La jefa delegacional en Miguel Hidalgo, Xóchitl Gálvez Ruiz, manifestó que a 100 días de iniciar su gestión no administra con revanchismo ni venganzas, pero tampoco será tapadera de nadie.

Al comparecer ante la Comisión de Administración Pública local, Cuestionada por su programa “Vecino cochino”, Gálvez Ruiz comentó que seguirá videograbando a las personas que tiren basura en la calle o con sus automóviles invadan las banquetas.
Si bien no evadía el tema de los derechos humanos por videograbarlos, subrayó, que están por delante de quienes sufren los atropellos de los que llamó “gandallas”, que se apropian de manera indebida de los espacios públicos.

Sostuvo que se atendrá al escrutinio tanto de las contralorías como de la Auditoría Superior de la Ciudad de México, para actuar en consecuencia y proceder contra quienes hayan incurrido en actos de corrupción.
Ante el diputado Víctor Hugo Romo Guerra, quien fue su antecesor en la demarcación, dijo que en diciembre pasado dejaron de trabajar en la delegación 480 empleados, cuyo contrato finalizó en esa fecha.

En torno a los terrenos Apalaches y Parque Reforma Social, fue clara al señalar que se trata de sentencias del Poder Judicial que beneficia a particulares y “nos guste o no, se debe acatar”.

Sin embargo, ya se acercó al juez correspondiente para pedirle que no se cambie el uso de suelo, para lo cual será necesario conseguir recursos fiscales para comprar los predios, porque ante todo se debe dar certidumbre a los dueños de predios y no se vean amenazados en sus derechos.
A pregunta expresa sobre su opinión de la mega rueda de la fortuna que se instala en el Bosque de Chapultepec, la jefa delegacional dijo que aunque no era afecta al proyecto, no tenía ninguna facultad para intervenir, pues es un asunto que está en el ámbito de la jefatura de Gobierno capitalino.

Sin embargo, más allá de que nos guste o no la mega rueda de la fortuna, tampoco se debe partidizar.

En lo que va de su administración ha recuperado 9,402 espacios que ostentaban franeleros o eran ocupados por puestos comerciales callejeros que carecían de los permisos correspondientes, enfatizó.

El Economista