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Volar un dron sin licencia te podría costar hasta 400 mil pesos

A partir de diciembre de 2018, con la publicación de la normatividad sobre vuelo en el Diario Oficial de la Federación, volar drones sin licencia podría costar hasta 403 mil pesos de multa.

Actualmente existe una norma en el país sobre el uso de drones por parte de la Dirección General de Aeronáutica Civil, de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que determina la reglamentación a seguir para pilotar naves no tripuladas, sin embargo, hasta el momento las infracciones a esta norma son sólo de carácter civil.

En entrevista con Notimex, el director de proyectos de Amacuzac, Luis Salazar, señaló que dicha dirección sigue los reglamentos internacionales establecidos por la Organización de Aviación Civil Internacional, la cual establece la necesidad de una licencia para volar una nave no tripulada, así como la obligatoriedad de la misma a partir de diciembre.

“La necesidad de licencia para tripular drones está vigente, pero la Ley de Aviación Civil, establece en el transitorio II que se deben de modificar en diciembre todas las regulaciones en materia de drones, es cuando entrarán en vigor todo el peso de las multas”, señaló.

La multa, destacó, es porque no tener conocimiento de los riesgos puede costar la vida a pasajeros en naves tripuladas.

La DGAC considera que la responsabilidad del piloto de drones es equiparable con la responsabilidad que tienen los demás pilotos, esto debido a que el espacio que ocupan es común al de las naves tripuladas y, en ocasiones, la presencia de un objeto de determinado peso puede poner en peligro la estabilidad de algún vuelo o de las personas que se encuentran bajo las aeronaves.

El uso de drones se extiende en México, se comercializan con facilidad en tiendas especializadas, y por lo general se adquieren con fines recreativos, pero la adquisición de estas aeronaves no incluye la licencia o el conocimiento de la reglamentación que debe seguir.

De acuerdo con el directivo, el vuelo de naves no tripuladas es un asunto que debe tomarse seriamente, ya que la presencia de estas naves puede afectar el desempeño de otras, por lo que la regulación que se publicará en diciembre en el Diario Oficial de la Federación debe considerarse como un logro para la seguridad en los vuelos.

“Saber tripular un drone es importante porque vamos a ocupar un mismo espacio aéreo donde están aeronaves tripuladas, entonces si no sabemos por ejemplo que estamos en un área de aproximación de vuelos, podemos meter en problemas a un avión, lo que queremos saber es dónde está permitido volar, dónde no está permitido volar”, dijo.

Luis Salazar indicó que aunque todavía no es claro si las naves con un peso inferior a los dos kilogramos también entrarán en la regulación, en la DGAC sí se tiene contemplada la necesidad de un permiso y de regulación para las naves que se comercializan en centros comerciales y páginas de internet.

“No está claro todavía, pero a la tendencia a nivel mundial es bajar de dos kilogramos a 250 gramos para requerir una licencia”, dijo.

Los pilotos de drones deben considerar que los riesgos en el vuelo descuidado de los mismos pueden ser mayores a los que se muestran en algunos tutoriales de YouTube.

Considerando los diversos usos que se puede dar a las naves no tripuladas en el futuro, es importante que la regulación que entrará en vigor a partir de diciembre sea tomada en serio, ya que al saber aprovechar este tipo de tecnologías en campos como el de trasporte de mercancía o la agricultura la presencia de drones en el espacio aéreo crecerá.

Para obtener la licencia para vuelo de dron, es necesario tomar un curso de vuelo en una escuela certificada, ser mexicano de nacimiento, tener más de 18 años, contar con cartilla de servicio militar liberada, haber terminado la preparatoria, y tener buen estado de salud, ya que para obtener el documento es necesario pasar un examen médico aeronáutico que es muy estricto, señaló el directivo.

Con la entrada en vigor de la normatividad para el vuelo de las aeronaves no tripuladas, se espera que se despierte el interés del público por regularizar sus incursiones aéreas y por aprender más de esta tecnología que bien aprovechada podrá reducir costos y optimizar procesos en diversas industrias.

