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WeWork se declara en bancarrota

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La empresa de coworking solicita la protección de bancarrota en Estados Unidos para poder reestructurar sus pasivos.

La solicitud presentada por la empresa ante las autoridades dice que sus pasivos ascienden a 18,656 millones de dólares (mdd), mientras que sus activos valen 15,063 mdd.

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WeWork fue fundada en 2010 por Adam Neumann y Miguel McKelvey, quienes estuvieron a cargo de la empresa hasta 2020, luego de que se dieran a conocer los detalles de la vida de los Neuman y ese mismo año fura revocado de la junta directiva, mientras que SoftBank adquirió el 80% de la propiedad de la empresa.

Los títulos de WeWork en Wall Street cotizaron en 1.05 dólares, un nuevo mínimo histórico con una caída diaria de 54%.

La principal ganancia de esta empresa provenía de las rentas que cobraban por ocupar los espacios, donde los principales atractivos, además de conocer a otras personas de diferentes campos, eran las áreas comunes que compartían, pues en realidad no parecían oficinas, sino grandes salas de juegos.

Durante sus primeros años de existencia, el concepto llamó tanto la atención hasta el punto de conseguir una valoración de 4,600 millones de dólares para el 2014, cifra que atrajo a grandes inversionistas, como JP Morgan Chase o incluso a Masayoshi Son, fundador y director ejecutivo de Softbank.

La pandemia causó problemas, ya que muchas empresas terminaron abruptamente sus contratos de arrendamiento y la crisis económica que siguió llevó a que aún más clientes cerraran sus puertas.

En septiembre de este año, la compañía dijo que había estado renegociando activamente los arrendamientos y que estaba “aquí para quedarse”. Tenía cerca de 16 mil millones de dólares en obligaciones de arrendamiento a largo plazo, según documentos presentados ante el regulador .

Dinero

EE.UU. impone arancel de 10% a México por política sobre trabajo forzoso

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Estados Unidos anunció una nueva ronda de aranceles para 60 economías, entre ellas México, al que aplicará un gravamen de 10 por ciento por considerar que no prohíbe o no hace cumplir de manera efectiva la importación de bienes elaborados con trabajo forzoso.

La medida fue dada a conocer por la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR), que explicó que la decisión deriva de una investigación realizada bajo la Sección 301, iniciada el 12 de marzo de 2026 por instrucción del presidente Donald Trump. El proceso incluyó dos rondas de audiencias públicas, consultas con más de 45 gobiernos y el análisis de más de 2 mil 100 comentarios.

México forma parte del grupo de países sujetos a un arancel de 10 por ciento, junto con Argentina, Bangladesh, Camboya, Canadá, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, India, Indonesia, Jordania, Malasia, Pakistán, Sri Lanka, Trinidad y Tobago y el Reino Unido.

De acuerdo con la USTR, esta categoría corresponde a economías que ya cuentan con una prohibición para importar productos elaborados con trabajo forzoso, que asumieron el compromiso de establecerla mediante un Acuerdo sobre Comercio Recíproco o que aplican mecanismos parciales para impedir la entrada de este tipo de mercancías.

La resolución también establece un esquema de tres niveles de sanciones. Para el resto de las economías investigadas se fijó un arancel de 12.5 por ciento, mientras que determinados productos procedentes de la Unión Europea, Taiwán, Japón, Corea del Sur y Suiza enfrentarán tasas de 10 o 12.5 por ciento, descontando la tarifa de Nación Más Favorecida cuando corresponda.

El representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, señaló que la decisión responde a la conclusión emitida el pasado 2 de junio, en la que la USTR determinó que las políticas de las 60 economías investigadas obstaculizan o restringen el comercio estadounidense. Agregó que la administración de Donald Trump considera necesario reforzar las medidas contra el trabajo forzoso en las cadenas globales de suministro.

Por su parte, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, afirmó que la resolución no modifica el arancel efectivo que actualmente paga México, ya que más del 80 por ciento de las exportaciones nacionales permanece exento al cumplir con las reglas de origen del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

El funcionario explicó que el gravamen de 10 por ciento para las exportaciones que no cumplen con el T-MEC se mantiene, aunque ahora cambia su fundamento legal al pasar de la Sección 122 a la Sección 301. Añadió que el Gobierno de México continúa las conversaciones con el representante comercial estadounidense para acercar posiciones en materia comercial.

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que este jueves sostuvo una reunión con Jamieson Greer en Palacio Nacional, donde ambas partes avanzaron en la revisión del T-MEC y en otros acuerdos bilaterales.

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