Ochenta personas han muerto en el estado central de Benue en Nigeria desde el 31 de diciembre en disturbios entre agricultores y ganaderos, indicó un portavoz de los servicios de socorro este martes.
La violencia entre pastores en su mayoría musulmanes y agricultores cristianos se intensificó tras el Año Nuevo, en particular debido a una nueva ley que prohíbe a los ganaderos nómadas desplazarse en el interior del estado.
También se registraron ataques en represalia similares en otros estados del centro de Nigeria, dividiendo a sus habitantes en base a religiones y etnias y haciendo evidente que el gobierno federal no logra atajar la violencia.
«Ochenta es el número que podemos mencionar por ahora; los ataques no cesan», dijo por teléfono Emmanuel Shior, secretario ejecutivo de los servicios de socorro de Benue (SEMA).
Según Shior, los ataques provocaron el desplazamiento de decenas de miles de personas en las regiones de Guma y Logo. Estas personas se encuentran ahora en cuatro campos de desplazados.
«Ahora el número es de 80 mil porque los asesinatos han continuado y algunas personas de otros estados se apresuran a venir a Benue», agregó. «Sospechamos que estas personas reaccionan contra la prohibición de hacer pastar (al ganado) aplicada por el gobernador del estado», prosiguió.
Esta medida busca alentar a los pastores, que pertenecen a la etnia Fulani, para que dejen la vida nómada y se instalen en granjas. Esto debería, en teoría, evitar los sangrientos conflictos con los agricultores.
El centro de estudios International Crisis Group había advertido en septiembre que los conflictos agrarios se están convirtiendo en «potencialmente tan peligrosos como la insurreción de Boko Haram en el noreste» de Nigeria.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que firmará una orden ejecutiva para imponer un arancel global del 10% durante 150 días, luego de que la Corte Suprema anulara los gravámenes generalizados que su administración había implementado desde su regreso a la presidencia.
La medida se ampara en la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974, que faculta al mandatario a imponer restricciones temporales de importación de hasta el 15% ante situaciones de «problemas graves y significativos» de balanza de pagos, sin requerir investigaciones adicionales. Trump precisó que estos nuevos aranceles se sumarán a los ya vigentes.
El anuncio llegó horas después de que el máximo tribunal del país determinara, por seis votos contra tres, que la administración sobrepasó sus atribuciones al aplicar aranceles globales bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) de 1977. El fallo establece que la Constitución reserva ese tipo de potestad al Congreso, no al Ejecutivo.
Trump calificó la sentencia de «profundamente decepcionante» y señaló sentirse «absolutamente avergonzado» por la decisión de los magistrados que votaron en su contra. Sugirió que el tribunal fue influenciado por «intereses extranjeros» y agradeció explícitamente a los jueces Samuel Alito, Clarence Thomas y Brett Kavanaugh, quienes votaron en disenso.
Entre las medidas afectadas por el fallo se encuentran la tarifa base del 10% a las importaciones, los gravámenes recíprocos contra socios comerciales, los aranceles adicionales del 25% a México y Canadá vinculados al control del tráfico de drogas, la eliminación de la exención para envíos de bajo valor con impacto en comercio electrónico, y aumentos de hasta el 50% sobre productos de Brasil e India. Según Trump, el dictamen podría obligar al gobierno a reembolsar hasta 240,000 millones de dólares recaudados mediante los gravámenes anulados.
El mandatario informó además que su gobierno ha iniciado investigaciones sobre prácticas comerciales desleales bajo el Artículo 301, aunque este tipo de procesos suele requerir varios meses para concluirse. Trump reiteró que su administración continuará explorando todas las herramientas legales disponibles para proteger la economía estadounidense.