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Vicente Fernández Jr. confirma que va por diputación

El empresario y cantante Vicente Fernández Junior confirmó este viernes que buscará postularse como candidato a una diputación de Jalisco por el Partido Encuentro Solidario (PES).

Vicente Jr, dijo, buscará legislar por el Distrito 20, compuesto por Acatic, El Salto, Juanacatlán, Tonalá y Zapotlanejo municipios con complicaciones, principalmente, en temas medioambientales. Sus propuestas, dijo, estarán basadas en garantizar trabajo, seguridad y salud para sus habitantes.

“Soy un ciudadano que va a ver y a atender las necesidades de ciudadanos, en lo que yo no pueda tener la experiencia o el conocimiento, tenemos un partido atrás. Otros tantos más que tienen la experiencia para podernos enganchar y salir adelante todos como partido”, expresó.

Vicente Fernández Jr. aseguró que no hay diferencia en que una figura pública compita en alguna candidatura pues “si la gente que tiene toda la experiencia y ha tenido estudios que los respaldan ha mostrado esos resultados, ahora lo que se requiere ser es algo diferente y nuevo, un ciudadano que lucha por ciudadanos”, afirmó.

Por su parte, Mariana González Padilla, novia de Vicente Junior, dio a conocer que también buscará una candidatura para legislar desde lo local, postulándose por el Distrito 3, donde señaló, trabajará principalmente para generar igualdad y mejores condiciones para las mujeres.

Mariana dijo sentirse feliz de formar parte de este partido, desde donde dijo, buscará ayudar a la ciudadanía tal como lo ha hecho en sus redes sociales, demostrando así que ella es más que su figura o su belleza.

“Este partido se enfoca mucho a la familia y yo vengo de familia, amo a mi familia y siempre estoy viendo por mi familia. Quiero que las mujeres sepan que estamos juntas y que podemos lograrlo, que se vean en mi, que surgí como el ave fénix de la nada y ahorita estoy aquí”, expresó.

Los municipios que conforman el distrito para el cual Mariana busca legislar son: Arandas, Jalostotitlán, Jesús María, Mexticacán, San Miguel el Alto, Teocaltiche, Tepatitlán de Morelos, Valle de Guadalupe, Villa Hidalgo, Cañadas de Obregón, Yahualica de González Gallo y San Ignacio Cerro Gordo.

Fuente: Fórmula

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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