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México

Vinculan a proceso a presunto asesino de Mara, pero… por ‘plagio’

Ricardo Alexis ‘N’ fue vinculado a proceso por la privación ilegal de la libertad de Mara Fernanda Castilla Miranda, quien sufrió abuso sexual, fue asesinada y abandonado su cuerpo en un paraje de Santa María Xonacatepec.

El juez de control, Aarón Hernández Chino concedió al Ministerio Público un lapso de cuatro meses para que se lleve a cabo el complemento de la investigación, tiempo en el que el imputado permanecerá recluido como medida cautelar en Centro de Reinserción Social (Cereso) de San Miguel.

Uber ‘echó’ a presunto asesino de Mara por mal comportamiento

Por la mañana, en entrevista con Ciro Gómez Leyva, fiscal general de Puebla, Víctor Carrancá, adelantó que se procedería con todo el peso de la ley en el caso que se sigue en contra de quien fuera el chofer de Cabify que conducía el vehículo en que desapareció la joven y posteriormente se le encontró muerta.

«Tenemos el delito de feminicidio con toda claridad: obviamente la agresión sexual, la violación, la privación de la libertad. Vamos a proceder con todo el peso de la ley», sentenció.

Sobre las pruebas en contra del acusado, mencionó: «Tenemos perfectamente claro todo el movimiento que hizo el día 8, desde que llega a casa de María Fernanda».

Reiteró que con base en las imágenes captadas por las cámaras de seguridad, se tiene claro que la joven jamás descendió de la unidad, y que abandonó el lugar.

Se cuentas con datos de ingreso a una tienda Oxxo, donde realizó algunas compras, «después se introduce al hotel, pero ahí, por alguna razón, él cancela esa aplicación que genera la ubicación de su celular».

Momentos después se tienen registros de la señal del celular de Alexis… «el ingreso al hotel lo tenemos registrado a las 06:00 de la mañana, la salida del hotel la tenemos registrada a las 08:15. Esa señal de antena que nos permite ubicar el cuerpo la tenemos a las 09:07».

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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