José Ramón López Beltrán, hijo del presidente Andrés Manuel López Obrador, ha ocupado con su pareja Carolyn Adams dos residencias al norte de Houston, cada una con valor comercial cercano al millón de dólares, de acuerdo con una investigación de Latinus y Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad.
José Ramón, de 40 años de edad, trabajó en la campaña presidencial de su papá como coordinador de Morena en el Estado de México, y tras la elección de 2018 confesó que no sabía a qué se iba a dedicar en lo futuro. “Ya el tiempo lo dirá”, dijo al visitar la casa de campaña el 10 de julio de aquel año.
Tres años y medio después de esa declaración, José Ramón tiene un estilo de vida en Houston muy distinto a la austeridad que pregona su papá: primero vivió en una enorme mansión en Conroe, Texas, que era propiedad de un alto directivo de Baker Hughes, una de las compañías petroleras más grandes del mundo, con la que el gobierno mexicano tiene contratos vigentes por más de 151 millones de dólares, y luego se mudó a una residencia recién construida en la localidad de Cypress, en el condado de Harris, que está a nombre de su pareja, Carolyn Adams.
José Ramón tiene para su uso en Estados Unidos una camioneta Mercedes Benz modelo GLE-Class, que fue adquirida a nombre de Carolyn en una agencia de vehículos de lujo en Conroe a un precio de 68 mil 675 dólares, equivalente a 1.4 millones de pesos.
Carolyn Solano compartió en sus redes sociales fotografías en las que se aprecian detalles tanto de la primera mansión que habitó con José Ramón en Conroe como de la nueva residencia que edificaron en Cypress, Texas.
Latinus y Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) constataron que la pareja residió en la primera casa hasta 2020 y que la segunda vivienda la habitan desde 2021, cuando concluyó su construcción.
Desde que asumió la presidencia de México, López Obrador ha exhortado en forma reiterada a llevar una vida de austeridad. “No al lujo, que lo que tengamos se use para lo indispensable, para lo básico”, declaró en mayo de 2020. “Si ya tenemos zapatos, ¿para qué más? (…) Si se puede tener un vehículo modesto para el traslado, ¿por qué el lujo?”, dijo en aquella ocasión.
En grupos de Facebook y WhatsApp integrados por militantes del Partido Acción Nacional (PAN), especialmente entre miembros del Consejo Estatal, comenzó a circular la posibilidad de presentar una solicitud formal para la expulsión de Fernanda Martínez, directora del Instituto Chihuahuense de la Juventud, tras señalamientos por una presunta conducta considerada irrespetuosa hacia otros integrantes del partido.
De acuerdo con versiones difundidas en esos espacios internos, diversos panistas han planteado que la Comisión de Honor y Justicia del PAN intervenga para revisar el caso y, en su caso, determine las sanciones que correspondan conforme a la normatividad interna.
Entre los argumentos expuestos por los militantes se encuentra que el reglamento del partido contempla medidas disciplinarias para conductas que atenten contra el respeto, la disciplina y la convivencia entre sus integrantes, por lo que algunos consideran que el asunto podría derivar en un procedimiento de expulsión.
Asimismo, abogados con experiencia en materia electoral habrían señalado que la denuncia de un solo militante sería suficiente para activar un procedimiento disciplinario ante la Comisión de Honor y Justicia, siempre que existan elementos para iniciar el análisis del caso.
Además del proceso interno partidista, también se ha mencionado la posibilidad de promover una acción ante la Secretaría de la Función Pública, bajo el argumento de un presunto uso de recursos públicos u oficiales para favorecer políticamente a un aspirante o candidato. De comprobarse esa situación, podría iniciarse una revisión administrativa independiente del procedimiento interno del PAN.
Hasta el momento, la discusión permanece en redes sociales y grupos internos de militantes, sin que se haya confirmado de manera pública la presentación de una denuncia formal ante la Comisión de Honor y Justicia del partido.
Se espera conocer si alguno de los militantes inconformes presenta formalmente la queja o si la dirigencia estatal del PAN emite un posicionamiento sobre el tema.
