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AUTODEFENSILANDIA por Victor M. Quintana SILVEIRA

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AUTODEFENSILANDIA

Por Víctor M. Quintana S,

 

 

En México, el gobierno y los poderosos, legales e ilegles, producen tantas vulnerabilidades que no solamente se ve uno obligado a armarse y disparar en legítima defensa: se trabaja en la economía informal en legítima defensa; se emigra indocumentadamente en legítima defensa, se acude a la medicina alternativa en legítima defensa. Porque cuando el Estado falla, o se ausenta, o cae en manos de los poderes fácticos, la ciudadanía suple las funciones de éste, se las ingenia para autodefenderse no sólo en el orden público sino en todos los componentes de su seguridad humana.

 

Las comunidades indígenas fueron las primeras en construir sus propias autodefensas. Ante la invasión de sus territorios y el despojo de sus recursos naturales y ante la pasividad o complicidad de los diversos órdenes de gobierno, se organizaron en policías comunitarias y se armaron precariamente. Así lo hicieron en muchos pueblos acosados, sobre todo en Michoacán y Guerrero. Varias comunidades pagaron cara su valentía cuando fueron asesinados algunos de los suyos, como en Cherán, Michoacán. Hasta han sido encarcelados por aquellos cuyas funciones suplen con el pretexto de “portación de armas de uso exclusivo del Ejército”.

 

En la Tierra Caliente de Michoacán las autodefensas ya no son las comunidades indígenas que se arman. Productores agropecuarios, rancheros, comerciantes, toman las armas o pagan a quienes las toman para poner un hasta aquí a las extorsiones, secuestros, robos, incendios, de esa gran empresa criminal diversificada que son los Caballeros Templarios, protegidos o coludidos mucho tiempo con las llamadas fuerzas del orden.

 

Hay otras iniciativas ante la falencia o ausencia estatal del ámbito de la seguridad  pública, así lo revelan la proliferación de policías privadas y de calles cerradas por los vecinos, La informalización de la seguridad pública ha roto por completo el monopolio estatal de la violencia legítima a la vez que abre la puerta a la paramilitarización de la sociedad con todo y los efectos perversos que esta pueda acarrear, como son el cobro de cuotas de protección o el dominio de fuerzas para legales o francamente ilegales en no pocas zonas del país.

 

Pero la autodefensa social se extiende a otros aspectos de la inseguridad humana. Ante la incertidumbre de empleo y del ingreso, la economía informal sigue proliferando, tanto en su vertiente licita, como en la venta de mercancías piratas o, peor aún, en su vertiente de economía criminal diversificada.  La migración así sea indocumentada, es otra de las formas con que las familias se autodefienden del desempleo o de los empleos de muy baja calidad, a pesar de que tengan que arriesgar su vida al cruzar la frontera.

 

Los agricultores se autodefienden en muchos sentidos: de los embargos promovidos por los bancos, de los cortes de energía eléctrica por parte de la CFE,  de los coyotes e intermediarios que les pagan a nada sus cosechas. Las comunidades rurales se defienden como pueden del despojo de sus tierras, de sus aguas, de sus bosques, ejecutados por compañías mineras, forestales, turísticas, de energía, que, esas sí, son defendidas por el Estado o por pistoleros contratados como paramilitares.

 

Ante la insuficiencia y mala calidad de los servicios de salud pública la gente se autodefiende de la enfermedad acudiendo a la medicina tradicional o alternativa. Aquí también se abre puerta a los efectos perversos pues muchas personas son víctimas de charlatanes y profesionales sin escrúpulos.

 

La autodefensa de la sociedad cunde por doquier: las organizaciones no gubernamentales son quienes mejor defienden los derechos humanos de víctimas y familiares de desaparecidos, torturados, de los feminicidios, de los detenidos ilegalmente. Son formas de autodefensa las instituciones que la propia sociedad se da para proteger a los cada vez más indefensos adultos mayores, niñas y niños en situación de calle, personas con discapacidad, adictos…porque el Estado no ha sido capaz de estructurar instituciones y mecanismos ágiles y eficaces para atender a todos estos sectores vulnerables.

