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Vinculan a proceso a ex tesorero de Medina

El ex tesorero Rodolfo Gómez Acosta, quien participó en la pasada administración de Rodrigo Medina de la Cruz como Gobernador de la entidad, fue vinculado a proceso por tres delitos: el ejercicio indebido de funciones públicas, peculado y delitos patrimoniales, por cuales puede alcanzar hasta 12 años de prisión por cada uno.
Tras nueve horas de audiencia de este hecho histórico, el Juez Pedro Cisneros determinó una medida cautelar para evitar que viaje fuera del país por lo cual se le pidió que en un plazo de cinco días entregue su pasaporte, así como el mantener un embargo cautelar a su propiedad en San Pedro.
Se estableció que este caso se resuelva en un periodo de seis meses, fijando como fecha límite el 26 de enero de 2017.
La fiscalía argumentó que Gómez Acosta, como secretario de Finanzas, participó en el quebranto a las finanzas del estado por una cifra total de 3 mil 683 millones de pesos, al ofrecer incentivos y apoyos para el establecimiento de la armadora de autos Kia Motors, sin que ésta los solicitara.
En la audiencia la fiscalía mostró pruebas que señalaron que durante mayo, previo a la celebración del contrato, el 27 de agosto de 2014, se autorizaron montos millonarios para adquirir el terreno en el municipio de Pesquería, así como otras cantidades para arreglar este inmueble.
Indicaron que en ese mismo mes de mayo, Gómez Acosta, en su cargo como Secretario de Finanzas y como integrante del Fideicomiso de Fidecitrus, fue el responsable de autorizar los montos.
La fiscalía señaló que tan sólo para el análisis de costo-beneficio se requirió un monto por 6 millones 148 mil pesos. Además, comprobaron que durante septiembre y octubre, investigadores del Tecnológico de Monterrey realizaron un estudio de impacto para la instalación de la planta en Pesquería Nuevo León, meses posteriores a las autorizaciones a sus reuniones en mayo, cuando ya se habían autorizado montos millonarios como incentivos.
La audiencia inició ayer martes, en el Palacio de Justicia en Monterrey, a las 9:00 horas y concluyó a las 18:00 horas.
Gómez Acosta acudió acompañado por sus abogados Cristóbal Hernández Ayala y Emiliano Gámez Garza, a la sala 1 de audiencia oral.
Cabe destacar que a las 10:16 horas se presentó Ernesto Canales, Subprocurador Anticorrupción de la actual administración de gobierno, y quien impulsa la investigación. Recientemente este gobierno señaló a 30 personas, entre ellos ex funcionarios involucrados con la instalación de la armadora de autos Kia.
Al término de la sesión Gómez Acosta señaló que continuarán presentando todas sus armas legales para enfrentar este proceso al que fue vinculado.
“Ya tuvimos una primera resolución, nosotros seguiremos acudiendo a las distintas etapas que el procedimiento marca y en este sentido usaremos todas nuestras argumentaciones y armas legales que tenemos”, dijo.

El Financiero

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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