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«Ya vendrá la verdad jurídica en Operación Justicia»: Corral

“Ya vendrá la verdad jurídica. Punto”, dijo el gobernador Javier Corral respecto a las campañas que calificó como «mentiras y distorsiones» en torno al proceso que se le sigue a su antecesor para que pueda ser extraditado conforme a las investigaciones de la Operación Justicia para Chihuahua.

Indicó que tampoco le asombra ni sorprende la colaboración del secretario del Ayuntamiento (César Jáuregui Moreno) en la defensa del exgobernador de Chihuahua, luego de que el pasado martes, uno de los abogados intentó introducir el audio que le grabó Jáuregui al exsecretario de Hacienda, Jaime Herrera, para impedir la extradición del exmandatario.

“Sabemos que lo hacen desde hace tiempo. Nosotros negamos categóricamente presión alguna sobre cualquier persona o testigo y menos de mi parte; es falso no es así, son estrategias legales que se presentan para tratar de desacreditar el proceso de extradición”, expresó.

El mandatario dijo no estar de acuerdo con que se esté poniendo en tela de juicio a las autoridades judiciales del estado de Chihuahua a partir de estrategias mediáticas de distorsión, de difamación y pretendiendo descalificar a los acusadores, para influir en los jueces y advirtió que pronto llegará la verdad jurídica.

Añadió que una y otra vez se ha insistido en que los casos que se llevan en la Fiscalía del Estado tienen un caudal probatorio muy amplio, muy robusto, donde ninguna causa penal se cifra o se basa solo en un testimonio o en un hecho.

“Son procesos de investigación muy amplios, con un conjunto de elementos en donde los dichos de alguien se corroboran, se investigan, se comprueban. Así lo ha hecho la Fiscalía en todo tiempo”, detalló.

Reiteró que en el caso de la grabación que presentó el secretario del Ayuntamiento, el propio exsecretario de Hacienda lo aclaró ampliamente y ratificó sus señalamientos.

Pero también, señaló, es importante decir que no es ni siquiera ese, el principal testimonio (de Jaime Herrera) en el que se basan la mayoría de las acusaciones en contra del exgobernador, hay un conjunto de documentales, de informes financieros, de auditorías, de información bancaria y de diversos testimonios comprobados.

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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