Opinión

La usurpación médica: Un riesgo letal. Por: Sigrid Moctezuma

El reciente escándalo en torno a Marilyn Cote, quien se hizo pasar por psiquiatra en Puebla, ha encendido las alarmas sobre un tema crítico y subestimado: la usurpación de profesiones médicas. Cote, una abogada con títulos en Derecho y Criminalística, afirmaba falsamente ser egresada de universidades de renombre como Harvard y Oslo, y logró engañar a pacientes durante meses, ejerciendo funciones médicas y prescribiendo medicamentos sin tener la preparación adecuada. La psiquiatra Romina Delgado, junto con otras cuentas de activismo médico, fue quien sacó a la luz la verdad, revelando un modus operandi que, en pleno siglo XXI, debería ser absolutamente imposible en un sistema de salud eficaz.

Pero este caso no es solo un incidente aislado; es un reflejo de problemas estructurales en la supervisión médica de México. El modus operandi de Cote no fue el de una persona ocasionalmente desinformada, sino el de una impostora que operaba con conocimiento y astucia, y lograba convencer a sus pacientes de que estaba cualificada para prescribir tratamientos y medicar a personas vulnerables. Las consecuencias de este tipo de fraude son catastróficas, como se evidenció cuando se descubrió que la impostora estaba administrando infusiones de ketamina sin ninguna formación en psiquiatría. Este tipo de prácticas fraudulentas, llevadas a cabo sin las licencias ni la capacitación correspondiente, puede tener efectos devastadores: complicaciones físicas graves, daños psicológicos irreversibles, y un sinnúmero de consecuencias que, al tratarse de la salud de las personas, no deben ser tomadas a la ligera.

Los tratamientos no solo se limitan a la prescripción incorrecta de medicamentos. La administración de sustancias como la ketamina, utilizada para el tratamiento de trastornos psiquiátricos, requiere de una preparación rigurosa para evitar daños potenciales. Sin un conocimiento profundo sobre las dosis, los efectos secundarios y las interacciones con otros medicamentos, estos procedimientos pueden ser peligrosos, a veces con resultados fatales. Las prácticas fraudulentas, si no se abordan con urgencia, representan una amenaza tangible que puede costar vidas. No solo se expone a los pacientes a un riesgo inmediato, sino que también se mina la confianza en el sistema médico en general, creando un ambiente de desconfianza que afecta incluso a los profesionales legítimos.

La mala praxis no es un concepto abstracto; es un peligro constante que puede tener consecuencias irreparables. Cuando un impostor médico tiene en sus manos la responsabilidad de la salud de alguien, las líneas entre la negligencia y el crimen se vuelven borrosas. Sin embargo, en México, casos como el de Cote demuestran que las barreras para proteger a los ciudadanos son aún deficientes y porosas. El hecho de que Cote haya operado durante tanto tiempo sin ser detectada revela serias deficiencias en los mecanismos de control que deberían existir para proteger a los pacientes.

Este caso debería servir como una llamada de atención sobre la importancia de fortalecer los mecanismos de verificación de credenciales y las auditorías a las prácticas médicas. Las sanciones a los usurpadores deben ser ejemplares y adecuadas al daño potencial o real que causan, pero no basta con castigar después del hecho. Es necesario un enfoque más preventivo que incluya la creación de sistemas de monitoreo más estrictos. De igual manera, la revisión de las prácticas en clínicas privadas y consultorios es indispensable, pues es ahí donde, muchas veces, los pacientes son más vulnerables.

El caso de Marilyn Cote ha destapado una realidad que debería avergonzarnos y motivarnos al mismo tiempo. El sistema de salud necesita reformas urgentes que también creen una red de apoyo a los pacientes.

En última instancia, los riesgos de la usurpación médica no solo amenazan a las personas directamente afectadas; son un problema de salud pública que debe recibir la atención y los recursos necesarios para garantizar que ningún impostor vuelva a tener la oportunidad de jugar con la vida de los demás. La tragedia de casos como el de Marilyn Cote debe ser un recordatorio de que la salud de los mexicanos es un derecho que debe ser protegido con los más altos estándares de cuidado y responsabilidad.

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