La exconductora de televisión Inés Gómez Mont ha iniciado un proceso legal en Estados Unidos para recuperar su libertad, tras ser detenida por las autoridades migratorias el pasado 30 de octubre. La detención se debió a que, aparentemente, ya no contaba con visa o permiso para residir legalmente en el país norteamericano.

De acuerdo con información de medios nacionales, el equipo legal de Gómez Mont presentó el 31 de octubre un recurso conocido como habeas corpus ante la Corte de Distrito para el Sur de Florida. Este recurso, que tiene similitudes con el amparo en el sistema jurídico mexicano, busca cuestionar la legalidad de su detención.

El juez Jeffrey Kuntz ha ordenado al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) justificar los motivos de la detención de la exconductora, estableciendo como fecha límite el 4 de noviembre. Actualmente, Gómez Mont se encuentra en el Centro de Transición de Broward, ubicado en Pompano Beach, Florida.

Además, los abogados de Gómez Mont han presentado una moción para evitar su traslado a otro centro de detención, argumentando que su hija requiere tratamiento médico. Sin embargo, esta solicitud fue rechazada por el juez, mientras que el recurso de habeas corpus sigue pendiente de resolución.

La Fiscal General de la República de México, Ernestina Godoy, se pronunció sobre el caso, indicando que desde 2025 se había solicitado a Estados Unidos la detención provisional de Gómez Mont con fines de extradición. Godoy aclaró que la detención de la exconductora está relacionada con su situación migratoria, cuya resolución corresponde a las autoridades estadounidenses.

“La fiscalía ejecutará de inmediato las órdenes de aprehensión a su llegada a México”, afirmó Godoy, en caso de que Gómez Mont sea deportada. La Fiscalía y las autoridades mexicanas han subrayado la presunción de inocencia de la exconductora, asegurando que serán los tribunales mexicanos quienes determinen su responsabilidad.

En México, Inés Gómez Mont enfrenta acusaciones por defraudación fiscal equiparada, y su caso ha sido vinculado a investigaciones por presuntas operaciones financieras irregulares. En noviembre de 2019, la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) inició una investigación en su contra, así como de su esposo, Víctor Manuel Álvarez Puga, y otros involucrados.

En 2022, la Fiscalía General de la República (FGR) emitió órdenes de aprehensión contra los principales implicados, señalando un presunto esquema financiero que encubría operaciones falsas y simulaba actos de comercio y prestación de servicios.