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México

Ya puedes verificar si te afiliaron a algún partido político

El Instituto Nacional Electoral (INE) convoca a la ciudadanía a verificar si están afiliados a algún partido político, por lo que a partir de hoy y hasta el 19 de mayo, cualquier persona podrá conocer los registros válidos de afiliación a través de la página de internet del Instituto y, en su caso, oponerse a que sus datos aparezcan en los padrones de los partidos políticos nacionales ante las Juntas Locales y Distritales.
Las ciudadanas o ciudadanos que detecten alguna afiliación indebida y que sus datos aparezcan como militante de un partido político sin su consentimiento, deberán acudir ante ese partido político y solicitar la baja del padrón de afiliados por así convenir a sus intereses.
Asimismo, si la persona es militante de un partido político, pero desea que sus datos no sean publicados en los padrones de afiliados de los partidos políticos nacionales, es necesario acudir ante la Junta Local o Distrital del INE más cercana a su domicilio para ejercer su derecho de oposición, lo cual podrá hacer a partir del 15 y hasta el próximo 19 de mayo.
La autoridad electoral nacional recuerda que el derecho de oposición se encuentra establecido en las leyes de transparencia y acceso a la información pública y garantizan a la ciudadanía el control sobre sus datos personales.
Actualmente el Instituto lleva a cabo la verificación de los padrones de afiliados de los partidos políticos nacionales ante las Juntas Locales y Distritales, para la conservación de su registro. Una vez concluido el proceso, se publicarán los padrones de afiliados a nivel nacional, local y distrital.
Para consultar si se cuenta con una afiliación a algún partido político, es necesario visitar la página http://actores-politicos.ine.mx/actores-politicos/partidos-politicos/consulta-afiliados/#/ e ingresar su clave de elector, indicada en la parte frontal de la credencial para votar.
El Instituto Nacional Electoral refrenda su compromiso para garantizar los derechos establecidos en las leyes de transparencia y acceso a la información pública: de acceso, rectificación, cancelación y oposición (ARCO); a través de los cuales se garantiza a las personas el poder de control sobre sus datos personales.

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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