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Vigilan medidas sanitarias en más de 2 mil centros de trabajo

Desde el pasado 1ro de junio y hasta el 22 de octubre del presente año, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) ha verificado 2 mil 060 centros laborales para vigilar el estricto cumplimiento de las medidas sanitarias ante la pandemia ocasionada por COVID-19.

Al participar en el programa Chihuahua Adelante, Marco Antonio Gaytán González, jefe de Inspección de Trabajo de la STPS, señaló que de ese total, 51 establecimientos (3%) se encontraban cerrados y en cumplimiento; 147 (7%) fueron exhortados al cierre pues que no estaba permitida su operación y accedieron de forma inmediata; y 22 (1%) se rehusaron a la suspensión por lo que se dio inicio a un procedimiento administrativo sancionador, dando además vista a las autoridades federales y sanitarias.

Asimismo, en mil 840 centros de trabajo (89%) se revisaron las medidas sanitarias por tratarse de establecimientos que cumplían con las condiciones de operación según lo establecido por el semáforo, de los cuales mil 775 acataron todas las indicaciones.

Indicó que a partir del 23 de octubre, con el regreso al color rojo en el esquema de semaforización, la Inspección del Trabajo ha visitado 122 empresas, de las cuales 68 (56%) suspendieron de manera temporal sus operaciones por no considerarse esenciales.

En 51 centros laborales (42%) se revisaron las medidas sanitarias por ser una actividad esencial y 3 (2%) se rehusaron al cierre de operaciones.

Gaytán González informó que el tiempo de duración de las inspecciones realizadas es largo, debido a que se revisan más de 50 puntos para los pequeños de negocio, 70 para los medianos y cerca de 90 para los grandes, como lo son los pertenecientes a la industria manufacturera.

“Es un proceso largo, pero que garantiza que el centro inspeccionado está cumpliendo a cabalidad con sus medidas”.

Recordó a los centros de trabajo que cuentan con la obligación de implementar todas las medidas sanitarias a partir de la publicación de los acuerdos, por lo que destacó la importancia de que se mantenga la supervisión y vigilancia de dichas medidas de manera interna mediante su Comisión de Seguridad e Higiene.

Dijo que para quienes no cumplan con lo señalado las sanciones económicas pueden ir entre $20 mil a $500 mil pesos. Hasta el momento, 24 centros de trabajo se encuentran en procedimiento administrativo sancionador por incumplimiento de las medidas y de no acceder a los exhortos realizados.

A partir del pasado 24 de marzo, la Inspección del Trabajo ha visitado más de 3 mil centros de trabajo, de los cuales cerca de 500 son pertenecientes a la industria manufacturera, quienes en su mayoría han dado cumplimiento a todos los lineamientos.

En caso de detectar cualquier irregularidad en materia de seguridad y salud en algún establecimiento,la Inspección del Trabajo de la STPS pone a disposición las líneas telefónicas (614) 429-33-00 extensión 12102 y 12137 y (656) 629-33-00 extensión 54124.

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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