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México

31 detenidos por incendio en alcaldía de Motozintla, Chiapas

Debido a los disturbios que se registraron enMotozintla, Chiapas, donde el domingo incendiaron el Palacio Municipal y liberaron a 80 presos, las autoridades detuvieron a 31 personas, acción que confirmó el secretario de Gobierno del estado, Noé Castañón León.

Otros siete municipios chiapanecos se sumaron aMotozintla, en donde reportaron conflictos postelectorales, en protesta por el cambio de autoridades en los ayuntamientos, varios de los cuales fueron dictados por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

El secretario de Gobierno indicó que desde el lunes la policía del estado mantiene presencia en las zonas conflictivas y afirmó que se castigará “con todo el peso de la ley” a los responsables de las confrontaciones.

En Motozintla ratificaron el triunfo de Óscar Galindo, del Partido Verde Ecologista de México, como presidente municipal, lo que provocó la inconformidad de los presuntos simpatizantes de los partidos e izquierda, que consiguieron el mayor número de votos en la elección del 1 de julio, pero su triunfo fue revocado por el TEPJF.

Más conflictos similares ocurrieron en municipios de la Sierra Madre de Chiapas por el mismo motivo del cambio de poderes municipales, como son Chicomuselo, Bejucal de Ocampo, Frontera Comalapa, Mazapa de Madero, San Fernando, Tila y Sitalá.

En Chicomuselo, localidad situada en la frontera con Guatemala, durante la noche del domingo se informaba de que había disparos de armas de fuego, aunque las autoridades policiales no reportaron personas heridas, sin embargo quemaron dos patrullas.

En Frontera Comalapa y en Ocampo también tomaron las presidencias municipales.

Recapturan a presos

Alrededor de 40 internos, prófugos de la cárcel municipal de Motozintla, liberados por los inconformes por la protesta del nuevo alcalde, fueron recapturados, informó Noé Castañón León, secretario estatal de Gobierno.

“De los 80 reos que fueron liberados, hemos logrado la recaptura de poquito más de 40, muchos prefieren regresar a las carreteras y al salir son detenidos por la policía; otros voluntariamente han venido a entregarse”, explicó el funcionario estatal.

La autoridad reportó que Motozintla retomó este lunes la tranquilidad. La mayoría de los conflictos en los municipios surgieron luego de que el pasado 1 de julio se registraranvotaciones con estrechos márgenes de diferencia entre el primer y segundo lugar; en la mayoría de los casos, el TEPJF revirtió triunfos, después de considerar una serie de irregularidades en los comicios.

(Con información de Notimex)

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México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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