Opinión
El zarpazo pejista en Chihuahua
Luis Javier Valero Flores
Solo un día después de la concentración convocada por el gobernador Javier Corral para protestar por la no entrega de alrededor de 800 millones de pesos, que luego derivó en la exigencia por la extradición de César Duarte, el aspirante presidencial de Morena, Andrés Manuel López Obrador, realizó el mitin más concurrido que haya celebrado en el estado de Chihuahua.
Tradicionalmente, ese lugar era ocupado por los actos efectuados en Juárez que, hasta esa fecha, se presumía como la mejor plaza del morenaje chihuahuense. Ante una concurrencia de alrededor de 5 mil personas (el escribiente calculó en 5 mil 500 y un mando policiaco de la municipal estimó en la primera cifra) López Obrador discurrió las citas comunes en él a lo largo de la última década y media, aunque hoy -y a lo largo de los últimos meses- centrando su atención en plantear como principal problema nacional el de la corrupción.
Hace bien, frente a los últimos acontecimientos ocurridos o generados en Chihuahua, especialmente en los procesos levantados por el gobierno estatal en contra de funcionarios estatales del sexenio anterior y de dirigentes nacionales del PRI.
Pero, primero los números. Claro que no se pueden predecir resultados electorales a partir del número de asistentes a un acto, por muy importante que este haya sido.
El gobierno de Corral llenó la Plaza del Ángel, cosa que debiera estar al alcance de una administración estatal, con todos los recursos -de cualquier tipo- a su alcance, entre ellos, y fundamentalmente, los de carácter político, con lo cual se dio una especie de reciclada política ante los ojos de una buena parte de la población, pero no con ello se podría decir que su partido y candidatos -en Chihuahua- estén en la misma sintonía, o nivel de simpatías electorales, pero de que los candidatos del PAN tendrán que agradecérselo, ni duda cabe y que el PAN puede alzarse, o mantenerse como la primera fuerza político-electoral, tampoco estaría lejos de la realidad, a juzgar por las reacciones de los asistentes al mitin, que reflejan la percepción más extendida, a partir de la consigna lanzada en el mitin, de exigir la extradición de Duarte.
Así también, la concurrencia al mitin del tabasqueño refleja de alguna manera las crecientes simpatías de los chihuahuenses por el aspirante de izquierda, cuyo equipo de campaña estará de plácemes evaluando el peso que le imprimirá a la votación de AMLO en Chihuahua el PES, de alrededor de 30 mil votos, que sumados a los obtenidos por el aspirante en 2012 en esta entidad -308 mil-, los 60 mil que votaron por Corral en 2016 (que no votaron por Javier Félix, el candidato de Morena al gobierno, y que sí sufragaron por los candidatos a diputados), los llevaría a pensar que el casi tres veces candidato podría obtener en “El Estado Grande” alrededor de 400 mil votos ¡Los mismos que Enrique Serrano, candidato del PRI en 2016!
Ahora bien, prácticamente nadie (fuera de los círculos del priismo más acendrado) -de la gente a la que hemos preguntado y tomando en cuenta muchos factores, desde una óptica claramente subjetiva y una interpretación personal- cree que el PRI podría mantener esa votación.
Más aún, si a los 500 mil de Corral en ese año restamos los 60 mil de Morena, quedarían, los panistas, en 440 mil.
Ahora bien, tales especulaciones -con bases estrictamente electorales, con los resultados de las últimas elecciones efectuadas- se hacen contando la inercia de las simpatías por los candidatos presidenciales, que podrán cambiar, y mucho, si Morena insiste -o lleva a la práctica- en postular candidatos reciclados, que en el mismo acto reseñado recibieron, otra vez, el repudio de las bases morenistas, lo que precipitaría la presentación de un voto extremadamente diferenciado en los cargos de elección locales, y en los federales.
Con lo aquí expuesto se podría pensar que AMLO se encamina a recibir en Chihuahua la más alta votación, por encima de Meade, del PRI, y de Anaya, del PAN, pero no así el resto de los candidatos del partido de izquierda cuyo decoloramiento avanza a pasos agigantados.
Quizá eso les permita ganar la elección presidencial, pero a costa de parecerse, cada día más, al resto de los partidos, y sin tener la posibilidad de alzarse con mayoría en las cámaras legislativas, merced a las múltiples concesiones realizadas al PT y al PES.
Opinión
La trampa de “las rentas justas” en la CDMX. Por Caleb Ordóñez T.
