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AUTODEFENSILANDIA por Victor M. Quintana SILVEIRA

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AUTODEFENSILANDIA

Por Víctor M. Quintana S,

 

 

En México, el gobierno y los poderosos, legales e ilegles, producen tantas vulnerabilidades que no solamente se ve uno obligado a armarse y disparar en legítima defensa: se trabaja en la economía informal en legítima defensa; se emigra indocumentadamente en legítima defensa, se acude a la medicina alternativa en legítima defensa. Porque cuando el Estado falla, o se ausenta, o cae en manos de los poderes fácticos, la ciudadanía suple las funciones de éste, se las ingenia para autodefenderse no sólo en el orden público sino en todos los componentes de su seguridad humana.

 

Las comunidades indígenas fueron las primeras en construir sus propias autodefensas. Ante la invasión de sus territorios y el despojo de sus recursos naturales y ante la pasividad o complicidad de los diversos órdenes de gobierno, se organizaron en policías comunitarias y se armaron precariamente. Así lo hicieron en muchos pueblos acosados, sobre todo en Michoacán y Guerrero. Varias comunidades pagaron cara su valentía cuando fueron asesinados algunos de los suyos, como en Cherán, Michoacán. Hasta han sido encarcelados por aquellos cuyas funciones suplen con el pretexto de “portación de armas de uso exclusivo del Ejército”.

 

En la Tierra Caliente de Michoacán las autodefensas ya no son las comunidades indígenas que se arman. Productores agropecuarios, rancheros, comerciantes, toman las armas o pagan a quienes las toman para poner un hasta aquí a las extorsiones, secuestros, robos, incendios, de esa gran empresa criminal diversificada que son los Caballeros Templarios, protegidos o coludidos mucho tiempo con las llamadas fuerzas del orden.

 

Hay otras iniciativas ante la falencia o ausencia estatal del ámbito de la seguridad  pública, así lo revelan la proliferación de policías privadas y de calles cerradas por los vecinos, La informalización de la seguridad pública ha roto por completo el monopolio estatal de la violencia legítima a la vez que abre la puerta a la paramilitarización de la sociedad con todo y los efectos perversos que esta pueda acarrear, como son el cobro de cuotas de protección o el dominio de fuerzas para legales o francamente ilegales en no pocas zonas del país.

 

Pero la autodefensa social se extiende a otros aspectos de la inseguridad humana. Ante la incertidumbre de empleo y del ingreso, la economía informal sigue proliferando, tanto en su vertiente licita, como en la venta de mercancías piratas o, peor aún, en su vertiente de economía criminal diversificada.  La migración así sea indocumentada, es otra de las formas con que las familias se autodefienden del desempleo o de los empleos de muy baja calidad, a pesar de que tengan que arriesgar su vida al cruzar la frontera.

 

Los agricultores se autodefienden en muchos sentidos: de los embargos promovidos por los bancos, de los cortes de energía eléctrica por parte de la CFE,  de los coyotes e intermediarios que les pagan a nada sus cosechas. Las comunidades rurales se defienden como pueden del despojo de sus tierras, de sus aguas, de sus bosques, ejecutados por compañías mineras, forestales, turísticas, de energía, que, esas sí, son defendidas por el Estado o por pistoleros contratados como paramilitares.

 

Ante la insuficiencia y mala calidad de los servicios de salud pública la gente se autodefiende de la enfermedad acudiendo a la medicina tradicional o alternativa. Aquí también se abre puerta a los efectos perversos pues muchas personas son víctimas de charlatanes y profesionales sin escrúpulos.

 

La autodefensa de la sociedad cunde por doquier: las organizaciones no gubernamentales son quienes mejor defienden los derechos humanos de víctimas y familiares de desaparecidos, torturados, de los feminicidios, de los detenidos ilegalmente. Son formas de autodefensa las instituciones que la propia sociedad se da para proteger a los cada vez más indefensos adultos mayores, niñas y niños en situación de calle, personas con discapacidad, adictos…porque el Estado no ha sido capaz de estructurar instituciones y mecanismos ágiles y eficaces para atender a todos estos sectores vulnerables.

