Opinión
¿ Y SI DONALD TRUMP FUERA PRESIDENTE? POR VICTOR OROZCO O.
Pues, jura que durante los primeros cien días de su mandato estaría diseñado el muro que dividiría la frontera con México, pagado por los mexicanos. Si esto pareció al principio de su campaña una fanfarronada, es ahora una posibilidad real. Imaginémonos en mayo de 2017, justo dentro de un año. El presidente Trump tiene cuatro meses de haber asumido el poder y montado en la ola de nacionalismo que ha desatado en Estados Unidos, comienza las redadas de indocumentados y llena las ciudades fronterizas de México con los expulsados. Además, contra viento y marea, violentando reglas básicas del derecho internacional, prohíbe las remesas de dinero a otros países o les impone gravámenes insoportables. A menos que México consienta en pagarle su muro. Con estas acciones encima, estaríamos en presencia de una enconada confrontación internacional. Allá, atizado desde la Casa Blanca, el fuego crecería incontenible, convirtiendo a México en el país enemigo. Quizá en un nuevo “imperio del mal”, como descubrió Ronald Reagan que era la ex Unión Soviética. Se exacerbaría la discriminación contra los latinoamericanos, bajo la especie de que su presencia en Estados Unidos impide que éste “sea grande otra vez”, como lo ofrece el slogan de campaña de Trump.
En México, pasarían muchas cosas más. La pretensión de que seamos los mismos mexicanos quienes sellemos la frontera de los Estados Unidos, cubriendo los costos del famoso muro, constituye una humillación en sí misma. Impedir que los trabajadores mexicanos dispongan de su dinero para enviarlo a sus familias o para hacer compras e inversiones en México, no sólo atropella la ley, sino el más elemental sentido de convivencia. Tales agresiones, aunadas a la campaña antimexicana desplegada en el territorio de los Estados Unidos, es seguro que despertarían los viejos demonios del antiyanquismo subyacente en el país. A diferencia de otras experiencias históricas, México no es una nación de quince millones de habitantes como lo era en los tiempos de la Revolución, sino una de ciento veinte millones, con una economía imbricada a la de Estados Unidos hasta el punto de estar entre sus clientes mayores. Dentro de sus límites, hay unos treinta y cinco millones de personas cuyos ancestros son mexicanos. En otras palabras, ya no se trata del “viejo y lejano México” como decían los norteamericanos en 1847, que venían en la invasión, sino de una nación entrelazada con Estados Unidos por un tejido de vínculos económicos, familiares, demográficos y culturales indestructibles. Tratar de eliminarlos, implica efectuar desgarramientos inútiles y sangrientos en ambos lados de la frontera.
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El choque sería de imprevisibles consecuencias. A Trump, hombre de inversiones hoteleras y avezado en concursos de belleza, le gustan los juegos de la guerra. Piensa que si los mexicanos van muy lejos, puede ponerlos quietos con dos o tres golpes militares. Sin embargo, una vez comenzada la aventura, como lo revelan casi todas las experiencias históricas de este tipo, el conflicto va escalando hasta el punto en el cual nadie puede controlarlo y tampoco salir ileso del mismo. En 1972, Estados Unidos tuvo que poner fin a la guerra contra Viet Nam, porque estaba envenenándose internamente. Una hipotética conflagración con México, haría parecer a la intoxicación derivada del ataque al país asiático, apenas un dolor de estómago. El precio a pagar en el mediano plazo sería tocar los linderos de una guerra civil, sin que en ello y por supuesto caigan en la cuenta los ultras nacionalistas aplaudidores de las bravatas acostumbradas por el posible presidente Trump.
¿Y, quien encabezaría la resistencia en México?. Dependería del nivel alcanzado por el choque. Es probable que el poco previsible magnate, una vez en la Casa Blanca, se percate del despropósito y recule. En ese caso, el gobierno de Peña Nieto podría sortear la crisis con medidas diplomáticas y declaraciones de amistad. Pero, si la amenaza va en serio, esto es, si comienza a ponerse en acto con medidas concretas, se requerirá mucho más que la acción de un presidente con escaso prestigio. Se requerirá un gobierno de salvación nacional, como se estila decir, cuando se hace necesario llamar a la unión de todas las fuerzas posibles, bajo un liderazgo con suficiente credibilidad y capacidad para concertar esta alianza firme y para poner tras de sí la voluntad de todo el pueblo. Es probable que el año y medio entre el hipotético triunfo de Trump y el término de la administración de Peña Nieto, se vaya en dimes y diretes, esperando las elecciones de 2018. Pero, también es probable que la Casa Blanca busque aplicar toda la presión antes de los comicios, aprovechando la debilidad del régimen mexicano.
