José Ramón López Beltrán, hijo del presidente Andrés Manuel López Obrador, ha ocupado con su pareja Carolyn Adams dos residencias al norte de Houston, cada una con valor comercial cercano al millón de dólares, de acuerdo con una investigación de Latinus y Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad.
José Ramón, de 40 años de edad, trabajó en la campaña presidencial de su papá como coordinador de Morena en el Estado de México, y tras la elección de 2018 confesó que no sabía a qué se iba a dedicar en lo futuro. “Ya el tiempo lo dirá”, dijo al visitar la casa de campaña el 10 de julio de aquel año.
Tres años y medio después de esa declaración, José Ramón tiene un estilo de vida en Houston muy distinto a la austeridad que pregona su papá: primero vivió en una enorme mansión en Conroe, Texas, que era propiedad de un alto directivo de Baker Hughes, una de las compañías petroleras más grandes del mundo, con la que el gobierno mexicano tiene contratos vigentes por más de 151 millones de dólares, y luego se mudó a una residencia recién construida en la localidad de Cypress, en el condado de Harris, que está a nombre de su pareja, Carolyn Adams.
José Ramón tiene para su uso en Estados Unidos una camioneta Mercedes Benz modelo GLE-Class, que fue adquirida a nombre de Carolyn en una agencia de vehículos de lujo en Conroe a un precio de 68 mil 675 dólares, equivalente a 1.4 millones de pesos.
Carolyn Solano compartió en sus redes sociales fotografías en las que se aprecian detalles tanto de la primera mansión que habitó con José Ramón en Conroe como de la nueva residencia que edificaron en Cypress, Texas.
Latinus y Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) constataron que la pareja residió en la primera casa hasta 2020 y que la segunda vivienda la habitan desde 2021, cuando concluyó su construcción.
Desde que asumió la presidencia de México, López Obrador ha exhortado en forma reiterada a llevar una vida de austeridad. “No al lujo, que lo que tengamos se use para lo indispensable, para lo básico”, declaró en mayo de 2020. “Si ya tenemos zapatos, ¿para qué más? (…) Si se puede tener un vehículo modesto para el traslado, ¿por qué el lujo?”, dijo en aquella ocasión.
Durante una sesión del Congreso del Estado, la diputada Brenda Ríos presentó un voto razonado con moción de modificación en contra de la Ley de Ingresos del Estado de Chihuahua 2026, al rechazar el incremento al Impuesto Sobre Nómina del 3 al 4 por ciento. La legisladora sostuvo que no se trata de un ajuste menor, sino de un aumento del 33 por ciento que tendría efectos directos en el empleo, la inversión y la economía de las familias.
Desde tribuna, Ríos afirmó que el incremento propuesto es inconstitucional al contravenir los principios del artículo 134 de la Constitución, el cual establece la obligación del Estado de administrar los recursos públicos con eficiencia, eficacia y austeridad. Señaló que antes de imponer nuevas cargas fiscales deben eliminarse privilegios, recortarse excesos y optimizarse el gasto público.
La diputada expuso que persisten salarios elevados en la alta burocracia, estructuras administrativas infladas y gastos que calificó como superfluos. En ese contexto, advirtió que trasladar el costo de la falta de disciplina financiera a las empresas, particularmente a las pequeñas y medianas, impacta al empleo formal y, en consecuencia, a los trabajadores.
Ríos subrayó que el problema central no es la falta de ingresos, sino la ineficiencia en el uso de los recursos públicos. Indicó que esta postura coincide con lo expresado por organismos empresariales y reiteró que, previo a cualquier discusión sobre aumentos de impuestos, debe ordenarse el presupuesto y cumplirse lo establecido en la Constitución.
Al cierre de su intervención, la legisladora anunció que promoverá la acción de inconstitucionalidad correspondiente contra la disposición que contempla el aumento al Impuesto Sobre Nómina y contra el paquete presupuestal en su conjunto. Sostuvo que cuando la Constitución no se respeta en el presupuesto, debe defenderse en los tribunales, y afirmó que Chihuahua requiere un Estado que gaste mejor, no uno que recaude más por inercia.
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