Este miércoles continuaron en distintas ciudades de Colombia las protestas, que comenzaron hace una semana en respuesta a la polémica reforma tributaria propuesta por el presidente Iván Duque y la brutal violencia empleada por las fuerzas de seguridad contra los manifestantes, que ha sido denunciada por la comunidad internacional y organizaciones de derechos humanos.

Las movilizaciones, que se han prolongado durante ocho días consecutivos, dejan hasta el momento un balance de 24 muertos, según la Defensoría del Pueblo. De esta cifra, la Fiscalía determinó que «11 muertes violentas se dan por ocasión de estas manifestaciones, siete están en verificación y seis homicidios no tienen vínculo». Sin embargo, las organizaciones sociales elevan el número de fallecidos a 31.

En esta nueva jornada de protestas, convocadas por el Comité Nacional del Paro, se registraron movilizaciones multitudinarias en ciudades como Medellín y Bogotá, donde se ha reportado el bloqueo de varias vías y disturbios en algunos sectores.

En la capital, el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) utilizó gases lacrimógenos, tanquetas y agua contra los manifestantes en la Plaza de Bolívar, centro político del país. Por su parte, en Medellín, los ciudadanos denunciaron falta de atención médica a los heridos.

Por otro lado, usuarios de las redes sociales reportaron que las fuerzas policiales reprimieron a los manifestantes que se encontraban frente a un centro comercial en el municipio de Soacha (Cundinamarca).

Durante la protesta en Pereira (Risaralda) se produjo un ataque con arma de fuego contra manifestantes que bloqueaban el viaducto que comunica la capital del departamento con el municipio de Dosquebradas.

El coronel Aníbal Villamizar Serrano, comandante de la Policía local, detalló que tres personas resultaron heridas y ofreció una recompensa de hasta 50 millones de pesos (13.040 dólares) por información sobre los responsables. Algunos testigos reportaron que uno de los heridos fue declarado con muerte cerebral, informa Caracol Radio.

Mientras, en Santa Marta (Magdalena), en el centro de Colombia, una protesta que se desarrollaba de forma pacífica terminó en represión policial y fuertes disturbios. Residentes de la ciudad turística compartieron varios videos que muestran parte de la localidad en llamas.

Por otro lado, aunque las movilizaciones se realizaron en su gran mayoría de forma pacífica, hacia el final de la jornada se registraron hechos de violencia puntuales y saqueos a supermercados protagonizados por grupos minoritarios en varias ciudades.

En este contexto, el hecho de mayor gravedad se registró en la capital, donde las autoridades denunciaron incendios en 15 Comandos de Atención Inmediata (CAI). En uno de ellos, 10 policías se encontraban en el interior, resultando heridos cinco agentes.

También un grupo violento prendió fuego a la estación de la Ruta N de MetroPlus en Medellín, ubicada a frente a la Universidad de Antioquia. El alcalde de la ciudad, Daniel Quintero Calle, calificó el ataque de «repudiable» y señaló que «uno de los jóvenes terminó quemado en el intento». «Tanqueta de agua apagó las llamas y la Policía recuperó el control», agregó.

Duque ofrece recompensa mientras las ONG denuncian «violencia policial»

Durante la jornada de manifestaciones, el presidente de Colombia, Iván Duque, anunció una recompensa de 10 millones de pesos (unos 2.610 dólares) para quien ofrezca información que permita «la identificación y captura de los autores de actos vandálicos y delitos que se han presentado en los últimos días contra la infraestructura pública».

Según Duque, que defendió de nuevo la acción policial, estas jornadas de protesta enfrentan una «amenaza vandálica» que consiste en «una organización criminal», que supuestamente «se esconde detrás de legítimas aspiraciones sociales» para «desestabilizar a la sociedad», «generar terror en la ciudadanía» y «distraer las acciones de la fuerza pública».

Mientras Duque habla de vandalismo, las organizaciones sociales denuncian la «violencia policial», a la que le atribuyen el elevado número de víctimas fatales.

El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) ofreció un balance de las protestas en el que precisa que el número de asesinados desde el 28 de abril es de 31 personas (24 de ellas en Cali), siete más que las oficiales.

Además, señalan que 1.220 personas han resultado heridas, se han registrado nueve casos de violencia sexual, 87 ciudadanos están desaparecidos y otros 18 han sufrido heridas en los ojos.

Por su parte, Amnistía Internacional documentó que la Policía Nacional utilizó armamento letal y gases lacrimógenos contra manifestantes en varias partes del país, una actuación que viola los estándares internacionales sobre uso de la fuerza pública durante las protestas.

Además, durante las movilizaciones en Popayán (Cauca), la organización confirmó que uniformados apuntaron armas semiautomáticas directamente contra manifestantes que se encontraban desarmados.