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México

Votarán diputados por desafuero de Mauricio Toledo y Saúl Huerta

Los casos de desafuero en la Cámara de Diputados avanzan, pues la Sección Instructora convocó a una reunión para discutir y votar sobre un par de dictámenes.

Los casos de desafuero que se pondrán a discusión, de acuerdo con el diario Milenio, son los de Benjamín Saúl Huerta del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), así como el de Mauricio Toledo del Partido del Trabajo (PT).

Ambos proyectos buscarán retirar el fuero a los políticos para que puedan ser juzgados por la Fiscalía General de Justicia de la CDMX (FGJCDMX) por las acusaciones de abuso sexual y enriquecimiento ilícito respectivamente, informó el periodista Fernando Damián.

Dicha reunión tendrá lugar a las 17:00 horas del miércoles 30 de junio de 2021, en modalidad telemática, de acuerdo con la información brindada por el presidente de la Sección Instructora, Pablo Gómez, al medio.

Además, especificaron que de aprobarse dichos proyectos, se deberá turnarlos a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, quienes convocarán al pleno para discutir y votar al siguiente día de recibidos.

Mauricio Toledo
FOTO: GALO CAÑAS /CUARTOSCURO.COMMauricio Toledo FOTO: GALO CAÑAS /CUARTOSCURO.COM

El caso de Mauricio Toledo

En mayo de 2021, se iniciaron investigaciones desde la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en contra el diputado del Partido del Trabajo por presunto enriquecimiento ilícito, reveló el diario Milenio.

De acuerdo con la información de la dependencia comandada por Santiago Nieto, se detectó una presunta red de prestanombres alrededor del funcionario con el objetivo de adquirir tres propiedades en la capital, aseguró la periodista Jannet López Ponce.

Dichos inmuebles tienen un valor de hasta 35 millones de pesos y se ubican en la alcaldía de Coyoacán, en la Ciudad de México, donde fungió como jefe delegacional.

Pero no fue el único, pues la investigación arrojó que su madre, Clementina Rosa Gutiérrez, compró una casa en la misma alcaldía por tres millones de pesos, mientras que su padre, Nelson Asdrúbal Toledo Gálvez compró un terreno por dos millones.

Lo anterior, se habría realizado a través de una supuesta red de prestanombres, en la que habría participado, además, Simon Sarkis Nehme Kuri, con quien compró, además de los departamentos, una casa.

Esta supuesta red, indicó el medio de comunicación, estaría también conformada por Jesús Sánchez Pita, Silvia Verónica Inzunza Gastelum, Francisco Mendoza Esparza, quienes habrían comprado y vendido casas o terrenos en Álvaro Obregón, Benito Juárez, Cuauhtémoc y Coyoacán.

Saúl Huerta (Foto: Cortesía Cámara de Diputados)Saúl Huerta (Foto: Cortesía Cámara de Diputados)

El caso de Saúl Huerta

Un joven identificado como Raúl “N” acusó al legislador de haber abusado de él cuando tenía 16 años, mientras realizaba su campaña para ser legislador federal.

Otro joven de 16 años también dio a conocer su testimonio, sin embargo, en su caso, aseguró que el político le ofreció apoyo para una beca escolar para después agredirlo también en un baño de vapor.

La gota que derramó el vaso fue la detención de Saúl Huerta el pasado 21 de abril en un hotel de la Ciudad de México, cuando un menor de 15 años acusó al diputado de tocarlo e intentar abusar de él. Sin embargo, este solo estuvo detenido un par de horas, pues contaba con un fuero constitucional que impedía su arresto.

Morena, el partido de la mayoría en el Congreso, decidió retirar de su bancada al diputado Huerta. Un día más tarde, el partido suspendió los derechos partidistas del funcionario público.

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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