 

El Estado mexicano se ha convertido en el corazón con crecimiento atrófico  de un cuerpo social al que cada vez bombea menos sangre. Hablando en términos de Boaventura de Sousa Santos, dicho Estado ha ido reduciendo al mínimo su lógica de regulación/emancipación, para entregarse a lógica de apropiación/violencia

 

Indudablemente las acciones de autodefensa social en todos los aspectos resultan en construcción de contrapoderes, de ínsulas de autogestión  y participación ciudadana. Sin embargo, sería ingenuo pensar que la acumulación de estas experiencias irá generando una dualidad de poderes tal que habrá un momento en que el actual Estado, cada vez más decrépito, se derrumbe. El actual Estado, así se esté vaciando de sentido, o adopte la función de sólo proteger y defender a los poderosos, así esté atrofiado o agujereado, o fallido, mantiene una gran fuerza ante los débiles y es eficaz para garantizar los privilegios de los poderosos. Por eso, a la vez que se le combate o se le vacía desde abajo, es necesario transformarlo políticamente desde arriba, desde las propias instancias del poder político. No hay más que con estas bases refundar la República.

 

 

 

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Inzunza: la decadencia del favorito. Por Caleb Ordóñez T.

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Hay políticos que caen peleando. Hay políticos que caen defendiendo una causa. Y hay políticos cuya caída comienza mucho antes de que ellos mismos se den cuenta; cuando todavía sonríen en las fotografías oficiales y firman acuerdos con la soltura de quien cree que el futuro le pertenece.

La historia reciente de Enrique Inzunza Cázares parece pertenecer a esta última categoría.

Porque más allá de las acusaciones que enfrenta, más allá de los expedientes estadounidenses y más allá del ruido mediático que rodea a Sinaloa, hay algo que llama poderosamente la atención: Inzunza no se comporta como alguien que busca convencer al país de su inocencia. Se comporta como alguien atrapado en una partida de ajedrez donde cada movimiento tiene un único objetivo: sobrevivir un turno más. Viviendo en un eterno jaque.

Durante años fue presentado como uno de los hombres más inteligentes del círculo cercano de Rubén Rocha Moya. Jurista, magistrado, presidente del Supremo Tribunal de Justicia, secretario general de Gobierno y después senador de la República. Su ascenso fue tan rápido que muchos (casi todos) dentro de Morena en Sinaloa, lo veían como una especie de gobernador en espera.

No era un político de masas. No era un gran orador. No era un líder carismático.

Su poder provenía de otra parte: de la operación silenciosa, del control institucional, de la cercanía con el grupo gobernante y de una influencia que crecía discretamente, lejos de los reflectores, precisamente donde ese tipo de poder se cultiva mejor.

Por eso resulta tan revelador observar lo que ocurre hoy.Cuando un político es acusado injustamente, normalmente intenta salir a dar la cara. Busca entrevistas. Explica. Debate. Confronta. Construye una narrativa que lo sostenga mientras el temporal amaina.

Inzunza ha hecho exactamente lo contrario.

Los números lo dicen con una frialdad que ningún argumento político puede disfrazar.

Desde el 29 de abril de 2026, cuando el Departamento de Justicia de Estados Unidos hizo pública la acusación formal en su contra, Inzunza acumuló 21 días de ausencia en sesiones del Congreso. No pidió licencia. No renunció. Simplemente dejó de aparecer. Su única reaparición fue una fotografía en redes sociales junto a su madre, con ubicación en Batequitas, Badiraguato. Un político que dice no tener nada que esconder, escondido. Y cuando finalmente habló, lo hizo desde X, con una frase que revela más de lo que oculta:

«Soy abogado de mí mismo y me basta mi probidad.» Es la declaración de alguien que no quiere testigos en su defensa.

