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México

«Vivo un infierno, me están matando», pide Padrés intervención a AMLO

Guillermo Padrés Elías, ex Gobernador de Sonora, dijo que vive un infierno en prisión y le pidió ayuda a Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México.

“Señor Presidente, estoy seguro que usted no permitirá las viejas prácticas del PRI. Elevo la voz porque estoy seguro de que usted no permitirá que los que quedan del viejo sistema me sigan amenazando. No permitirá que me sigan matando día a día. Elevo la voz para pedirle que me ayude. Señor Presidente, le pido que me ayude y que me den mi libertad”, dijo en una grabación que su familia entregó a Ciro Gómez Leyva.

Padres dijo que se le acusó de delitos que no cometió y que negaron su derecho a un debido proceso. “Yo decidí enfrentar las acusaciones, sin evadir la justicia, confiado plenamente en el sistema judicial”, aseguró.

“Denuncio que me han negado mi derecho a un juicio imparcial. Soy un preso político. Vivo en el infierno en el que me tienen. Han acusado a mi familia y encarcelaron a mi hijo por más de 9 meses para presionarme a que yo acepte delitos que no cometí, y lo hicieron sin ninguna prueba. Querían que yo me implicara en delitos que no cometí. Presionaron y siguen presionando los jueces para que se me nieguen mis derechos, ya que hace más de un año he solicitado mi cambio de medida cautelar y me la siguen negando, aún cumpliendo con todo lo que marca la ley”, señaló.

La PGR de EPN habría guardado el expediente contra Ricardo Anaya dos días antes de acabar el sexenio
Más temprano, el Partido Acción Nacional (PAN) señaló que a Javier Duarte de Ochoa, César Duarte Jáquez, Roberto Borge Angulo, ex gobernadores priistas, no se les trató igual que a Guillermo Padrés Elías, investigado por el delito de lavado de dinero.

“El Juez afecta los derechos de Guillermo Padrés al negarle la posibilidad de continuar su proceso en libertad, que es un beneficio establecido por la Ley. La justicia debe ser pronta y expedita para todos, la presunción de inocencia es un derecho constitucional”, dijo el vocero Fernando Herrera Ávila.

Añadió que el ex Gobernador de Sonora ya tiene colocado un brazalete, con lo que se cumple el postulado constitucional de que el acusado pueda presentarse ante el Juez las veces que sean necesarias.

Dijo que el Juez debe tomar en cuenta que Guillermo Padrés se presentó voluntariamente ante la autoridad, a fin responder sobre las acusaciones que se habían presentado en su contra, elemento que consideramos que debe ser considerado por el poder Judicial.

“Lleva dos años en prisión y siguen sin acreditarse los señalamientos en su contra”, indicó.

A los ex gobernadores de Veracruz, Chihuahua o Quintana Roo no los trataron como a Padrés, dice el PAN
Herrera Ávila señaló que existe una importante diferencia con el trato que han recibido otros ex gobernadores, como los de Veracruz, Chihuahua o Quintana Roo, que incluso lograron evadirse de la acción de la justicia.

“Acción Nacional siempre será vigilante del cumplimiento de la Ley y de la protección de los derechos humanos, por ello consideramos que en este caso el Juez está actuando en contra de los principios de legalidad y proporcionalidad y por tanto se debe resolver a favor de que Guillermo Padrés continúe su proceso en libertad”, concluyó el vocero.

Guillermo Padrés podrá continuar su proceso por presunto lavado de dinero en libertad, luego de que un juez federal le sustituyera la prisión preventiva por cuatro medidas cautelares, entre las que se encuentra, el pago de una garantía de 40 millones de pesos.

De acuerdo con información publicada por medios nacionales, Juan Miguel Ortiz Marmolejo, Juez Séptimo de Distrito en Procesos Penales de Toluca, determinó la posibilidad de que el ex funcionario pueda regresar a casa si además de la garantía económica, cumple con presentarse de forma periódica cada 15 días ante el juzgado federal que lleva su caso. Asimismo, tiene prohibido salir del país sin autorización y la obligación de portar un localizador electrónico.

El pasado 17 de agosto, Padrés Elías obtuvo la libertad por el delito que enfrenta de defraudación fiscal, a cambio del pago de una garantía de 100 millones de pesos, no podrá salir del país y deberá presentarse al juzgado para firmar cada semana en el libro de procesados.

Fuente: SinEmbargo

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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