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Resto del mundo

50 millones en esclavitud moderna

Ginebra, Suiza .- La esclavitud moderna ha aumentado en el mundo en los últimos años, en especial impulsada por la pandemia de Covid-19, con cerca de 50 millones de personas obligadas el año pasado a trabajar o a contraer matrimonio, indicó el lunes la ONU.

La ONU desea erradicar esta plaga en 2030 pero el año pasado 10 millones de personas suplementarias se hallaban en situación de esclavitud moderna respecto a las estimaciones mundiales de 2016, según el último informe publicado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

De los 50 millones de esclavos modernos, cerca de 27.6 millones eran personas sometidas a trabajo forzado y 22 millones personas casadas contra su voluntad.

Las mujeres y las niñas representan más de los dos tercios de las personas forzadas al matrimonio, y cerca de cuatro de cada cinco son personas en situación de explotación sexual comercial, según el informe.

La pandemia, que provocó un deterioro de las condiciones de trabajo y un aumento del endeudamiento de los trabajadores, ha reforzado los resortes de la esclavitud moderna bajo todas sus formas.

En todo el mundo, cerca de una persona de cada 150 es considerada como un esclavo moderno.

Estos datos, que proceden de datos de hogares representativos a nivel nacional, indican que los casos de esclavitud no son transitorios, sino que duran varios años.

«Es escandaloso que la situación de la esclavitud moderna no mejore. Nada puede justificar la persistencia de este abuso fundamental de los derechos humanos», dijo el Director General de la OIT, Guy Ryder, en un comunicado.

«Los sindicatos, las organizaciones empresariales, la sociedad civil y los ciudadanos de a pie tienen un papel fundamental que desempeñar».

Medidas propuestas para erradicar esclavitud moderna

El informe propone una serie de medidas que supondrían un avance significativo para acabar con la esclavitud moderna.

Entre ellas se encuentran:

– Mejorar y hacer cumplir las leyes y las inspecciones de trabajo.

 – Poner fin al trabajo forzoso impuesto por el Estado.

 – Reforzar las medidas para combatir el trabajo forzoso y la trata de personas en las empresas y las cadenas de suministro.

 – Ampliar la protección social, y reforzar las protecciones legales incluida la elevación de la edad legal para contraer matrimonio a los 18 años sin excepción.

Las mujeres y los niños siguen siendo vulnerables de forma desproporcionada. Cerca de un trabajador forzado de cada ocho es un niño, y más de la mitad de ellos son víctimas de explotación sexual comercial.

Por otro lado, los trabajadores migrantes son tres veces más susceptibles de ser sometidos a trabajos forzados que los trabajadores adultos no migrantes.

António Vitorino, Director General de la OIM, recalca «la urgencia de garantizar que toda la migración sea segura, ordenada y regular».

«La reducción de la vulnerabilidad de los migrantes al trabajo forzoso y a la trata de personas depende, en primer lugar, de marcos políticos y jurídicos nacionales que respeten, protejan y hagan realidad los derechos humanos y las libertades fundamentales de todos los migrantes» agregó.

La esclavitud moderna se da en casi todos los países del mundo, y atraviesa líneas étnicas, culturales y religiosas. Más de la mitad (52%) de todos los trabajos forzados y una cuarta parte de todos los matrimonios forzados se encuentran en países de renta media-alta o alta.

Resto del mundo

Cofece multa a Walmart por prácticas monopólicas: la batalla legal apenas comienza

La Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) asestó un golpe histórico al multar a Walmart de México con 93.4 millones de pesos tras concluir una investigación que se extendió por más de cuatro años. La razón: prácticas monopólicas relativas, particularmente en el trato con sus distribuidores.

Según el dictamen de la Cofece, Walmart aprovechó su posición dominante en el mercado para imponer condiciones desfavorables a los proveedores, afectando la competencia en el sector. Aunque no se han revelado todos los detalles de las “contribuciones” impuestas a los distribuidores, el veredicto destaca cómo estas prácticas distorsionan el acceso al mercado y perjudican a competidores más pequeños.

En respuesta, Walmart no tardó en reaccionar. La empresa anunció que impugnará la decisión y enfatizó su compromiso con el cumplimiento de las leyes mexicanas. En su comunicación oficial, destacó que la sanción carece de fundamento y que está basada en interpretaciones erróneas. Este movimiento era predecible: para una empresa de este tamaño, 93 millones de pesos no solo representan una cifra considerable, sino también una amenaza a su reputación.

Por otro lado, la Cofece también se juega mucho. Este caso es una muestra clara de su intención de reforzar la vigilancia sobre los gigantes corporativos. Sin embargo, una batalla legal prolongada podría poner a prueba su capacidad de defender sus resoluciones en tribunales.

Más allá de la multa, el caso de Walmart pone el reflector sobre una problemática común en el comercio minorista: el desbalance de poder entre grandes cadenas y pequeños distribuidores. Si bien el desenlace de este litigio aún está por definirse, el mensaje es claro: los días de actuar sin consecuencias podrían estar contados. La industria y los consumidores estarán atentos a cada movimiento en esta batalla judicial.

 

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