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Ya pueden ampararse contribuyentes contra el replaqueo: Morena

Ante la carga económica que representa el cobro de las placas y la revalidación, así como otros impuestos que se aprobaron en el presupuesto de ingresos por PAN, PRI y Movimiento Ciudadano, los diputados de Morena impulsan amparos que ya pueden comenzar a promoverse.

En rueda de prensa, los legisladores morenistas acompañados del presidente estatal del partido, Martín Chaparro Payán, anunciaron que ya se puede comenzar con los trámites de la defensa jurídica para solicitar el amparo de las autoridades ante el replaqueo.

El Coordinador de la bancada, Cuauhtémoc Estrada Sotelo, informó que se promovieron dos acciones de inconstitucionalidad directamente por parte de los diputados.

Explicó que decidieron hacerlo de esa manera ante una laguna legal que establece que debe ser el 33 por ciento de los integrantes de la legislatura, y en este caso, de acuerdo de un análisis elaborado por los asesores, los 10 diputados de Morena representan ese 33 por ciento y, por tanto, están en condiciones de promover la acción de inconstitucionalidad.

“Hay elementos para que la Suprema Corte nos de la razón al respecto”, indicó el diputado.

Agregó que, de manera independiente, la Comisión Nacional de derechos Humanos (CNDH) presentó tres acciones de inconstitucionalidad.

Desde el 1 de febrero, los chihuahuenses puede comenzar con el trámite de los amparos en la principales ciudades del estado, donde voluntarios se han coordinado para iniciar, se tienen 15 días posteriores al pago para presentar las solicitudes de amparo.

Estrada Sotelo destacó la importancia de que quienes tengan el interés de ampararse guarden el recibo de pago, porque se tiene que anexar al expediente a fin de que la defensa tenga más eficacia.

Explicó que solicitar el amparo sin anexar el comprobante de pago puede ser menos efectivo.

El legislador Benjamín Carrera Chávez indicó que los amparos se podrán hacer en las oficinas de Morena ubicadas en varios municipios del estado, las casas enlace de los diputados, así como plazas públicas donde cuadrillas de voluntarios estarán presentes.

Las acciones emprendidas por los integrantes de la bancada de Morena son en rechazo también a la aprobación de un presupuesto que afectará a los ciudadanos, y que destina recursos públicos a áreas no prioritarias como el despacho del ejecutivo y la coordinación de gabinete, mientras se redujeron los presupuestos para educación y desarrollo social.

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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