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México

Vincularon a proceso a la jueza Angélica Sánchez. Se queda en prisión.

Angélica Sánchez volvió a pisar la sala de juicios de Veracruz luego que el pasado 15 de junio se cumplimentó en Ciudad de México (CDMX) su reaprehensión por conducto de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Veracruz.

Tras una larga audiencia privada en la que se desahogaron las pruebas que presentó la Fiscalía veracruzana, el juez de control Roberto Sánchez Maldonado vinculó a proceso por los delitos contra la fe pública y tráfico de influencias a la jueza Sánchez Hernández y ratificó la medida de prisión preventiva de un año.

“El juez de control determinó la vinculación a proceso de la jueza por los delitos contra la fe pública y tráfico de influencias y estableció un plazo de tres meses para la investigación complementaria, sin abrir debate sobre la medida cautelar de prisión preventiva”, explicó el Instituto Federa de Defensoría Pública.

El IFDP dio a conocer que vincularon a proceso a la jueza Angélica Sánchez (Twitter/@defensoriaifdp)
El IFDP dio a conocer que vincularon a proceso a la jueza Angélica Sánchez (Twitter/@defensoriaifdp)

La magistrada oriunda del estado gobernado por Cuitláhuac García acudió a la sala de juicios orales de Pancho Viejo, en el municipio de Coatepec, acompañada de representantes de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y del Instituto Federal de Defensoría Pública Federal (IFDP).

“No existe impedimento para que puedan comparecer y se sumen a la estrategia de defensa”, señaló el abogado Ricardo Aguilar respecto a la participación de la IFDP, mientras que personal de la ONU actuará meramente como observador debido a las irregularidades del proceso.

El juez de control no permitió la representación de la IFDP (Twitter/@defensoriaifdp)
El juez de control no permitió la representación de la IFDP (Twitter/@defensoriaifdp)

El juez no permitió el ingreso de medios de comunicación a la sesión. Ante ello, es que queda en completa incertidumbre el avance del juicio que podría o no derivar en una vinculación a proceso contra Sánchez por los presuntos delitos en agravio de la fe pública y tráfico de influencias.

Previo al inicio de la sesión, la defensa declaró a la prensa presente que, además de la no vinculación, también buscarán que se varíe la medida cautelar de prisión preventiva que se le dictó a inicio de junio del 2023.

A ello, cabe recordar que el IFDP adelantó en un comunicado del pasado 16 de junio que de ser dictada la vinculación a proceso, se buscará que la imputada lo pueda seguir en libertad; no obstante, la defensoría pública dio a conocer que este miércoles el juez de control negó su representación y observación en el caso, acusando de una medida restrictiva al derecho de una defensa adecuada.

“Después de debatir por casi 2 horas, el juez de control negó la representación y observación del IFDP ante la solicitud que realizó la jueza Angélica Sánchez Hernández, pese a las múltiples violaciones a sus derechos humanos que se han presentado durante este proceso judicial”, se pudo leer.

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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