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Opinión

Legalizar el espionaje: La nueva tentación de MORENA

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Lic. Jacques A. Jacquez

La reforma a la Ley del Sistema de Inteligencia —es decir, la llamada “ley espía”—, junto con la reciente propuesta del gobierno federal para crear una curva biométrica, no pueden entenderse como hechos aislados. ¿Casualidad? Por supuesto que no. Se trata de una estrategia cuidadosamente diseñada como parte de una política pública orientada a recolectar datos sensibles de la población.

¿Y por qué podemos suponer que estos datos podrían utilizarse de forma indebida? Porque ya ha ocurrido. Porque ha sido una práctica constante de este gobierno emplear información personal para exhibir, ridiculizar o amedrentar a quienes disienten. Desde la conferencia mañanera, hemos visto al expresidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, mostrar estados de cuenta bancarios, declaraciones fiscales y otros datos sensibles de personas que él mismo ha etiquetado como adversarios o enemigos políticos.

Los casos de espionaje y uso indebido de información personal por parte de gobiernos emanados de Morena son cada vez más evidentes. En la Ciudad de México, la Fiscalía encabezada por Ernestina Godoy solicitó, sin orden judicial, registros telefónicos de políticos de oposición como Santiago Taboada y Lilly Téllez, en lo que diversos medios calificaron como espionaje ilegal. En Campeche, la gobernadora Layda Sansores difundió audios editados de figuras políticas en su programa oficial, sin esclarecer el origen de esas grabaciones. A nivel federal, el propio presidente López Obrador ha revelado públicamente datos fiscales y bancarios de adversarios políticos como Xóchitl Gálvez, violando su derecho a la privacidad. Además, investigaciones de organizaciones como Citizen Lab y Amnistía Internacional han documentado el uso del software Pegasus por parte del Ejército mexicano durante este sexenio para espiar a periodistas y defensores de derechos humanos. Todos estos hechos reflejan un patrón preocupante: el uso del aparato del Estado para vigilar, intimidar y exhibir a quienes piensan distinto.

Esas personas, que deberían estar protegidas por el Estado, hoy son objetivos institucionalizados. Se han convertido en blancos prioritarios en un intento por silenciar voces críticas e inhibir el disenso. Lo que antes era una práctica excepcional —el espionaje selectivo, el uso encubierto de información— hoy amenaza con convertirse en norma. Se pretende legalizar la posibilidad de que el Estado mexicano espíe a sus ciudadanos.

Y eso es lo verdaderamente grave: ya no se trata de prácticas oscuras que debían ocultarse, sino de disposiciones que se buscan justificar con argumentos de seguridad o eficiencia gubernamental, mientras se normaliza la violación a la privacidad. Se institucionaliza el espionaje como si fuera parte natural de la vida democrática.

Es cierto: ningún país está exento del uso de la inteligencia estatal. No ocurre solo en México; es una realidad global. Pero aquí estamos yendo más lejos: estamos permitiendo que se convierta en ley. Le estamos abriendo la puerta a la vigilancia permanente, a la intervención de nuestras comunicaciones, a la recopilación masiva de datos biométricos. Y todo esto, sin las garantías adecuadas, sin controles, sin transparencia.

Nos enfrentamos a un punto de quiebre. No es un tema técnico ni menor. Es una clara violación a los derechos humanos. Y lo más peligroso: lo estamos normalizando.

Frente a ello, es nuestra responsabilidad seguir alzando la voz. No es lo correcto. No es lo legal. Y, sobre todo, no es lo que un Estado democrático debe permitir.

Opinión

¿Por qué Roberto Lazzeri? La hora de negociar duro. Por Caleb Ordóñez Talavera

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Cuando un país decide quién lo representa en Washington, no solo elige un nombre: elige una estrategia. Y México acaba de elegir números sobre discursos.

Caleb Ordoñez

Roberto Lazzeri Montaño —economista del CIDE, operador financiero de carrera, arquitecto silencioso de deuda pública y crédito productivo— está a punto de convertirse en el embajador mexicano en Estados Unidos justo cuando la relación bilateral entra a su etapa más técnica, más tensa y más cara de la historia reciente.

No es coincidencia. Es cálculo.

Es un hombre que viene de los números. Lazzeri no llegó a la política por la puerta grande de los partidos ni por los reflectores del activismo. Llegó en 2005 por las hojas de cálculo del entonces Distrito Federal, manejando deuda pública cuando la mayoría de los funcionarios de su generación todavía aprendían el oficio. De ahí pasó a Banobras, luego a la Secretaría de Hacienda, y eventualmente a dirigir simultáneamente Nafin y Bancomext —los dos brazos del crédito productivo del Estado mexicano— en uno de los momentos más volátiles para el financiamiento externo del país.

Su cercanía con la 4T no es ideológica en el sentido clásico: es funcional. Trabajó directamente con Rogelio Ramírez de la O, el cerebro económico del obradorismo, y entendió —mejor que muchos— cómo sostener estabilidad macroeconómica dentro de un proyecto político que desconfía de los mercados pero los necesita. Eso lo hace valioso para Claudia Sheinbaum: no solo entiende el modelo, sino que sabe ejecutarlo sin romperlo.

¿Por qué ahora y por qué él?

Esteban Moctezuma no sale de Washington por fracaso. Sale porque el tablero cambió de juego. Desde 2021 fue el interlocutor ideal para una etapa de transición: perfil conciliador, relaciones sólidas, útil en el paso de Trump a Biden y en la consolidación inicial del TMEC. Cumplió y seguramente seguirá en la vida diplomática de primer nivel.

Pero lo que viene no se gestiona con diplomacia política. Se gestiona con ingeniería económica.

El comercio bilateral entre México y Estados Unidos supera los 900 mil millones de dólares anuales. Más del 80% de las exportaciones mexicanas dependen del mercado estadounidense. La revisión del TMEC se aproxima en 2026 con sectores enteros bajo presión —automotriz, acero, aluminio, energía— mientras Washington mantiene un discurso endurecido sobre fentanilo, migración y crimen organizado que complica cualquier conversación comercial.

A ese escenario se suman dos relojes políticos que corren en paralelo: el Mundial 2026, donde México coorganiza con Estados Unidos y Canadá una logística de seguridad e inversión sin precedentes, y las elecciones intermedias americanas, donde el proteccionismo y la retórica antiinmigrante históricamente se disparan. Lazzeri aterrizaría en Washington justo cuando los tres se cruzan.

La apuesta y el riesgo

Mandar a un financiero a la embajada más importante del país es un mensaje que Washington sabe leer: lo que viene es negociación dura, no protocolo. Pero esa misma fortaleza es su mayor vulnerabilidad.

Lazzeri llega sin red política propia en Estados Unidos, sin los vínculos personales que toman años construir con congresistas, reguladores y grupos empresariales. En una capital donde las relaciones informales mueven tanto como los tratados formales, eso importa. Y el tiempo para construirlas será escaso: la revisión del TMEC no esperará a que el nuevo embajador encuentre su ritmo.

Su verdadero reto no es técnico. Es traducir credibilidad financiera en poder diplomático real: negociar aranceles sin sacrificar industrias mexicanas, defender el tratado sin contradecir la narrativa nacionalista de la 4T y mantener la confianza de los inversionistas extranjeros en un entorno global que premia la certeza y castiga la ambigüedad.

En la relación más importante (y más costosa) que tiene México, no hay margen para la curva de aprendizaje. Lazzeri lo sabe. La pregunta es si Washington también está dispuesto a escuchar al técnico que llega a cambiar las reglas del juego o solo a administrarlas.????????????????

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