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Mujeres filipinas se embarazan, salen de su país y venden a sus bebés

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Las redes de trafico de personas que operan en Filipinas apuntan ahora hacia los bebés de las mujeres embarazadas, a las que facilitan el viaje a otro país para que den a luz y se desprendan de los recién nacidos a cambio de dinero, en lo que se ha convertido en otra modalidad de tráfico humano.

De este método se tuvo noticia por vez primera a finales del año pasado, cuando las autoridades de Malta alertaron del caso de una mujer filipina embarazada de siete meses que había viajado a ese país del Mediterráneo como turista en 2010.

«Una vez en Malta, dio a luz y dejó a su hijo allí, suponemos que a cambio de dinero. No hay duda de que es una forma de tráfico», explica a Efe Bernadette Abejo, directora del Panel para la Adopción Internacional de Filipinas, la oficina del Gobierno que tramita todas las adopciones internacionales.

Según UNICEF, entre 60 mil y 100 mil personas son víctimas de la trata de personas en Filipinas todos los años. Aunque hasta el momento es el único caso documentado, Abejo subraya que «sin duda se han producido más».

«Nos han llegado informes no oficiales de las autoridades de Malta y de otros sitios. Nos llegan noticias sobre estos casos a veces, pero no podemos hacerlos públicos hasta que no obtenemos todas las pruebas. Tampoco tenemos informes de cómo operan estos grupos», añade.

Hace unas semanas el congresista Rufus Rodriguez, del partido Abante Mindanao, dijo en el Parlamento que las bandas dedicadas al tráfico de personas fijan su blanco en mujeres pobres a las que facilitan los documentos necesarios, billetes de avión y algo de dinero para que viajen al extranjero y entreguen allí al bebé.

El caso maltés sólo se descubrió cuando los padres adoptivos de la criatura iniciaron los trámite burocráticos para legalizar su situación.

Una de las personas que ayudó a la madre biológica a viajar está siendo juzgada por el falso testimonio que prestó al comparecer ante las autoridades de inmigración maltesas, ya que omitió que la mujer estaba encinta cuando avaló su entrada en el país.

«Sólo nos podemos enterar de casos así años después. También tenemos el caso de un niño que fue dejado en Austria de forma ilegal con un año y medio. Sólo cuando nos informan las autoridades del país en cuestión podemos obtener esas informaciones», se lamenta Abejo.

Aunque las autoridades filipinas se han comprometido a redoblar esfuerzos con el fin de combatir este método, Abejo recuerda que resulta prácticamente imposible controlar a todas las mujeres que abandonan el país asiático como turistas.

«Quizá se deba limitar el viaje de las mujeres en un avanzado estado de gestación. Resulta bastante fácil detectar a una mujer embarazada de siete meses», propone la directora del Panel de Adopción Internacional.

Abejo recuerda que esta nueva forma de venta de niños no hace más que agravar un problema que afecta a Filipinas desde hace décadas.

«Hemos detectado en los últimos años casos de niños que son vendidos en Singapur. Los traficantes consiguen toda la documentación necesaria y de esta forma burlan los controles. Con los esfuerzos de los últimos años, hemos rescatado a muchos niños que iban a ser vendidos, pero la mayor parte de las veces no nos enteramos», admite Abejo.

Sus recientes progresos han sacado a Filipinas de la lista negra de países permisivos elaborada por Estados Unidos, pero la venta de niños en adopción todavía no está tipificada como delito penal en la ley de tráfico humano promulgada en 2003.

«Ese aspecto está pendiente de aprobación, pero de momento sólo se contempla el tráfico para prostitución y trabajo», dice Abejo.

El pasado año 406 niños filipinos de entre 0 y 15 años fueron adoptados de forma legal por familias de Norteamérica, Asia, Oceanía y Europa.

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Ordenan indemnización millonaria por accidente aéreo en Cuba que dejó 112 muertos

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Un juez mexicano ordenó el pago de indemnizaciones tras el accidente aéreo ocurrido en 2018 en Cuba, donde murieron 112 personas, al determinar que el siniestro estuvo relacionado con fallas en el mantenimiento de la aeronave.

De acuerdo con documentos judiciales fechados el 31 de marzo y consultados por The Washington Post a través de la Agencia AP, un peritaje independiente concluyó que el hecho fue un “accidente institucional” derivado de negligencia sistemática en los trabajos de mantenimiento, señalando que el avión no debió despegar.

Con base en estos hallazgos, el juez resolvió que la empresa Aerolíneas Damojh, que operaba bajo el nombre comercial Global Air, deberá pagar 1.5 millones de dólares a cada una de las familias de los cuatro tripulantes mexicanos que promovieron la demanda inicial. La aerolínea no se presentó al juicio, por lo que fue sentenciada en ausencia.

El accidente involucró un Boeing 737 que se desplomó en un campo agrícola poco después de despegar del Aeropuerto Internacional José Martí. De las 113 personas a bordo, solo una mujer sobrevivió, mientras que la mayoría de las víctimas eran de nacionalidad cubana.

El informe pericial citado establece que los pilotos fueron la última línea de defensa, sin lograr evitar el impacto. Asimismo, señala que la causa principal fue la falta de mantenimiento adecuado por parte de la empresa propietaria.

El abogado de los demandantes, Samuel González, afirmó que desde el primer día en La Habana, el jefe de mantenimiento de la compañía reconoció ante los familiares que la aeronave no debía estar en operación.

La sentencia también identificó omisiones en los protocolos y deficiencias en la supervisión, factores que derivaron en el accidente y en la apertura de procesos legales por homicidio y demandas colectivas.

Mientras en Cuba las autoridades atribuyeron el hecho a error humano, en México se suspendió temporalmente a la empresa y se inició una investigación, sin que hasta el momento se haya informado su avance.

El litigio continúa, ya que se mantiene una demanda civil colectiva en representación de las víctimas, además de una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República. Según la defensa, la investigación enfrenta obstáculos debido a la falta de información por parte de autoridades cubanas.

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