Opinión

Legalizar el espionaje: La nueva tentación de MORENA

Lic. Jacques A. Jacquez

La reforma a la Ley del Sistema de Inteligencia —es decir, la llamada “ley espía”—, junto con la reciente propuesta del gobierno federal para crear una curva biométrica, no pueden entenderse como hechos aislados. ¿Casualidad? Por supuesto que no. Se trata de una estrategia cuidadosamente diseñada como parte de una política pública orientada a recolectar datos sensibles de la población.

¿Y por qué podemos suponer que estos datos podrían utilizarse de forma indebida? Porque ya ha ocurrido. Porque ha sido una práctica constante de este gobierno emplear información personal para exhibir, ridiculizar o amedrentar a quienes disienten. Desde la conferencia mañanera, hemos visto al expresidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, mostrar estados de cuenta bancarios, declaraciones fiscales y otros datos sensibles de personas que él mismo ha etiquetado como adversarios o enemigos políticos.

Los casos de espionaje y uso indebido de información personal por parte de gobiernos emanados de Morena son cada vez más evidentes. En la Ciudad de México, la Fiscalía encabezada por Ernestina Godoy solicitó, sin orden judicial, registros telefónicos de políticos de oposición como Santiago Taboada y Lilly Téllez, en lo que diversos medios calificaron como espionaje ilegal. En Campeche, la gobernadora Layda Sansores difundió audios editados de figuras políticas en su programa oficial, sin esclarecer el origen de esas grabaciones. A nivel federal, el propio presidente López Obrador ha revelado públicamente datos fiscales y bancarios de adversarios políticos como Xóchitl Gálvez, violando su derecho a la privacidad. Además, investigaciones de organizaciones como Citizen Lab y Amnistía Internacional han documentado el uso del software Pegasus por parte del Ejército mexicano durante este sexenio para espiar a periodistas y defensores de derechos humanos. Todos estos hechos reflejan un patrón preocupante: el uso del aparato del Estado para vigilar, intimidar y exhibir a quienes piensan distinto.

Esas personas, que deberían estar protegidas por el Estado, hoy son objetivos institucionalizados. Se han convertido en blancos prioritarios en un intento por silenciar voces críticas e inhibir el disenso. Lo que antes era una práctica excepcional —el espionaje selectivo, el uso encubierto de información— hoy amenaza con convertirse en norma. Se pretende legalizar la posibilidad de que el Estado mexicano espíe a sus ciudadanos.

Y eso es lo verdaderamente grave: ya no se trata de prácticas oscuras que debían ocultarse, sino de disposiciones que se buscan justificar con argumentos de seguridad o eficiencia gubernamental, mientras se normaliza la violación a la privacidad. Se institucionaliza el espionaje como si fuera parte natural de la vida democrática.

Es cierto: ningún país está exento del uso de la inteligencia estatal. No ocurre solo en México; es una realidad global. Pero aquí estamos yendo más lejos: estamos permitiendo que se convierta en ley. Le estamos abriendo la puerta a la vigilancia permanente, a la intervención de nuestras comunicaciones, a la recopilación masiva de datos biométricos. Y todo esto, sin las garantías adecuadas, sin controles, sin transparencia.

Nos enfrentamos a un punto de quiebre. No es un tema técnico ni menor. Es una clara violación a los derechos humanos. Y lo más peligroso: lo estamos normalizando.

Frente a ello, es nuestra responsabilidad seguir alzando la voz. No es lo correcto. No es lo legal. Y, sobre todo, no es lo que un Estado democrático debe permitir.

Opinión

¿A nadie le importa? Por Caleb Ordóñez Talavera

Hay una pregunta que casi nunca se escucha en la sobremesa, en el chat de la familia o en el pasillo de la oficina: ¿cómo estás, de verdad? Nos enseñaron que es indiscreta, que abre puertas que más vale dejar cerradas. Los números sugieren lo contrario: lo que no preguntamos nos cuesta la vida de miles de personas.

