Cientos de víctimas del fraude cometido por Aras Business Group se manifestaron en Chihuahua para exigir avances en la reparación del daño y denunciar la aparente inacción de la Fiscalía General del Estado (FGE). La protesta, que incluyó bloqueos en calles del centro de la ciudad y la instalación de un plantón permanente en la Plaza Hidalgo, busca visibilizar la problemática ante la falta de respuestas claras y resultados concretos después de años de lucha.

Los representantes legales de los afectados, Felipe Acosta y Mariano Cordero, denunciaron la opacidad y falta de coordinación de las autoridades. Acosta señaló que, tras múltiples reuniones con fiscales y autoridades, no se ha informado con transparencia sobre los bienes asegurados, de los cuales solo 33 han sido presentados oficialmente, mientras que se reportan un total de 71. Además, destacó que no se ha aclarado cuáles bienes son rescatables o han sido perdidos.

Por su parte, Cordero criticó la negativa de la Fiscalía para avanzar en la entrega de estos bienes, argumentando la extinción de dominio bajo la suposición de que fueron adquiridos con recursos ilícitos, pese a que la sentencia 3506/23, ya ejecutoriada, establece que los bienes provienen de las inversiones de las víctimas y obliga a la reparación del daño a más de 7,000 personas. Denunció también que la notificación sobre extinción de dominio se publicó mediante un edicto en el Diario Oficial del Estado sin notificar directamente a las víctimas, lo que calificó como un procedimiento irregular.

Ante la falta de avances formales, los afectados decidieron intensificar sus acciones de protesta y presión legal. Además del plantón con mantas informativas en Plaza Hidalgo, anunciaron cierres de casetas de peaje y calles estratégicas para llamar la atención pública y mediática sobre el caso. La intención es generar un impacto visible sin afectar gravemente a terceros, aunque no descartan tomar dependencias públicas si la situación no mejora.

Legalmente, los abogados interpondrán amparos contra la inactividad del juez de ejecución, a quien señalan de retrasar el proceso de reparación, y enfrentarán la demanda de extinción de dominio en tribunales civiles para defender los derechos de las víctimas. También buscarán que el Congreso del Estado cite al fiscal general para que rinda cuentas y presentarán quejas ante instancias internacionales, responsabilizando a la gobernadora por la falta de avances.

Mariano Cordero hizo un llamado a la unidad y participación activa de las víctimas en esta “resistencia civil pacífica organizada”, insistiendo en que la fuerza colectiva es fundamental para que las autoridades no puedan ignorar ni reprimir las demandas. El movimiento pretende presionar para que se cumpla con la reparación del daño, que las víctimas reciban justicia y que se dé transparencia y celeridad en el manejo de los bienes asegurados relacionados con el fraude de Aras Business Group.