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Mujeres filipinas se embarazan, salen de su país y venden a sus bebés

Las redes de trafico de personas que operan en Filipinas apuntan ahora hacia los bebés de las mujeres embarazadas, a las que facilitan el viaje a otro país para que den a luz y se desprendan de los recién nacidos a cambio de dinero, en lo que se ha convertido en otra modalidad de tráfico humano.

De este método se tuvo noticia por vez primera a finales del año pasado, cuando las autoridades de Malta alertaron del caso de una mujer filipina embarazada de siete meses que había viajado a ese país del Mediterráneo como turista en 2010.

«Una vez en Malta, dio a luz y dejó a su hijo allí, suponemos que a cambio de dinero. No hay duda de que es una forma de tráfico», explica a Efe Bernadette Abejo, directora del Panel para la Adopción Internacional de Filipinas, la oficina del Gobierno que tramita todas las adopciones internacionales.

Según UNICEF, entre 60 mil y 100 mil personas son víctimas de la trata de personas en Filipinas todos los años. Aunque hasta el momento es el único caso documentado, Abejo subraya que «sin duda se han producido más».

«Nos han llegado informes no oficiales de las autoridades de Malta y de otros sitios. Nos llegan noticias sobre estos casos a veces, pero no podemos hacerlos públicos hasta que no obtenemos todas las pruebas. Tampoco tenemos informes de cómo operan estos grupos», añade.

Hace unas semanas el congresista Rufus Rodriguez, del partido Abante Mindanao, dijo en el Parlamento que las bandas dedicadas al tráfico de personas fijan su blanco en mujeres pobres a las que facilitan los documentos necesarios, billetes de avión y algo de dinero para que viajen al extranjero y entreguen allí al bebé.

El caso maltés sólo se descubrió cuando los padres adoptivos de la criatura iniciaron los trámite burocráticos para legalizar su situación.

Una de las personas que ayudó a la madre biológica a viajar está siendo juzgada por el falso testimonio que prestó al comparecer ante las autoridades de inmigración maltesas, ya que omitió que la mujer estaba encinta cuando avaló su entrada en el país.

«Sólo nos podemos enterar de casos así años después. También tenemos el caso de un niño que fue dejado en Austria de forma ilegal con un año y medio. Sólo cuando nos informan las autoridades del país en cuestión podemos obtener esas informaciones», se lamenta Abejo.

Aunque las autoridades filipinas se han comprometido a redoblar esfuerzos con el fin de combatir este método, Abejo recuerda que resulta prácticamente imposible controlar a todas las mujeres que abandonan el país asiático como turistas.

«Quizá se deba limitar el viaje de las mujeres en un avanzado estado de gestación. Resulta bastante fácil detectar a una mujer embarazada de siete meses», propone la directora del Panel de Adopción Internacional.

Abejo recuerda que esta nueva forma de venta de niños no hace más que agravar un problema que afecta a Filipinas desde hace décadas.

«Hemos detectado en los últimos años casos de niños que son vendidos en Singapur. Los traficantes consiguen toda la documentación necesaria y de esta forma burlan los controles. Con los esfuerzos de los últimos años, hemos rescatado a muchos niños que iban a ser vendidos, pero la mayor parte de las veces no nos enteramos», admite Abejo.

Sus recientes progresos han sacado a Filipinas de la lista negra de países permisivos elaborada por Estados Unidos, pero la venta de niños en adopción todavía no está tipificada como delito penal en la ley de tráfico humano promulgada en 2003.

«Ese aspecto está pendiente de aprobación, pero de momento sólo se contempla el tráfico para prostitución y trabajo», dice Abejo.

El pasado año 406 niños filipinos de entre 0 y 15 años fueron adoptados de forma legal por familias de Norteamérica, Asia, Oceanía y Europa.

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Cofece multa a Walmart por prácticas monopólicas: la batalla legal apenas comienza

La Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) asestó un golpe histórico al multar a Walmart de México con 93.4 millones de pesos tras concluir una investigación que se extendió por más de cuatro años. La razón: prácticas monopólicas relativas, particularmente en el trato con sus distribuidores.

Según el dictamen de la Cofece, Walmart aprovechó su posición dominante en el mercado para imponer condiciones desfavorables a los proveedores, afectando la competencia en el sector. Aunque no se han revelado todos los detalles de las “contribuciones” impuestas a los distribuidores, el veredicto destaca cómo estas prácticas distorsionan el acceso al mercado y perjudican a competidores más pequeños.

En respuesta, Walmart no tardó en reaccionar. La empresa anunció que impugnará la decisión y enfatizó su compromiso con el cumplimiento de las leyes mexicanas. En su comunicación oficial, destacó que la sanción carece de fundamento y que está basada en interpretaciones erróneas. Este movimiento era predecible: para una empresa de este tamaño, 93 millones de pesos no solo representan una cifra considerable, sino también una amenaza a su reputación.

Por otro lado, la Cofece también se juega mucho. Este caso es una muestra clara de su intención de reforzar la vigilancia sobre los gigantes corporativos. Sin embargo, una batalla legal prolongada podría poner a prueba su capacidad de defender sus resoluciones en tribunales.

Más allá de la multa, el caso de Walmart pone el reflector sobre una problemática común en el comercio minorista: el desbalance de poder entre grandes cadenas y pequeños distribuidores. Si bien el desenlace de este litigio aún está por definirse, el mensaje es claro: los días de actuar sin consecuencias podrían estar contados. La industria y los consumidores estarán atentos a cada movimiento en esta batalla judicial.

 

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