Las autoridades de Alameda (California, EE.UU.) están investigando la muerte de un hombre hispano de 26 años que dejó de respirar después de que oficiales de policía lo inmovilizaran en el suelo mientras intentaban esposarlo el pasado 19 de abril.
Según un comunicado emitido por el Departamento de Policía, los agentes respondieron a una llamada sobre la presencia de un posible individuo en estado de ebriedad y cuando llegaron al lugar encontraron al hombre, posteriormente identificado como Mario Arenales González, con dos botellas de alcohol junto a él, una de ellas abierta.
Los uniformados procedieron a su arresto, durante el cual se produjo un «altercado físico» al intentar esposarlo. Cuando se dieron cuenta de que el detenido había dejado de respirar, intentaron reanimarlo mientras llegaba una ambulancia. Seguidamente, González fue trasladado a un hospital, donde falleció poco después.
Los tres oficiales involucrados en el incidente han sido puestos en licencia administrativa pagada, mientras el departamento asegura estar realizando «todo lo posible para brindar» toda la información sobre lo ocurrido «primero a la familia y luego a la población lo más rápido posible».
Imágenes de las cámaras corporales
Tras hacerse público el caso y una petición de la familia del fallecido, el Departamento de Policía de Alameda reveló las grabaciones captadas por la cámara corporal de los oficiales, que muestran que presionaron con la rodilla la espalda y el hombro del hombre mientras luchaban por esposarlo y someterlo.
Durante casi diez minutos, González habló tranquilamente con los agentes, antes de que estos intentaran colocarle las manos detrás de la espalda para esposarlo. A continuación, se ve a los uniformados luchar para inmovilizarlo boca abajo en el suelo. Durante el forcejeo, se puede ver cómo uno de los agentes coloca su peso sobre la espalda del hombre durante unos cinco minutos hasta que González dejó de responder.
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Cofece multa a Walmart por prácticas monopólicas: la batalla legal apenas comienza
La Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) asestó un golpe histórico al multar a Walmart de México con 93.4 millones de pesos tras concluir una investigación que se extendió por más de cuatro años. La razón: prácticas monopólicas relativas, particularmente en el trato con sus distribuidores.
Según el dictamen de la Cofece, Walmart aprovechó su posición dominante en el mercado para imponer condiciones desfavorables a los proveedores, afectando la competencia en el sector. Aunque no se han revelado todos los detalles de las “contribuciones” impuestas a los distribuidores, el veredicto destaca cómo estas prácticas distorsionan el acceso al mercado y perjudican a competidores más pequeños.
En respuesta, Walmart no tardó en reaccionar. La empresa anunció que impugnará la decisión y enfatizó su compromiso con el cumplimiento de las leyes mexicanas. En su comunicación oficial, destacó que la sanción carece de fundamento y que está basada en interpretaciones erróneas. Este movimiento era predecible: para una empresa de este tamaño, 93 millones de pesos no solo representan una cifra considerable, sino también una amenaza a su reputación.
Por otro lado, la Cofece también se juega mucho. Este caso es una muestra clara de su intención de reforzar la vigilancia sobre los gigantes corporativos. Sin embargo, una batalla legal prolongada podría poner a prueba su capacidad de defender sus resoluciones en tribunales.
Más allá de la multa, el caso de Walmart pone el reflector sobre una problemática común en el comercio minorista: el desbalance de poder entre grandes cadenas y pequeños distribuidores. Si bien el desenlace de este litigio aún está por definirse, el mensaje es claro: los días de actuar sin consecuencias podrían estar contados. La industria y los consumidores estarán atentos a cada movimiento en esta batalla judicial.
