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Violencia económica: un abuso silencioso más allá de los golpes e insultos

Las violencias física, psicológica o sexual en la pareja son algunas de las más conocidas, sin embargo, existe una clase de violencia que es silenciosa, que no implica golpes o insultos, pero es una de las formas más comunes de someter y generar dependencia en la otra parte; se trata de la violencia económica.
“Es toda acción u omisión del Agresor que afecta la supervivencia económica de la víctima. Se manifiesta a través de limitaciones encaminadas a controlar el ingreso de sus percepciones económicas”, así define la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia a esta clase de violencia.
¿Cómo detectarla?
Prohibir que una de las partes trabaje, apropiarse y administrar el sueldo del otro, no contar con acceso a las cuentas bancarias o tener que dar explicaciones de todo lo que se gasta, son algunos de los síntomas de la violencia económica. Normalmente se da en las siguientes situaciones:
1.- Se presenta cuando una de las partes aporta el cien por ciento del gasto familiar, mientras que la otra parte desempeña trabajo en el hogar. La parte agresora controla y supervisa los gastos, además que puede amenazar a su pareja de echarla de la casa o quitarle la custodia de los hijos, lo que genera dependencia y necesidad.
2.- Otro caso es cuando una de las partes trabaja y percibe un ingreso, pero la pareja se las arregla para quedarse y administrar el sueldo del otro, en ocasiones, literalmente, sustrae el dinero del otro y en algunos casos utiliza chantajes y engaños para hacerse de los recursos.
3.- La violencia económica se puede dar también en el divorcio, cuando una de las partes se niega a dar la pensión alimenticia o la ofrece con base en chantajes, principalmente, relacionados a la custodia de los hijos.
Aunque la violencia económica puede afectar a hombres y mujeres, son ellas las más perjudicadas, pues a nivel nacional el 36 por ciento de las mujeres han manifestado haber recibido reclamos por la manera en que gastan el dinero, según cifras de la última encuesta sobre Dinámicas de las Relaciones en los Hogares del INEGI.
En la misma medición, el 24.8 de las mujeres respondió que su pareja les prohibió trabajar o estudiar, además que el 21.9 por ciento señaló que aunque sus cónyuges tienen dinero, no les brindan el suficiente para cubrir sus necesidades básicas.
Sin embargo, lo más preocupante de esta clase de violencia es que cuenta con el aval de un grupo importante de mujeres casadas o unidas, pues el 24. 7 por ciento de las encuestadas afirmó que la esposa debe obedecer a su esposo o pareja en todo lo que ordene, mientras que el 66 por ciento contestó que el hombre debe responsabilizarse de los gastos de la casa.
La violencia económica se da en un contexto de relaciones históricas desiguales de poder entre hombres y mujeres, las cuales han servido como caldo de cultivo para reproducir la violación de derechos, según explica el Instituto Nacional de la Mujeres (Inmujeres).
“El empoderamiento económico de las mujeres, es una herramienta clave para salir de la pobreza y la espiral de la espiral de discriminación y violencia en que se encuentran inmersas muchas de ellas. Cuando las mujeres alcanzan la autonomía económica no sólo se benefician ellas mismas, sus familias o comunidades, sino al país entero”, señala el Instituto.

Fuente: Reporte Índigo

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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