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5 ventajas de regular las drogas, según expertos internacionales

En un mundo en el que 250 millones de personas consumen alguna droga, la regulación es una estrategia de las naciones para administrar el riesgo que representa la ilegalidad. De acuerdo con Comisión Global de Política de Drogas, este tipo de estrategias reducen los daños que pueden causar tanto en los consumidores como los productores, y es una potencial herramienta para debilitar al crimen organizado.

El estudio “Regulación: El control responsable de las drogas”, recomienda que las naciones reconozcan los peligros que la ilegalidad de las drogas representan en las personas y aceptar que poner en marcha una estrategia de regulación “no implica admitir una derrota ni condonar el uso de drogas”.

La prohibición de las drogas en México ha generado más violencia, además de la criminalización y represión de los consumidores. De acuerdo al informe de la Comisión cualquier reforma de la política de drogas debe tener al sector salud como protagonista.

Estos son 5 puntos a favor de la regulación, según los especialistas:

Escrutinio de producto, venta y acceso
Una regulación de la droga podría llevar a un escrutinio de los productores y de la misma sustancia: los precios, la potencia, el empaquetado y la preparación de productos, dice el informe.

Así, los productores pueden recibir concesiones, ser monitoreados y entrenados, mientras que se puede establecer un orden para la comercialización, promoción, ubicación, presentación y las horas de venta.

“El acceso y la disponibilidad pueden regularse, obviamente en términos de control de la edad, pero también incluyendo opciones como licencias de compradores o esquemas de membresías para clubes, y modelos de prescripción médica”, detalla el texto.

Reducción de daños al consumidor
El informe señala que las drogas con potencias desconocidas se venden y consumen en un ambiente criminal sin ningún control de calidad. Además, algunas veces se anuncian como cosas que no son y están desprovistas de información básica.

Por ello, detalla el texto, el poner a los gobiernos y las agencias regulatorias de vuelta en control de este mercado puede reducir significativamente los riesgos para los consumidores.

Debilitar al crimen organizado
La prohibición ha puesto a las organizaciones criminales en control del comercio ilegal de drogas, y el retomar el control de este mercado para desempoderar al crimen organizado sigue siendo una motivación central para la regulación, según los especialistas.

Esto significa restringir una de las más amplias y accesibles oportunidades criminales, que se traduce no solo a los criminales existentes, sino significativamente a las generaciones criminales futuras.

“Terminar con la prohibición brinda la posibilidad de desviar a millones de potenciales productores de drogas, jóvenes traficantes y comerciantes de un estilo de vida criminal peligroso y destructivo”.

El mercado ilegal alimenta la corrupción y la violencia
La producción y el tráfico ilegal de drogas, añade el informe, están despiadadamente motivados por las ganancias, pero una parte fundamental es la falta de restricciones, la rendición de cuentas y las instituciones que guían a las economías legales.

“Las organizaciones delictivas flexibles y oportunistas se sienten naturalmente atraídas por las comunidades empobrecidas, los estados frágiles o los países sensibles a la corrupción. Aquí las amenazas a su negocio por parte del estado se pueden mantener más fácilmente al límite, se minimizan los costos de producción o tránsito y se maximizan los beneficios”, añade.

Menos violencia y abusos contra derechos humanos
Para los especialistas, la intensificación de la aplicación de políticas prohibicionistas solo sirve para desplazar la actividad ilegal, aumentar la criminalización y el encarcelamiento y, “en particular cuando está militarizado, aumentar los niveles de violencia relacionada con las drogas y abusos contra los derechos humanos”.

Actualmente, dice el informe, las personas involucradas a pequeña escala en actividades no violentas relacionadas con la producción, el tránsito y la venta de sustancias psicoactivas “sufren sentencias extremadamente desproporcionadas” y pueden correr el riesgo de la pena capital o penas de prisión más largas que las que se otorgan por crímenes violentos.

“El disfrute de los derechos humanos, el desarrollo sostenible y la cohesión social exigen sentencias proporcionales, alternativas al encarcelamiento o amnistía, especialmente cuando se establecen medidas políticas y económicas para permitir que estos delincuentes se unan al mercado laboral legal”, añade.

Durante la presentación del informe, el expresidente mexicano Ernesto Zedillo admitió que durante su gobierno, de 1994 a 2000, siguió una “política equivocada” al optar por la prohibición de las drogas en lugar de la regulación.

Zedillo dijo que las políticas prohibicionistas basadas en la represión y la criminalización dejaron un “resultado devastador” en muchos países.

“Estas políticas han fracasado rotundamente y prácticamente en todos los lugares en los que se han aplicado”, dijo y añadió que se incrementaron los problemas de salud pública y violaciones de derechos humanos”.

De acuerdo al estudio, la prohibición de las drogas en México ha tenido efectos devastadores en México: “Como política, ha fracasado para proteger la salud pública o individual y en cambio ha socavado las instituciones del Estado”.

Fuente: Animal Político

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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