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México

Vinculan a proceso a cura por homicidio calificado de Leonardo Avendaño

Un juez de Control vinculó a proceso, la tarde de este lunes, al rector de la parroquia Cristo Salvador, Francisco Javier por el delito de homicidio calificado en contra de Hugo Leonardo Avendaño, quien fue encontrado sin vida dentro de su camioneta el pasado 12 de junio en inmediaciones de la colonia Héroes de 1910, alcaldía de Tlalpan.

Los elementos considerados por el impartidor de justicia de la sala 28, fueron un seguimiento de las señales de los teléfonos celulares tanto del párroco como del diácono y estudiante, las cuales fueron ubicadas la noche del 11 de junio en el templo de Cristo Redentor, después ambos teléfonos fueron ubicados en el paraje en el que fue encontrado el cuerpo del joven y horas más tarde, a las 6:32 de la mañana del 12 de junio el sacerdote hizo una llamada telefónica desde el templo.

La audiencia a la que tuvo acceso Excélsior, se prolongó por siete horas, y la defensa de Francisco Javier fue integrada por 10 abogados de dos bufetes, incluso, la Arquidiócesis de México envió dos representantes legales que fueron rechazados por el religioso.

Los datos de prueba que presentó el Ministerio Público no son contundentes, pero como dice el abogado con la mínima presunción de culpabilidad fue suficiente para dictar esta resolución, tenemos tres días para presentar un aprecio y en su caso un amparo”, comentó Jorge Peñuñuri, abogado defensor del cura.

A pesar de que la defensa del religioso presentó dos testigos, ambas secretarias y colaboradoras de Francisco Javier, quienes señalaron que el sacerdote había perdido su teléfono celular horas previas al homicidio, el juez consideró que esto era contradictorio a las pruebas periciales que sustentaban dictámenes de geolocalización de los teléfonos.

Entregaron también, un peritaje independiente que sostenía que las tomas de las cámaras de vigilancia no eran nítidas para determinar que el religioso iba en la camioneta, pero el juez señaló que el seguimiento de los vehículos se hizo a través de nueve cámaras mediante un análisis de la Policía de Investigación.

Al final fueron determinados tres meses para la conclusión de esta investigación

Fueron nuestras periciales, las periciales en criminalista, dos testimoniales y el juez consideró que a gateo mínimo de probabilidad pudo haber cometido este delito, pero esto se va a esclarecer en los tres meses de investigación”, agregó Jorge Cuadra, abogado defensor de Francisco Javier

Como medida cautelar el juez de control envió al rector de esta iglesia al Reclusorio Varonil Oriente.

Cuando el juez emitía la resolución, el sacerdote levantó algunas veces el dedo para hacer uso de la palabra, en el momento que el juez le permitió hablar sólo dijo que quería explicar de una forma “visual” porque no había estado en el lugar de los hechos, pero eso lo habría en la siguiente etapa del proceso.

Excelsior

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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