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Chihuahua

Pide diputada den a conocer la Ley de Derechos de los Pueblos Indígenas

A través de una iniciativa de Acuerdo la Diputada Mayra Díaz Guerra, solicitó al Poder Ejecutivo del Estado, así como a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, implementen los mecanismos necesarios para dar a conocer de manera directa la Ley de Derechos de los Pueblos Indígenas.

A través de una iniciativa de Acuerdo la Diputada Mayra Díaz Guerra, solicitó al Poder Ejecutivo del Estado, así como a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, implementen los mecanismos necesarios para dar a conocer de manera directa la Ley de Derechos de los Pueblos Indígenas.

El Interés que mueve a la presentación de dicha propuesta obedece en el sentir que expresan las comunidades indígenas al efectuar el acercamiento que los legisladores deben entablar y fomentar para con los representados, así como también, en la constante búsqueda del concepto de reconocimiento de la Identidad pluricultural.

Por otro lado, el 31 de enero del presente año se aprobó la Ley de Derechos de los Pueblos Indígenas del Estado de Chihuahua, misma que fue publicada el 29 de junio del año 2013; por tal motivo, resulta necesario fortalecer un círculo virtuoso que se desarrolle en torno de esta Ley, pues establece un orden legal relativamente novedoso en cuanto a los derechos de las comunidades indígenas, pues establece las bases idóneas para señalar que es derecho y responsabilidad de los pueblos y personas indígenas definir su pertenencia a la comunidad indígena esto claro garantizando su identidad.

En este sentido, también, es obligación del Estado, el asegurarse que esas comunidades indígenas sepan sin lugar a duda el por qué de su derecho y el cómo ejercerlo.

Por lo anterior, los diputados integrantes de la Comisión de Pueblos y Comunidades Indígenas, consideran conveniente emitir el exhorto al Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Educación Cultura y Deporte y de la Coordinación Estatal de la Tarahumara, así como a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, para que difundan la Ley de Derechos de los Pueblos Indígenas del Estado de Chihuahua, implementando, en la medida de lo posible, los mecanismos necesarios para darla a conocer de manera directa, plena e informada y de esta manera sensibilizar a la sociedad en general.

El Acuerdo los signan también los diputados María Ana Pérez Enríquez, Héctor Hugo Avitia Corral, Águeda Torres Varela y Rosemberg Loera Chaparro.

DipMDiaz

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Chihuahua

Leticia Ortega advierte: la “alienación parental” es un retroceso y un riesgo para la infancia

Chihuahua, Chih., 14 de agosto de 2025. – La diputada de Morena, Leticia Ortega Máynez, advirtió sobre los riesgos de incluir la llamada “alienación parental” en la legislación de Chihuahua, señalando que esta figura, lejos de fortalecer a las familias, ha demostrado en otros estados y países que puede ser utilizada para encubrir agresiones y silenciar la voz de niñas, niños y adolescentes.

“Todas las niñas y niños merecen crecer en un hogar seguro, libres de violencia y con su voz escuchada. No podemos permitir que una figura sin sustento científico y desechada por organismos de derechos humanos se convierta en una herramienta para desprotegerlos”, señaló.

En 2017, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México celebró la eliminación de esta figura en el Código Civil local, tras documentar que se aplicaba con sesgo de género y se utilizaba para revictimizar a madres protectoras, así como para forzar la convivencia de niñas y niños con presuntos agresores.

El origen de la “alienación parental” se remonta a la década de 1980, cuando fue propuesta por el psiquiatra estadounidense Richard Gardner, sin respaldo científico y sin considerar la violencia familiar ni el abuso sexual. En sus escritos, llegó incluso a minimizar la gravedad de estos delitos, lo que generó un amplio rechazo en la comunidad académica y científica. Hoy, ningún organismo de salud o de derechos humanos la reconoce como una figura válida.

“Si se aprueba en Chihuahua, corremos el riesgo de que las denuncias legítimas de niñas y niños sean puestas en duda y que, por ley, puedan ser enviados nuevamente a convivir con quienes los han lastimado. Eso no es justicia, es un retroceso”, afirmó Ortega Máynez.

La legisladora hizo un llamado a las y los integrantes del Congreso para escuchar a especialistas y organizaciones que trabajan por la protección de la infancia: “En Chihuahua no podemos legislar de espaldas a la evidencia. Nuestro deber no es dar nuevas herramientas a la violencia, sino reducir las posibilidades de que sea ejercida”.

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