Un total de 39 empresas e instituciones nacionales y extranjeras presentaron manifestaciones de interés para participar en la licitación de la Red Compartida, un proyecto ordenado por la reforma en telecomunicaciones de 2013 que consiste en la instalación de una red pública de telecomunicaciones de cobertura nacional que permita el acceso efectivo de la población a la comunicación de banda ancha y a los servicios de telecomunicaciones.
La Red Compartida contempla la utilización de 90 megahercios (MHz) de la banda de 700 MHz del espectro radioeléctrico y será exclusivamente mayorista, es decir, que está diseñada para proporcionar servicios a otros concesionarios o autorizados de servicios públicos de telecomunicaciones, como es el caso los operadores de redes móviles y fijas que deseen incursionar en el mercado móvil y los operadores móviles virtuales.
El desarrollo del proyecto, así como su puesta en marcha y mantenimiento será realizado por un operador privado con el que el gobierno celebrará un contrato de Asociación Pública Privada (APP) mediante licitación o concurso público internacional.
Al dar a conocer a primera versión preliminar de los criterios generales que regirán la licitación, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y el Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel) dijeron que el 54 por ciento de los interesados son empresas o instituciones mexicanas, entre las cuales están la Asociación Mexicana de Internet, MVS Multivisión, y al Red de expertos en telecomunicaciones del Instituto Politécnico Nacional.
No obstante, recordaron que la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión permite hasta 100 por ciento de inversión extranjera en el proyecto.
El 11 de marzo la SCT publicó una solicitud de manifestaciones de interés en la que se invitó a los interesados a enviar sus propuestas y sugerencias a tomar en cuenta en el proceso de licitación. Dicho proceso terminó el pasado 22 de mayo.
La SCT informó que planea poner a disposición del público documentos informativos durante los meses de julio y agosto, pues la publicación de las bases de licitación están programadas para realizarse en octubre próximo.
Se prevé que el despliegue comience el año que entra para cumplir con el mandato de que la red compartida esté en funcionamiento a finales de 2018.
Muchos de los interesados opinaron que los participantes privados de la APP idealmente no deberían tener que pagar por el uso del espectro y que ésta debe ser la contribución del gobierno a la APP.
Los interesados demandaron al gobierno que dicha Red disfrute con una “completa flexibilidad comercial” para ofrecer servicios complementarios a los clientes mayoristas, como la capacidad de acceder a televisión de paga, minería o análisis de datos, portabilidad numérica, gestión de tarjeta SIM, entre otras.
En el caso de la regulación de precios, las opiniones expresadas por la mayoría de los interesados oscilaron entre la no existencia de controles de precios hasta tener una regulación moderada en la materia.
Aunque la mayoría expresaron su interés en la Red Compartida, algunos comentaron su preocupación por su viabilidad comercial. Las preocupaciones incluyen: un objetivo de cobertura que pudiera ser demasiado ambicioso, el alto nivel de inversión requerido, la incertidumbre de la demanda y la creación de una nueva red desde cero.
El 58 por ciento de los interesados indicaron que su intención es involucrarse solo en un aspecto de la cadena de valor, mientras que el resto busca participar en múltiples aspectos dentro del proyecto.
De los participantes interesados en un solo aspecto, 42 por ciento mostraron preferencia en el ámbito de la consultoría; 26 por ciento en la construcción de la red; 16 por ciento como proveedores de servicio, 11 por ciento en la fabricación de equipo para redes y apenas el 5 por ciento en la inversión en el proyecto.
La Jornda