En 2025, México registró 8,709 muertes por suicidio, una tasa de 6.7 por cada 100 mil habitantes, frente a 5.1 en 2015. Son casi 24 personas cada día. Mientras tanto, la tasa de homicidios bajó de 25.8 a 21.4 entre 2024 y 2025. Una violencia ocupa los titulares; la otra avanza sin ruido.

Caleb Ordoñez T.

No se reparte al azar. La tasa es de 10.9 entre los hombres y de 2.6 entre las mujeres, más de cuatro veces mayor. Tampoco respeta la juventud: entre los 15 y los 29 años hubo 3,318 suicidios, el 38.1 % del total, y es la tercera causa de muerte en ese grupo. En la adolescencia, el dato es más alarmante todavía: 821 personas de 10 a 17 años murieron así en 2025, la cifra más alta desde el año 2000, y entre las adolescentes la tasa casi se triplicó en veinticinco años, de 1.4 a 4.3.

¿Por qué? Ninguna estadística lo responde por completo, y desconfío de quien ofrece una sola causa. El suicidio rara vez es consecuencia de un único golpe. Es la suma de un dolor que se acumula y de un entorno que no lo ve. Lo que sí podemos decir es qué ingredientes se repiten.

El primero es la enfermedad mental sin atender. La depresión y la ansiedad severa son comunes, tratables y, aun así, muchas veces invisibles. El segundo es la geografía de los servicios: los especialistas se concentran en las ciudades grandes, y quien vive lejos tiene que invertir horas y dinero para conseguir una consulta, justo cuando le cuesta más dar cualquier paso. Los especialistas llevan años advirtiendo que la salud mental es una de las áreas más desatendidas del sistema público.

Tampoco basta con culpar a la violencia. Chihuahua (13.8) y Yucatán (13.7) encabezan las tasas de suicidio, pero Yucatán es el estado con menos homicidios del país, con una tasa de 2. Es solo un caso, no una prueba, pero invita a mirar más allá de la inseguridad: hacia el aislamiento, la precariedad, el consumo de alcohol y el duelo no resuelto.

Luego está la cultura. La brecha entre hombres y mujeres no es solo biología. A muchos varones se les educó para no quebrarse, para resolver con trabajo, silencio o cantina lo que debería hablarse. Ese mandato de aguantar les cierra la puerta a pedir ayuda justo cuando más la necesitan.

Y están los adolescentes, cuyo aumento nadie ha explicado del todo. Se señalan el acoso escolar, la presión académica, la soledad y la comparación constante en redes sociales, aunque el peso de cada factor se discute. Lo que sí sabemos es lo que falta: psicólogos en las escuelas y adultos que sepan qué decir cuando un hijo se encierra, deja de comer con la familia o cambia de golpe.

Todos estos factores tienen algo en común: crecen en el silencio. El tabú nos hace ocultar causas de muerte, cambiar de tema en el velorio y tratar la tristeza profunda como un asunto de carácter. Aísla a quien sufre y deja solos a quienes sobreviven.

Por eso, la primera medida no cuesta presupuesto. Preguntar con franqueza si alguien está pensando en hacerse daño no lo induce a hacerlo; muchas veces es el primer alivio que recibe en semanas. Escuchar sin juzgar, no responder con un «no es para tanto» y acompañar a la persona hacia un profesional son gestos al alcance de cualquiera. Los medios tenemos nuestra parte: informar sin detallar métodos, sin romantizar y con una vía de ayuda a la vista.

Pero la conversación sola no alcanza. Hacen falta más psicólogos, más clínicas fuera de las capitales y un presupuesto que corresponda a la dimensión del problema.

Las crisis suicidas, por intensas que sean, suelen ser pasajeras, y la mayoría de quienes reciben apoyo sigue adelante. Eso nos devuelve a la pregunta del principio. Hoy, con alguien cercano, hagámosla en serio. Y quedémonos a escuchar la respuesta.