Y en política las formas importan tanto como los hechos, porque la percepción pública rara vez se construye únicamente con documentos judiciales. También se construye observando cómo reaccionan los protagonistas cuando el suelo comienza a moverse bajo sus pies.

Lo que proyecta Inzunza no es fortaleza. No transmite confianza. No parece un político concentrado en demostrar que las acusaciones son falsas.

Parece un político concentrado en administrar daños.

Esa imagen explica en buena medida por qué hoy se encuentra tan aislado. No porque Morena haya decidido abandonarlo de la noche a la mañana. No porque el Senado haya ejecutado una conspiración interna. Sino porque el propio Inzunza dejó de ser una apuesta rentable.

La política es brutalmente pragmática. Los partidos respaldan a quienes generan votos, estabilidad o futuro. Cuando un liderazgo comienza a representar riesgo, incertidumbre o desgaste, las distancias aparecen solas, sin reuniones, sin comunicados, sin rupturas formales. Simplemente aparecen.

Hace apenas unos meses su nombre figuraba entre los aspirantes más serios para suceder a Rocha en la gubernatura de Sinaloa. Hoy prácticamente nadie dentro del oficialismo habla de esa posibilidad. No porque exista una sentencia. No porque haya sido declarado culpable. Sino porque la candidatura dejó de ser viable.

Y en política la inviabilidad suele ser una condena mucho más rápida que cualquier resolución judicial.

Lo verdaderamente inquietante es que el caso de Inzunza trasciende a una sola persona.

Se convierte en un espejo incómodo para todo el sistema político mexicano.

Lo que hace singular el caso de Inzunza no es la acusación en sí. Es la arquitectura que describe. Según el expediente estadounidense, Inzunza habría acompañado al gobernador

Rocha Moya a una reunión con Los Chapitos tras las elecciones de junio de 2021, cuando todavía era secretario general del gobierno estatal y en ese encuentro habrían acordado que el cártel tendría control sobre la Policía Estatal de Sinaloa. Si eso es cierto, no estamos hablando de un funcionario que recibió un sobre. Estamos hablando de una negociación institucional: el Estado cediendo su monopolio de la fuerza a cambio de estabilidad política.

Eso es algo cualitativamente distinto, y más perturbador, que la corrupción individual de siempre. No es un hombre que se corrompió. Es una institución que se ofreció.

Por eso el caso Inzunza genera tanta atención. No solo por sus detalles particulares, sino porque representa el choque entre dos narrativas que México lleva años intentando reconciliar sin éxito: la del político exitoso que parecía destinado a gobernar uno de los

estados más importantes del país, y la del funcionario que termina convertido en símbolo de una crisis de confianza cada vez más profunda.

Su tragedia política no consiste únicamente en las acusaciones.

Consiste en haber perdido aquello que realmente construye el poder: la credibilidad.

Cuando la gente deja de creer en tu futuro, el poder comienza a evaporarse. Cuando tus aliados dejan de apostar por ti, el aislamiento se vuelve inevitable. Cuando tu nombre genera más preguntas que certezas, las puertas empiezan a cerrarse, no con portazos, sino con la silenciosa delicadeza con que se cierra una puerta frente a alguien a quien ya no se espera.

Por eso Enrique Inzunza muy probablemente ya no será gobernador de Sinaloa. No porque un

juez lo haya decretado. No porque un partido lo haya expulsado. Sino porque la política mexicana ya comenzó a actuar como si ese futuro hubiera desaparecido.

Y pocas cosas son más devastadoras para un político que seguir ocupando un cargo mientras todos a su alrededor se comportan como si su historia ya hubiera terminado.

Esa es la verdadera decadencia.

No perder el poder. Sino ver cómo el poder te abandona: despacio, en silencio, sin siquiera molestarse en despedirse.

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