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México

“Ya le tomaron la medida al gobierno» | Ricardo Anaya

Los grupos criminales ya le han tomado la medida al Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, criticó este lunes Ricardo Anaya, excandidato presidencial del PAN en 2018.

“Ya le tomaron la medida al gobierno. Cada vez que hay un operativo bloquean calles, queman camiones, amenazan con matar gente (…). Hay que decirlo con claridad: las malas decisiones tienen consecuencias. Y López Obrador no puede salirnos con el cuento de que es herencia del pasado después de más de cuatro años de gobierno. Son sus decisiones, es su política absurda de ‘abrazos, no balazos’, lo que tiene al país ensangrentado”, apuntó en su video semanal.

Anaya Cortés consideró que si el gobierno cede una vez ante las amenazas de los criminales, entonces con ello le ‘toman la medida’ y los siguientes chantajes serán peores.

El panista recordó el ‘culiacanazo’, en octubre de 2019, cuando fue detenido Ovidio Guzmán y liberado enseguida luego de que grupos criminales salieran a las calles a hacer bloqueos e iniciaran enfrentamientos exigiendo su liberación. Y compartió videos en los que criminales someten y pisan a soldados, y otro en el que les persiguen en camionetas y los retan a disparar.

“Hoy la gente vive con miedo, cada vez más amenazada por la violencia. Los negocios no sobreviven por la extorsión.¿Y sabes cuál es el problema de fondo? Que López Obrador partió de una premisa falsa. Quiso hacernos creer que era una de dos sopas, o se ofrecían abrazos a los criminales o los balazos iban a seguir. Y no funciona así. O sea, no se trata de escoger entre abrazar criminales o tener que vivir entre balazos”, puntualizó.

Ricardo Anaya propuso que se debe desechar la política de ‘abrazos, no balazos’ y comenzar a enfrentar a las personas criminales.

“Yo tengo propuestas: ni abrazos ni tener que vivir entre balazos. Aplicación de la ley y de la fuerza legítima del estado. Mucha investigación e inteligencia policial. Operativos focalizados, bien planeados, bien ejecutados. Y atacar con todo al crimen donde más le duele. Desarticulando sus finanzas, su logística, no solo detener a las cabezas sino desmantelar a los grupos criminales”, indicó.

 

Fuente Todo Es Política

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México

Bertha Alcalde asume como directora general del ISSSTE

  • Como nueva titular del organismo, Alcalde Luján continúa la transformación para garantizar el derecho a la salud y atención de calidad a 13.8 millones de derechohabientes

Por instrucciones del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, a partir del 19 de febrero Bertha Alcalde Luján es la nueva directora general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste), en sustitución de Pedro Zenteno Santaella.

Desde el 16 de septiembre de 2021 fungió como comisionada de Operación Sanitaria de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), donde dirigió la inspección y vigilancia de hospitales, medicamentos e insumos médicos, entre otros.

Asimismo, del 16 de noviembre de 2020 al 3 de agosto de 2021 fue delegada federal de Programas para el Desarrollo en Chihuahua, adscrita a la Secretaría de Bienestar, donde coordinó la estrategia de vacunación durante la pandemia.

Durante 2019 trabajó como secretaria ejecutiva adjunta del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) y titular de la Unidad General de Asuntos Jurídicos y Transparencia de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), institución donde también se desempeñó como directora general de Apoyo Jurídico.

Tiene título de licenciatura en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y título de maestría en Estudios Legales Internacionales por la Universidad de Nueva York.

Como nueva directora general del Issste, Bertha Alcalde continúa la transformación del organismo para consolidar la estrategia de nuevas y mejores instalaciones médicas, abatimiento del rezago, mantenimiento de clínicas y hospitales, abasto de medicamentos y modernización de los 21 seguros, servicios y prestaciones de 13.8 millones de derechohabientes para garantizar el derecho a la salud y atención de calidad para las y los trabajadores al servicio del Estado y sus familias.

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