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México

Con voto secreto, el Senado elige al nuevo titular de la Fepade

Héctor Marcos Díaz-Santana Castaños fue elegido como nuevo titular de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (Fepade), en sustitución de Santiago Nieto Castillo, quien fue destituido.

Con 93 votos a favor y siete abstenciones el Senado eligió a Díaz Castaños, quien de inmediato rindió protesta ante el pleno.
La votación del nuevo fiscal se hizo por cédula, lo que permite votar en secreto a los legisladores. Santiago Nieto fue elegido con votación pública, en tablero.

El nuevo fiscal electoral fue coordinador de asesores durante la gestión de María de los Ángeles Fromow al frente de la Fepade, y quedó entre los finalistas del proceso que se desarrolló hace unos tres años en el que fue electo Santiago Nieto Castillo como fiscal.

El pasado 20 de octubre, Alberto Elías Beltrán, titular interino de la PGR removió a Nieto como fiscal electoral con el argumento de que había violado el código de ética de la institución al revelar datos a un medio de comunicación sobre la investigación que seguía al extitular de Pemex, Emilio Lozoya, por supuestos sobornos de recibidos de la empresa brasileña Odebrecht.

El 23 de octubre, Nieto denunció presuntas irregularidades en su remoción como fiscal electoral y pidió en un carta la intervención del Senado de la República para objetar su destitución.

El Senado acordó citar en el pleno al exfiscal electoral y Alberto Elías Beltrán para que dieran sus argumentos sobre la remoción del primero. Después los senadores votarían si regresaba o no a la fiscalía. Sin embargo, el 27 de octubre Santiago Nieto, retiró su objeción a la remoción como titular de la Fepade. En una carta dijo que ya no había condiciones para su regreso a la Fiscalía.

Quién es el nuevo fiscal
Es licenciado en Derecho, Universidad de Guadalajara; doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid; posgrado en Ciencia Política en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales de España y posgrado en Técnicas de investigación Social en el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), Argentina.

En su labor académica ha desarrollado proyectos y asesorías para instituciones públicas y privadas, nacionales e internacionales. En México para el entonces Instituto Federal Electoral (IFE), el TEPJF, la Fepade, el Conacyt, la Presidencia de la República, OEA, PNUD y la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas (FIIAPP).

Colaboró como consultor externo en diversos procesos de reforma electoral en varios estados del país y en el extranjero, entre ellos: Chile y República Dominicana.

En su comparecencia previa ante la Comisión de Justicia, Héctor Marcos Díaz-Santana Castaños expuso que las nuevas expectativas de dicha instancia son ajustarse al nuevo marco legal, hacer eficiente la procuración de justicia, trabajar en la prevención del delito y fortalecer las acciones de blindaje electoral.

Dijo que recibir dinero de la delincuencia organizada debería considerarse como un delito grave, ya que fractura las condiciones de la competencia política y la democracia representativa del país.

Recalcó que con autonomía de normatividad y de ejercicio la Fepade podría responder a la demanda social e impedir que sus resoluciones estén sesgadas por una dependencia o por alguna autoridad.

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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