Angélica Sánchez volvió a pisar la sala de juicios de Veracruz luego que el pasado 15 de junio se cumplimentó en Ciudad de México (CDMX) su reaprehensión por conducto de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Veracruz.
Tras una larga audiencia privada en la que se desahogaron las pruebas que presentó la Fiscalía veracruzana, el juez de control Roberto Sánchez Maldonado vinculó a proceso por los delitos contra la fe pública y tráfico de influencias a la jueza Sánchez Hernández y ratificó la medida de prisión preventiva de un año.
“El juez de control determinó la vinculación a proceso de la jueza por los delitos contra la fe pública y tráfico de influencias y estableció un plazo de tres meses para la investigación complementaria, sin abrir debate sobre la medida cautelar de prisión preventiva”, explicó el Instituto Federa de Defensoría Pública.
El IFDP dio a conocer que vincularon a proceso a la jueza Angélica Sánchez (Twitter/@defensoriaifdp)
La magistrada oriunda del estado gobernado por Cuitláhuac García acudió a la sala de juicios orales de Pancho Viejo, en el municipio de Coatepec, acompañada de representantes de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y del Instituto Federal de Defensoría Pública Federal (IFDP).
“No existe impedimento para que puedan comparecer y se sumen a la estrategia de defensa”, señaló el abogado Ricardo Aguilar respecto a la participación de la IFDP, mientras que personal de la ONU actuará meramente como observador debido a las irregularidades del proceso.
El juez de control no permitió la representación de la IFDP (Twitter/@defensoriaifdp)
El juez no permitió el ingreso de medios de comunicación a la sesión. Ante ello, es que queda en completa incertidumbre el avance del juicio que podría o no derivar en una vinculación a proceso contra Sánchez por los presuntos delitos en agravio de la fe pública y tráfico de influencias.
Previo al inicio de la sesión, la defensa declaró a la prensa presente que, además de la no vinculación, también buscarán que se varíe la medida cautelar de prisión preventiva que se le dictó a inicio de junio del 2023.
A ello, cabe recordar que el IFDP adelantó en un comunicado del pasado 16 de junio que de ser dictada la vinculación a proceso, se buscará que la imputada lo pueda seguir en libertad; no obstante, la defensoría pública dio a conocer que este miércoles el juez de control negó su representación y observación en el caso, acusando de una medida restrictiva al derecho de una defensa adecuada.
“Después de debatir por casi 2 horas, el juez de control negó la representación y observación del IFDP ante la solicitud que realizó la jueza Angélica Sánchez Hernández, pese a las múltiples violaciones a sus derechos humanos que se han presentado durante este proceso judicial”, se pudo leer.
México y Estados Unidos acordaron profundizar y agilizar el intercambio de información en materia de tráfico de armas, así como fortalecer la cooperación para combatir el robo de combustible y otros delitos transnacionales, tras la segunda reunión del Grupo de Implementación en Seguridad México-Estados Unidos.
La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que el encuentro se realizó el pasado 11 de diciembre como parte del seguimiento al Programa de Cooperación sobre Seguridad Fronteriza y Aplicación de la Ley, mecanismo acordado por ambos países para atender de manera coordinada temas prioritarios en materia de seguridad. En la reunión participaron el encargado de despacho de la cancillería mexicana, Roberto Velasco, y el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, junto con funcionarios de ambos gobiernos.
Durante la sesión se revisaron los avances alcanzados desde la reunión previa celebrada en McAllen, Texas, donde se había puesto énfasis en el combate al tráfico de armas. En esta ocasión, además, se analizaron desafíos emergentes para la seguridad regional, particularmente el uso de drones por parte de organizaciones criminales.
Como parte de los acuerdos, ambas naciones determinaron dar continuidad a las acciones de incautación de armamento y municiones, así como reforzar el intercambio de información para identificar y desarticular redes dedicadas al tráfico ilegal de armas. También se estableció fortalecer la cooperación en materia de extradiciones y las investigaciones relacionadas con el robo de combustibles, con el objetivo de maximizar el impacto de las acciones coordinadas antes de la próxima reunión, prevista para enero de 2026.
La SRE precisó que durante el encuentro se reiteró que la cooperación bilateral en seguridad se rige por los principios de respeto a la soberanía y a la integridad territorial de ambos países, bajo un enfoque de responsabilidad compartida y sin subordinación. Indicó que el intercambio de información, la coordinación operativa y el diálogo permanente deben traducirse en mejores condiciones de seguridad para las poblaciones de México y Estados Unidos.
Por su parte, el Departamento de Estado de Estados Unidos señaló que, como parte de esta cooperación, se han emprendido acciones contra instituciones financieras y personas involucradas en la fabricación, distribución y venta de fentanilo y precursores químicos. Asimismo, informó que ambos países se comprometieron a acelerar los esfuerzos conjuntos para desmantelar cárteles y grupos delictivos, interrumpir fuentes de ingresos ilícitos y contrarrestar amenazas emergentes, incluido el uso de drones en la frontera.
Las autoridades de ambos países confirmaron que continuarán los trabajos bilaterales y que el diálogo en materia de seguridad se mantendrá de forma permanente.