Xi Jinping fue reelegido hoy presidente de China para un segundo mandato (2018-2023) con el voto unánime de la Asamblea Nacional Popular (ANP, Legislativo), en un plenario en el que uno de sus principales aliados, el antiguo jefe anticorrupción Wang Qishan, ascendió a la vicepresidencia.

En un día de cielos grises y nieve tardía en Pekín, Xi, de 64 años, confirmó su poder, sólo comparable entre los pasados líderes comunistas chinos al que tuvo el fundador del régimen Mao Zedong, al obtener el voto a favor de los 2 mil 970 legisladores presentes, sin abstenciones o papeletas en contra.

Los miembros de la ANP, que también votaron por unanimidad la continuidad de Xi como jefe del Ejército chino en calidad de presidente de la Comisión Militar Central, se pusieron de pie para aplaudir a su presidente, quien con su habitual semblante sereno juró su cargo en una ceremonia protocolaria instaurada hoy.

Desempeñaré honestamente mis labores, aceptaré la supervisión del pueblo y trabajaré duramente para construir un moderno país socialista», señaló el presidente puño derecho en alto mientras su mano izquierda se posaba sobre la Carta Magna, traída solemnemente por guardias de honor de las tres ramas del Ejército chino.

JEFE ANTICORRUPCIÓN, EL SEGUNDO AL MANDO
El nuevo vicepresidente Wang obtuvo 2 mil 969 votos a favor y sólo uno en contra, y se confirmaba a sus 69 años como mano derecha de Xi, a quien ya ha apoyado en los últimos cinco años dirigiendo una intensa campaña anticorrupción sin precedentes en China.

En el seno de esta campaña se ha castigado a 1.4 millones de altos cargos, pero también se ha silenciado cualquier facción opositora al máximo líder en la formación gobernante.

Wang ya fue viceprimer ministro de China durante el liderazgo del anterior presidente Hu Jintao, entre 2008 y 2013, pero consiguió aún más influencia política al dirigir entre 2012 y 2017 la Comisión de Inspección y Disciplina, el órgano anticorrupción del Partido Comunista.

‘TIMONEL XI’
La continuidad en el cargo de Xi fue recibida hoy por el Diario del Pueblo, el periódico portavoz del Partido Comunista, con un artículo de opinión en el que en titulares proclamaba al presidente «timonel del país y guía del pueblo», evocando la propaganda maoísta de los tiempos del Gran Timonel Mao.

Para observadores como el politólogo Jean-Pierre Cabestan, de la Universidad Baptista de Hong Kong, la acumulación de poder que Xi está protagonizando «devalúa el prestigio y la imagen» de la segunda economía mundial, pese a que el ciudadano medio del país, embriagado por la propaganda, ve con buenos ojos el actual proceso.

«La gente está feliz de ser liderada por un hombre fuerte, un dictador, lo cual es triste pero es la realidad, tienen la ilusión de que da fuerza a los chinos en la escena internacional», subrayó el analista.

Según Willy Lam, de la Universidad China de Hong Kong, el país «ha regresado a una dictadura maoísta gracias a Xi», algo que considera «una monumental regresión hacia el pasado» que impedirá que el gigante asiático reemplace a Estados Unidos como gran potencia mundial «porque no sigue las normas universales».

Desde otro punto de vista, Alice Elkman, directora de Investigación sobre China en el Instituto Francés de Relaciones Internacionales (IFRI), opinó que Xi «espera que China sea una fuente de inspiración para otros países, no sólo en materia de desarrollo económico sino también de gobernancia interior».

En el mismo plenario de hoy se eligió a Li Zhanshu, de 67 años, como nuevo presidente de la propia ANP, en sustitución de Zhang Dejiang, y se aprobó con sólo dos votos en contra y otras tantas abstenciones un ambicioso plan de reestructuración estatal que afecta a 11 ministerios del Gobierno.

El plan de reforma estatal, presentado el martes 13 de marzo y debatido por los legisladores a lo largo de esta semana, contempla entre otros cambios la designación de un ministerio para los veteranos del Ejército chino y otro para la atención de desastres naturales y emergencias.

Además de las modificaciones ministeriales, la reestructuración implica la fusión de las administraciones reguladoras de banca y de seguros, un cambio con el objetivo de aumentar la estabilidad financiera de la segunda economía mundial.