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YouTube responde a AMLO sobre supuesta censura

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El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, lanzó acusaciones contra YouTube, alegando censura en su contra tras la eliminación de su conferencia matutina del 22 de febrero. Durante dicha mañanera, el mandatario reveló información personal de la periodista del New York Times, Natalie Kitov.

“Es una actitud prepotente y autoritaria. Están en plena decadencia. La estatua de la libertad se ha convertido en un símbolo vacío”, expresó el mandatario a través de su cuenta en X (antes Twitter).

En respuesta a las acusaciones del presidente, un portavoz de YouTube informó a CNN que su política de acoso y bullying prohíbe el contenido que “revela información de identificación personal, incluyendo números de teléfono”, y añadió que fue por esta razón que el video fue eliminado.

La plataforma reiteró su compromiso de eliminar cualquier contenido que difunda información personal sin previo aviso.

AMLO pide a directivos de Youtube investigar nexos de encargados de la plataforma en México con “conservadores”

Desde el sábado, en lugar de transmitir la conferencia matutina del 22 de febrero, la plataforma mostró un aviso indicando: “Este video fue eliminado debido a que infringe la política de YouTube sobre acoso y bullying”. Para el domingo, los canales oficiales del presidente y del Gobierno de México volvieron a publicar la grabación, eliminando la parte que revelaba los datos de la periodista.

A pesar de la advertencia de YouTube, el presidente López Obrador volvió a mencionar la carta de la periodista en su conferencia matutina, aunque esta vez omitió el número de teléfono de la comunicadora. Durante la conferencia de este lunes, el mandatario descartó dejar de utilizar YouTube, pero reiteró que consideró la eliminación como censura y aprovechó para pedir a “los dueños de YouTube” que investiguen “porque parece que la empresa aquí, como sucedía con Twitter, estaba tomada por conservadores, vinculados a un partido conservador”. Sin embargo,el presidente no presentó pruebas de esta acusación.

Por su parte, el gobierno de Estados Unidos ha instado a México a evitar medidas que pongan en riesgo la seguridad de los periodistas, mientras que el embajador estadounidense en México ha reafirmado que no existe ninguna investigación contra el presidente López Obrador por presuntos nexos con el narcotráfico.

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Caso Corral sale de Chihuahua: tribunal lo envía al fuero federal

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Un Tribunal Colegiado con sede en Chihuahua ordenó que el proceso penal contra el senador y exgobernador Javier Corral sea atraído por el fuero federal, dejando fuera a las autoridades estatales del conocimiento del caso por presunto peculado.

De acuerdo con el despacho de abogados Schütte & Delsol, el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoséptimo Circuito resolvió el conflicto competencial 20/2025 y declaró que corresponde a la justicia federal conocer del expediente relacionado con la contratación del despacho López-Elías Finanzas Públicas para la reestructuración de la deuda pública estatal.

El tribunal determinó que la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua y el Juez de Control local deben desistirse del asunto y remitir la totalidad de los expedientes a las instancias federales, luego de que la Fiscalía General de la República ejerciera la facultad de atracción, decisión que ya había sido respaldada previamente por dos jueces federales.

Con esta resolución, será la Fiscalía General de la República, actualmente encabezada por Ernestina Godoy, la encargada de continuar con la investigación en el ámbito federal.

El equipo legal del exgobernador sostuvo que en el fuero local no se garantizaban los derechos de las víctimas ni de la sociedad a la verdad, la justicia y la reparación del daño, y aseguró que el proceso iniciado en Chihuahua estuvo marcado por irregularidades.

Asimismo, los abogados reiteraron su confianza en que se acreditará la inocencia de Javier Corral, al considerar que las acusaciones en su contra derivan de una supuesta fabricación del delito por parte de autoridades estatales.

La investigación se originó por un contrato de 98.6 millones de pesos firmado durante su administración con el despacho López-Elías Finanzas Públicas, acuerdo que la Fiscalía Anticorrupción estatal señala como un posible caso de peculado.

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