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Veto nacional e internacional a la ley golpista

La aprobación de madrugada en el Senado de la República de la Ley de Seguridad Nacional, el 15 de diciembre, y la ratificación de los cambios cosméticos realizados a nueve artículos en la Cámara de Diputados, no frenó el descontento nacional e internacional que se ha generado por este nuevo ordenamiento que implica un aplastamiento a las demandas de respeto a los derechos humanos en México.

A pesar de la temporada decembrina, jóvenes activistas protagonizaron el pasado fin de semana una movilización inesperada a las puertas de Los Pinos para reclamarle a Enrique Peña Nieto que cumpliera con sus facultades presidenciales y vetara la ley. En el mismo sentido se pronunció la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la coalición de organizaciones #SeguridadSinGuerra.

Con consignas como “Veto a la ley golpista” o “Alto a la guerra, no a la Ley de Seguridad Interior”, los cientos de jóvenes que marcharon de la Estela de Luz de la avenida Reforma hasta las rejas de la residencia oficial de Los Pinos para protestar por la polémica ley, dejaron claro que no habrá amnistía cívica frente a esta imposición de la coalición oficialista del PRI, Verde y sus aliados del PAN y otros partidos.

Los contingentes marcharon con banderas de la comunidad lésbico-gay, de los distintos colectivos urbanos de jóvenes anarquistas o de activistas de derechos humanos que durante la última semana se han expresado en contra de la Ley de Seguridad Interior.

La entrada a Los Pinos estuvo herméticamente protegida por elementos del Estado Mayor, decenas de granaderos, camiones y toletes listos para usarse ante algún brote de violencia, como si se cumpliera uno de los supuestos de la Ley de Seguridad Interior.

Uno de los incidentes reportados por los medios fue cuando un joven encapuchado amenazó con lanzar objetos a los granaderos. Lo despojaron de un aerosol y de un encendedor. Surgió el reclamo: “esa ley no da seguridad, lo único que quiere es permiso para matar”.

El reclamo de los manifestantes fue claro: “Así nos recibe Peña Nieto, como si fuéramos los peores delincuentes”. “¿Este es el diálogo que ofreció?”, preguntaron, en clara referencia a la promesa del 8 de diciembre de hacer un “diálogo incluyente” a través del Senado antes de aprobar la ley.

La movilización internacional contra la ley también inició. El lunes 18 de diciembre, un grupo de 10 organizaciones internacionales anunció la conformación de un Observatorio sobre México para “observar y documentar el deterioro de la situación de los derechos humanos” en nuestro país.

La coalición está formada por organizaciones como Amnistía Internacional, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, la Coordinación Alemana por los Derechos Humanos en México, la Fundación por el Debido Proceso, Latin American Working Group, la Open Society Justice Initiative, la Organización Mundial contra la Tortura, Brigadas Internacionales de Paz y el Centro de Derechos Humanos Robert F. Kennedy.

Nunca antes se había formado una coalición de este tipo para colocar a México en el banquillo de la observación, elevando la imagen internacional de nuestro país a la situación similar en Venezuela, Siria o Corea del Norte. Golpe frontal a la “cancillería activa” de Luis Videgaray.

En paralelo, el Alto Comisionado de las Naciones Humanas para los Derechos Humanos, más la CNDH y Amnistía Internacional exhortaron en comunicado conjunto al presidente Enrique Peña Nieto a vetar esta ley.

Advirtieron que si Peña Nieto no atiende estos llamados, los actores involucrados en la aprobación y aplicación de esta ley deben interponer acciones de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia “a efecto de que sea sometida a revisión judicial”.

El presidente de la CNDH, Luis Raúl González Pérez, advirtió que este organismo analiza la posibilidad de interponer la controversia constitucional si el Ejecutivo federal ignora los llamados. El bloque de senadores del PT-Morena, más los legisladores del PRD y del PAN que votaron en contra también contemplan interponer una acción de inconstitucionalidad.

En otras palabras, la Ley de Seguridad Interior está en el banquillo de los acusados y ni el intenso cabildeo del alto mando de las Fuerzas Armadas y la deliberada intención de silenciar el tema en los medios masivos va frenar esta oleada de impugnación.

Fuente: Proceso

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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