecen los tratados internacionales en materia de protección de los menores, así como las recomendaciones sobre la igualdad del hombre y la mujer en el matrimonio y las relaciones familiares emitidas por la ONU, el Gobernador César Duarte Jáquez vetó una reforma del Congreso local para fijar en 16 años la edad mínima para casarse.

El Mandatario estatal hizo diversas observaciones al decreto que aprobó recientemente el Pleno legislativo local entorno a la edad mínima para contraer matrimonio.

Actualmente, el Código Civil del Estado de Chihuahua, en su artículo 136, establece que la edad mínima para contraer matrimonio es de 14 años en la mujer y 16 en el hombre. Los legisladores reformaron ese artículo, para que, en situación de igualdad, la edad mínima para contraer matrimonio fuese de 16 años en ambos casos, pero esto tampoco conformó al Gobernador Duarte.

En el documento enviado por el Mandatario estatal, refiere un análisis a detalle sobre los instrumentos internacionales mencionados, concluyendo la necesidad de que el Congreso del Estado analice de nueva cuenta la reforma aprobada al Código Civil, y, además, considere establecer la mayoría de edad de 18 años como edad mínima para contraer matrimonio para ambos contrayentes.

El Ejecutivo señala que la Convención Sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer y la Convención Sobre los Derechos del Niño establecen como nulo el matrimonio entre niños, entendiendo por niño a toda persona menor de 18 años.

Además, refiere que el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la mujer, sobre la igualdad en el matrimonio y las relaciones familiares, recomienda que, en todos los casos, el matrimonio debe ser celebrado entre personas mayores de 18 años.

«La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo primero, establece que todos los tratados internacionales en materia de derechos humanos, ratificados por el Estado Mexicano, son de observancia obligatoria», dijo el Gobernador en su justificación.

Por lo tanto, en sus observaciones el mandatario estatal recomienda al Congreso del Estado efectúe una nueva revisión de los artículos reformados, a fin de que estén acordes, integralmente, con los instrumentos internacionales referidos.

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Impulsa diputada Argüelles padrón público de comedores contra el hambre

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1 de cada 10 chihuahuenses viven en carencia alimentaria

Chihuahua. – Con el objetivo de reforzar las estrategias transparentes en el combate contra el hambre, la diputada de Morena, Jael Argüelles Díaz, presentó una proposición con carácter de Punto de Acuerdo para exhortar a la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común, como titular de la Junta de Gobierno del DIF Estatal, así como a la Dirección General del organismo, a crear un padrón público, actualizado y consultable de los comedores infantiles en Chihuahua.

Durante su exposición, la legisladora subrayó que el combate al hambre es una responsabilidad compartida y un compromiso alineado a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de la ONU, que establece como prioridad erradicar el hambre y garantizar la seguridad alimentaria.

Señaló que, de acuerdo con datos del INEGI, actualmente más de 370 mil personas en Chihuahua viven en carencia alimentaria, es decir, 1 de cada 10 chihuahuenses, problemática que se agrava en la región serrana, donde el 60 por ciento de niñas y niños presenta algún grado de desnutrición.

La legisladora, reconoció también los avances logrados por el Gobierno de México en materia de combate a la pobreza, impulsados por la presidenta Claudia Sheinbaum, que han permitido que millones de personas mejoren sus condiciones de vida; sin embargo, advirtió que la seguridad alimentaria sigue siendo uno de los principales retos sociales.

Argüelles Díaz recordó que el artículo 4° de la Constitución garantiza el derecho de todas las personas a una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, derecho que en Chihuahua también está respaldado por la Ley de Desarrollo Social y Humano y la Ley de Asistencia Social, donde se establece como población prioritaria a niñas, niños, adolescentes, mujeres, personas indígenas y personas adultas mayores en situación de pobreza alimentaria.

Destacó que los comedores infantiles son una de las principales políticas públicas para combatir la desnutrición en la infancia, por lo que contar con un padrón público permitirá a la ciudadanía conocer su ubicación, funcionamiento, cobertura y servicios, además de fortalecer la supervisión, la coordinación institucional y la rendición de cuentas.

“La transparencia también es una herramienta para salvar vidas. Hacer visible dónde están los comedores infantiles es garantizar que más niñas y niños accedan a su derecho a la alimentación”, concluyó la congresista.

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