Conecta con nosotros

Slider Principal

Yaz, de 7 años, está al borde de la muerte; autoridades ignoraron golpizas anteriores

Activistas y organizaciones feministas exigen investigar a las autoridades que omitieron actuar ante los antecedentes de violencia doméstica que existían contra la niña Yatziri, de sólo 7 años de edad, quien actualmente se encuentra en el Hospital del IMSS “La Margarita” en Puebla, intubada, con un pulmón colapsado y con evidencias de abuso sexual.

Antes de este ingreso hospitalario, la pequeña había sido atendida con señales de tortura y maltratos en tres ocasiones; además, su hermanita de sólo 3 años de edad murió en junio por una supuesta broncoaspiración, sin que se abrieran investigaciones al respecto.

El caso ha levantado indignación en Puebla, más cuando el personal médico dio testimonio de que la niña al llegar al nosocomio les manifestó su deseo de que esta vez mejor ya no la curen y la dejen morir, para no tener que regresar a sus padres.

El 21 de agosto, la niña de 7 años fue ingresada en “La Margarita” por una hemorragia interna por presunta perforación de intestinos, un pulmón dañado a golpes, además tenía huellas de quemaduras hechas con cigarro en manos, brazos y estómago, así como lesiones en el rostro y en la cabeza.

Hasta este sábado, el IMSS reporta que la pequeña se encuentra intubada en terapia intensiva y en condiciones de gravedad.

El IMSS y el gobernador Miguel Barbosa Huerta se han acusado mutuamente de la omisión que se cometió en el caso de violencia recurrente a la que era sometida esta niña, cuya vida está ahora en riesgo.

La activista Verónica Villalvazo, conocida como Frida Guerrera, y agrupaciones como el Frente Feminista Radical Puebla, han reclamado que se investigue a las autoridades responsables que no actuaron en las anteriores ocasiones que Yaz fue a parar al hospital por las evidentes golpizas y abusos a los que era sometida.

La activista, acompañada de la titular del DIF de la capital poblana, Mayté Rivera, acudió el jueves a una reunión con autoridades de la Fiscalía General del Estado para reclamar atención a este caso y para pedir que se brinden garantías de seguridad y atención integral a la niña.

En un video publicado en sus redes, Frida Guerrera dijo que, si bien la Fiscalía del Estado ya están trabajando y dando atención al caso, los antecedentes de violencia que había desde 2019 contra la pequeña, demuestran que la autoridad fue omisa.

“Pero sí tenemos que hacer algo… (sobre) la falta de respuesta que tuvo la Fiscalía del Estado desde el primer momento en que les notificaron que había una pequeña que estaba siendo violentada y esto no fue el mes pasado, esto fue desde el año pasado, y es un tema que claro que vamos a señalar, ubicar y exigir respuesta de quien la tiene que dar, que es el gobernador”, expresó.

En tanto que el Frente Feminista Radical Puebla pidió que se finquen responsabilidades contra todos los involucrados que no hicieron algo ante las evidencias de tortura que sufría Yaz.

“Todos y cada uno de los involucrados -los abusadores, los médicos que la atendieron y no dieron parte desde el primer ingreso, la Fiscalía siempre omisa- son responsables de la tortura de Yaz”, reclamó la agrupación.

Violencia recurrente
Hay versiones de que fue la madre quien la llevó al hospital, pero que, al ver la gravedad de su estado, ya no se volvió a aparecer. El gobernador Miguel Barbosa Huerta aseguró que una vecina de Yaz fue quien dio información sobre la violencia constante a la que era sometida la menor.

Fuente: Proceso

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

Continuar Leyendo
Publicidad
Publicidad
Publicidad

Más visto