¿Se antoja éste dibujo un escenario fantástico?. Es probable y quisiera, por obvias razones, que así sea. Pero, hace unos cuantos meses, ¿Quién apostaría un céntimo al triunfo de Trump en el seno de los electores republicanos?. Sin embargo, su discurso xenófobo, la exaltación de la grandeza de los Estados Unidos, hoy puesta en duda y desgastada por el gobierno de Obama, a juicio de una vasta franja de los ciudadanos, a quienes se les tocan las fibras del irracionalismo, de la prepotencia y de la intolerancia, pegaron con tal fuerza que pusieron a Trump en el camino hacia Washington.
Puede considerarse que cualquiera de los candidatos demócratas, Hillary Clinton y Bernie Sanders, mandarán a la lona al millonario empeñado en comprar el puesto de mayor poder político y militar en el mundo, pero ya sabemos la veleidad de las encuestas. Nada está dicho y la moneda se mantendrá en el aire hasta el día de las urnas. Por sí o por no, los mexicanos debemos considerar la factibilidad de una arremetida de grandes proporciones por parte del gobierno de los Estados Unidos.
Si atendemos a experiencias recientes como las de Cuba y Venezuela, es inevitable pensar en la gigantesca magnitud de la disputa entre EEUU y México. Con el gobierno cubano, la diferencia en las últimas décadas, el menos desde los años noventa, era más un artificio creado para consumo interno de ciertos influyentes círculos políticos norteamericanos y una concesión al obsoleto anticomunismo aún actuante. Con Venezuela, el asunto tenía y tiene mucho de retórica. En cambio, si aquí buscan obligar a México a construir un muro, por la fuerza, equivale a una guerra no declarada pero real en sus devastadores efectos.
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Opinión
Siete voces, siete silencios. Por Caleb Ordóñez Talavera
El desayuno se interrumpió con el sonido seco de los disparos. Alejandro Leyva apenas tuvo tiempo de reaccionar. Estaba sentado en una fonda del fraccionamiento La Esmeralda, en San Pablo Etla, Oaxaca, en una mañana que parecía igual a cualquier otra. Entonces llegaron hombres armados en motocicleta. Apuntaron directo. Dispararon sin titubeos. Tres impactos, principalmente en la parte superior del cuerpo, bastaron para arrebatarle la vida casi de inmediato. Una mujer que se encontraba en el lugar también resultó herida. Los agresores huyeron con la misma rapidez con la que aparecieron. En cuestión de segundos, lo cotidiano se convirtió en tragedia.
Alejandro Leyva no era un desconocido. Había dirigido la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión, escribía la columna El Zumbido del Moscardón y, sobre todo, era una voz incómoda para el poder. En sus espacios criticaba la corrupción, denunciaba la violencia y cuestionaba decisiones del gobierno estatal. Incluso había denunciado amenazas y actos de intimidación en su contra desde tiempo atrás. Quienes hoy investigan el caso saben que no puede ignorarse ninguna línea relacionada con su actividad periodística. La Fiscalía General de la República ya atrajo la investigación.
Con él ya son siete periodistas asesinados en México durante este año.
Siete.
Es una cifra que debería provocar una crisis nacional. Sin embargo, en México, lamentablemente, ya aprendimos a recibir este tipo de noticias con total resignación. Ya no nos duele. Esa quizá sea la peor derrota.
Este crimen no es un caso aislado. Es la continuación de un patrón que este país se niega a romper, y por eso vale la pena detenerse a pensar en lo que realmente significa.
Porque el problema nunca ha sido únicamente el número de periodistas asesinados. El verdadero drama es que, detrás de cada crimen, existe un mensaje mucho más profundo: hay regiones enteras donde informar se convirtió en una actividad de alto riesgo.
