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Opinión

2024: ¿por qué la moneda está en el aire? Por Caleb Ordoñez T.

¿A quién le sorprendió los resultados del pasado domingo en las elecciones de Coahuila y el Estado de México? Quizá a muy pocos.

Caleb Ordóñez T.

Caleb Ordoñez Talavera

Aunque las encuestas no fueron exactas, era muy evidente que tanto Morena y el PRI se llevarían sus respectivos triunfos.

Ya se ha escrito y debatido mucho sobre las enseñanzas que dejan el par de eventos, que sin duda son la antesala de la elección presidencial del 2024.

Dejemos entonces en claro que Morena se sigue posicionando como el “partidazo” del siglo XXI. Ni el PRI en sus mejores tiempos gobernaba por estados a 92 millones de habitantes, como lo hará el partido creado por y para Andrés Manuel López Obrador.

La aplanadora de la alianza conformada por Morena, PT y el Verde en el Estado de México logró sacar a patadas al eterno priismo mexiquense, que reinaba tras 94 años de hegemonía.

La combinación de un agachado gobernador, Alfredo Del Mazo, entregado al presidente -quizá por temor-; las pésimas y fracasadas dirigencias de Alito Moreno (PRI) y Marko Cortés (PAN); la paupérrima realidad del PRD -que se quedó sin registro-; la efectiva -e hipócrita- operación de Movimiento Ciudadano; el apoyo desaforado desde la Ciudad de México y la intervención absoluta del gobierno federal, lograron el tan ansiado triunfo en el estado con mayor padrón electoral.

Los dirigentes de Va X México no saben cómo justificar la tremenda sacudida que les dieron, a pesar de tener una gran candidata como lo fue Alejandra del Moral.

Por otra parte, lo ocurrido en Coahuila desnudó el verdadero rostro de un Morena como partido político abandonado.

Pero antes de ahondar en el tema del estado norteño, es importante explicar que el partido morenista fue creado con la clara intención de llevar a AMLO a la silla presidencial. Un gran logro que quedará registrado en la historia moderna de nuestra flaca democracia. Sin embargo, se ha demostrado que sin la participación directa del tabasqueño, Morena es simple, y llanamente, un cascarón.

¿Empate técnico?

Ahora sí, adentrémonos en las profundas aguas de los datos que arroja la elección más inicua de los últimos tiempos. Cuando el priista Manolo Jiménez despedazó a su más “cercano” rival, el senador Armando Guadiana.

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Opinión

Legalizar el espionaje: La nueva tentación de MORENA

Lic. Jacques A. Jacquez

La reforma a la Ley del Sistema de Inteligencia —es decir, la llamada “ley espía”—, junto con la reciente propuesta del gobierno federal para crear una curva biométrica, no pueden entenderse como hechos aislados. ¿Casualidad? Por supuesto que no. Se trata de una estrategia cuidadosamente diseñada como parte de una política pública orientada a recolectar datos sensibles de la población.

¿Y por qué podemos suponer que estos datos podrían utilizarse de forma indebida? Porque ya ha ocurrido. Porque ha sido una práctica constante de este gobierno emplear información personal para exhibir, ridiculizar o amedrentar a quienes disienten. Desde la conferencia mañanera, hemos visto al expresidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, mostrar estados de cuenta bancarios, declaraciones fiscales y otros datos sensibles de personas que él mismo ha etiquetado como adversarios o enemigos políticos.

Los casos de espionaje y uso indebido de información personal por parte de gobiernos emanados de Morena son cada vez más evidentes. En la Ciudad de México, la Fiscalía encabezada por Ernestina Godoy solicitó, sin orden judicial, registros telefónicos de políticos de oposición como Santiago Taboada y Lilly Téllez, en lo que diversos medios calificaron como espionaje ilegal. En Campeche, la gobernadora Layda Sansores difundió audios editados de figuras políticas en su programa oficial, sin esclarecer el origen de esas grabaciones. A nivel federal, el propio presidente López Obrador ha revelado públicamente datos fiscales y bancarios de adversarios políticos como Xóchitl Gálvez, violando su derecho a la privacidad. Además, investigaciones de organizaciones como Citizen Lab y Amnistía Internacional han documentado el uso del software Pegasus por parte del Ejército mexicano durante este sexenio para espiar a periodistas y defensores de derechos humanos. Todos estos hechos reflejan un patrón preocupante: el uso del aparato del Estado para vigilar, intimidar y exhibir a quienes piensan distinto.

Esas personas, que deberían estar protegidas por el Estado, hoy son objetivos institucionalizados. Se han convertido en blancos prioritarios en un intento por silenciar voces críticas e inhibir el disenso. Lo que antes era una práctica excepcional —el espionaje selectivo, el uso encubierto de información— hoy amenaza con convertirse en norma. Se pretende legalizar la posibilidad de que el Estado mexicano espíe a sus ciudadanos.

Y eso es lo verdaderamente grave: ya no se trata de prácticas oscuras que debían ocultarse, sino de disposiciones que se buscan justificar con argumentos de seguridad o eficiencia gubernamental, mientras se normaliza la violación a la privacidad. Se institucionaliza el espionaje como si fuera parte natural de la vida democrática.

Es cierto: ningún país está exento del uso de la inteligencia estatal. No ocurre solo en México; es una realidad global. Pero aquí estamos yendo más lejos: estamos permitiendo que se convierta en ley. Le estamos abriendo la puerta a la vigilancia permanente, a la intervención de nuestras comunicaciones, a la recopilación masiva de datos biométricos. Y todo esto, sin las garantías adecuadas, sin controles, sin transparencia.

Nos enfrentamos a un punto de quiebre. No es un tema técnico ni menor. Es una clara violación a los derechos humanos. Y lo más peligroso: lo estamos normalizando.

Frente a ello, es nuestra responsabilidad seguir alzando la voz. No es lo correcto. No es lo legal. Y, sobre todo, no es lo que un Estado democrático debe permitir.

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