En la Ciudad de México hay jóvenes que trabajan para pagar un departamento en el que apenas tienen tiempo de dormir. Familias que destinan buena parte de sus ingresos a cuatro paredes. Personas que viven a dos horas de su empleo porque acercarse al centro se convirtió en un lujo.
La vivienda es uno de los grandes fracasos de la política urbana capitalina.
Y ahora el gobierno pretende resolverlo con otra ley.
Clara Brugada presentó una iniciativa que promete rentas justas, contratos regulados y protección contra abusos. Una propuesta que, vista desde el discurso político, parece irreprochable. ¿Quién podría estar en contra de que las personas paguen menos por vivir dignamente?

Caleb Ordoñez T.
El problema es que las buenas intenciones no construyen departamentos.
Y los decretos tampoco.
Las buenas intenciones también tienen consecuencias
La iniciativa contempla limitar aumentos conforme a la inflación, registrar obligatoriamente los contratos y aplicar multas de hasta 46 mil 924 pesos. También propone asesoría gratuita y mecanismos contra desalojos violentos.
Hay medidas necesarias. Los abusos inmobiliarios existen. Los desalojos arbitrarios también. Ninguna persona debería perder su hogar mediante amenazas o intimidaciones.
Pero legislar para corregir una injusticia no debería producir otra.
Pensemos en una jubilada que dedicó treinta años a pagar un pequeño departamento. Hoy lo renta para complementar una pensión insuficiente. No pertenece a ningún cártel inmobiliario. No especula con edificios enteros. Simplemente administra el patrimonio que consiguió trabajando.
¿Qué sucederá si las nuevas obligaciones, restricciones y sanciones hacen que prefiera retirar su propiedad del mercado?
Habrá una vivienda menos.
Y si otros propietarios toman decisiones semejantes, quienes terminarán compitiendo por los departamentos disponibles serán precisamente aquellos que la ley pretende proteger.
No es una consecuencia demostrada ni inevitable. Es un riesgo que el Congreso tiene la obligación de evaluar.
Porque una cosa es regular los abusos y otra, muy distinta, pretender administrar la escasez.
El problema tiene dimensiones profundas. Según el INEGI, en 2024 el ingreso promedio de los hogares urbanos capitalinos rondaba los 37 mil pesos mensuales. Un promedio que, además, oculta enormes desigualdades.
¿Cuánto debe ganar una familia para vivir cerca de su trabajo? ¿Cuánto tiempo de su vida debe sacrificar transportándose? ¿En qué momento tener una habitación propia dejó de ser una aspiración razonable?
Esas preguntas no se resuelven únicamente vigilando contratos.
Se resuelven construyendo vivienda, mejorando el transporte, acercando servicios y generando condiciones para que la ciudad pueda alojar a quienes la mantienen funcionando.
Brugada también promete ampliar la vivienda asequible. Bien. Pero esa debería ser una prioridad medible, no una promesa subordinada al entusiasmo por imponer nuevas reglas.
El gobierno también debe rendir cuentas
Hay otra contradicción.
Desde 2024 existen disposiciones para limitar incrementos de renta y registrar contratos. Antes de anunciar nuevas sanciones, sería conveniente conocer los resultados de las anteriores.
¿Cuántas familias se beneficiaron? ¿Cuántos abusos fueron sancionados? ¿Qué funcionó y qué fracasó?
El gobierno exige transparencia a los particulares, pero todavía debe ofrecer respuestas convincentes sobre la eficacia de sus propias medidas.
Y mientras tanto, el verdadero debate corre el riesgo de perderse entre consignas: propietarios contra inquilinos, mercado contra Estado, ricos contra pobres.
Una discusión tan cómoda para los políticos como inútil para quienes necesitan vivienda.
La propiedad privada merece certeza jurídica. Los inquilinos merecen protección. Y ambos necesitan un gobierno capaz de entender que sus derechos no son necesariamente enemigos.
La iniciativa todavía puede corregirse. Sería deseable que el Congreso escuchara más evidencia y menos discursos.
Porque el desafío no consiste en decidir quién tiene la culpa de que vivir en la capital resulte tan caro.
Consiste en reconocer quién tiene la responsabilidad de hacerla habitable.
Una ciudad no se vuelve más justa cuando el gobierno decide cuánto debe costar vivir en ella, sino cuando consigue que vivir en ella deje de ser un privilegio.
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