Durante años, el periodista mexicano dejó de preocuparse únicamente por verificar datos, conseguir entrevistas o publicar exclusivas. Hoy también debe preguntarse si una investigación pondrá en riesgo a su familia, si un reportaje provocará amenazas, si una llamada desconocida puede cambiarle la vida o si una publicación en redes sociales bastará para convertirse en objetivo de alguien.
Esa no es una democracia sana.
México sigue siendo uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo fuera de contextos formales de guerra. Y lo más preocupante es que esa realidad ya no distingue entre periodistas nacionales, reporteros comunitarios, conductores de radio, fotógrafos, columnistas o creadores de contenido que investigan asuntos públicos. Quien incomoda al crimen organizado, a intereses económicos o al poder político puede terminar enfrentando amenazas, campañas de desprestigio, demandas judiciales, vigilancia o, en el peor de los casos, la muerte.
Pero, ¿Por qué ocurre?
Porque la impunidad sigue siendo el mejor aliado de quienes quieren callar voces. Porque demasiados asesinatos permanecen sin castigo. Porque muchas amenazas jamás llegan a investigarse seriamente. Porque los mecanismos de protección suelen reaccionar cuando el riesgo ya escaló demasiado. Y porque, en numerosas regiones del país, el crimen organizado, los intereses políticos y la debilidad institucional terminan cruzándose peligrosamente.
Cada periodista asesinado envía, además, un mensaje devastador a las nuevas generaciones.
¿Qué joven de veinte años decidirá investigar corrupción municipal si observa que hacerlo puede costarle la vida?
¿Qué estudiante de comunicación apostará por el periodismo de investigación cuando descubre que quienes revelan información incómoda terminan necesitando escoltas (que nunca tendrá), cambiando de ciudad o siendo asesinados?
Cuando matan a un periodista no solamente eliminan una voz. También intentan sembrar miedo entre quienes todavía no empiezan a ejercer.
Y eso termina empobreciendo a toda la sociedad.
Porque cuando desaparecen periodistas independientes, también desaparecen historias que jamás conoceremos. Desaparecen denuncias de corrupción, investigaciones sobre desvío de recursos, vínculos criminales, abusos de autoridad o violaciones de derechos humanos. El silencio siempre beneficia a alguien. Nunca beneficia a los ciudadanos.
Por eso, la defensa de la libertad de expresión no puede recaer únicamente en los periodistas.
También corresponde a la sociedad. Cada ciudadano tiene la responsabilidad de defender el derecho a estar informado. Eso significa valorar el periodismo serio, exigir investigaciones imparciales, rechazar la desinformación y comprender que una prensa crítica no es enemiga del gobierno, sino un contrapeso indispensable para cualquier democracia.
Y, desde luego, el Estado tiene obligaciones mucho más grandes. Pues no basta con emitir comunicados de condena después de cada asesinato. No basta con prometer investigaciones exhaustivas. Tampoco basta con atraer expedientes a instancias federales cuando la indignación ya ocupa los titulares.
El gobierno debe garantizar investigaciones rápidas, independientes y profesionales; fortalecer realmente los mecanismos de protección; castigar tanto a autores materiales como intelectuales y construir condiciones para que ningún periodista tenga que elegir entre publicar una información o conservar la vida.
Porque cuando el miedo dicta qué puede publicarse, la democracia comienza a perder terreno.
No los olvidamos.
Esta columna está dedicada a quienes ya no podrán volver a escribir una nota, tomar una fotografía o encender un micrófono este año: Carlos Castro, asesinado en Poza Rica el 8 de enero; Juan David Gámez, en Nuevo León el 18 de marzo; Roxana Guzmán, secuestrada el 2 de junio y encontrada sin vida semanas después; Luis Ángel López, asesinado en Poza Rica el 11 de junio; Alex Serna, en Zihuatanejo el 3 de julio; Josué Martínez, en Puebla el 16 de julio; y ahora Francisco Alejandro Leyva Aguilar, en Oaxaca.
Siete nombres.
Siete familias.
Siete historias interrumpidas.
Pero también siete razones para no acostumbrarnos.
Porque el día que dejemos de indignarnos por un periodista asesinado habremos aceptado que en México la verdad tiene precio. Y una nación que permite que maten a quienes la cuentan corre el riesgo de quedarse, para siempre, sin quien la narre.