 

El Estado mexicano se ha convertido en el corazón con crecimiento atrófico  de un cuerpo social al que cada vez bombea menos sangre. Hablando en términos de Boaventura de Sousa Santos, dicho Estado ha ido reduciendo al mínimo su lógica de regulación/emancipación, para entregarse a lógica de apropiación/violencia

 

Indudablemente las acciones de autodefensa social en todos los aspectos resultan en construcción de contrapoderes, de ínsulas de autogestión  y participación ciudadana. Sin embargo, sería ingenuo pensar que la acumulación de estas experiencias irá generando una dualidad de poderes tal que habrá un momento en que el actual Estado, cada vez más decrépito, se derrumbe. El actual Estado, así se esté vaciando de sentido, o adopte la función de sólo proteger y defender a los poderosos, así esté atrofiado o agujereado, o fallido, mantiene una gran fuerza ante los débiles y es eficaz para garantizar los privilegios de los poderosos. Por eso, a la vez que se le combate o se le vacía desde abajo, es necesario transformarlo políticamente desde arriba, desde las propias instancias del poder político. No hay más que con estas bases refundar la República.

 

 

 

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Reforma caída, poder en disputa. Por Caleb Ordóñez T.

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La reforma electoral enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum pretendía convertirse en una de las grandes piezas políticas de su primer tramo de gobierno. No era una iniciativa menor: implicaba tocar las reglas del sistema político mexicano, rediseñar parte de la representación legislativa y volver a colocar sobre la mesa una vieja bandera del obradorismo: abaratar la democracia mexicana. Sin embargo, lo que se anticipaba como una muestra de fuerza legislativa terminó convirtiéndose en el primer gran aviso de que el poder dentro de la coalición oficialista ya no funciona con obediencia automática.

La propuesta partía de una idea políticamente rentable: reducir costos y simplificar estructuras. Entre los puntos centrales estaba disminuir el número de senadores, modificar el esquema de representación proporcional y recortar gastos electorales que, desde la narrativa presidencial, siguen siendo excesivos para un país con enormes desigualdades sociales. También se buscaba actualizar reglas frente al uso de inteligencia artificial, bots y propaganda digital en campañas, bajo el argumento de que la política mexicana ya no puede seguir regulándose con instrumentos pensados para otra época.

Pero detrás del discurso de austeridad había un elemento mucho más sensible: la redistribución real del poder entre partidos.

Ahí apareció el primer muro inesperado. El Partido del Trabajo y el Partido Verde, aliados históricos de Morena, decidieron no acompañar la iniciativa. No fue una ruptura ideológica, sino una reacción de supervivencia política. Ambos entendieron que una reducción o modificación profunda en el sistema de representación proporcional podía afectar directamente su capacidad de conservar espacios legislativos propios. En otras palabras: Morena proponía una reforma pensada desde la lógica de partido dominante, mientras sus aliados la leyeron desde la lógica de partidos que necesitan reglas protectoras para seguir siendo relevantes.

La votación dejó una fotografía políticamente incómoda: Morena no logró reunir la fuerza suficiente para sacar adelante una reforma constitucional aun teniendo la Presidencia, mayoría simple y control narrativo del debate público.

Y esa derrota tiene consecuencias internas.

Porque más allá del revés legislativo, el episodio deja a la presidenta frente a una realidad que en política pesa mucho: el capital político no es permanente, se administra y también se erosiona. Dentro de Morena, la señal fue clara: si los aliados ya marcan distancia, también empiezan a moverse los grupos internos que observan hasta dónde llega realmente la capacidad presidencial de ordenar decisiones.

Eso obliga ahora a Claudia Sheinbaum a recuperar control interno. Y una de las rutas más previsibles es endurecer su influencia en la construcción de candidaturas. Lo que viene hacia 2027 puede ser un proceso mucho más cerrado, donde perfiles cercanos a Palacio Nacional busquen ocupar candidaturas a gubernaturas y diputaciones federales como mecanismo de blindaje político. Es decir: si el Congreso mostró límites, entonces la siguiente apuesta será construir una mayoría futura más disciplinada desde el origen.

En política mexicana eso suele traducirse en una lógica sencilla: menos concesiones territoriales y más control sobre quién llega.

Por eso no es casual que desde el entorno presidencial ya se hable del llamado “Plan B”.

La presidenta ha dejado claro que el fracaso de una reforma constitucional no significa renunciar al proyecto. El plan alterno consiste en avanzar por rutas secundarias: reformas legales ordinarias, ajustes administrativos y decisiones presupuestales que no necesiten mayoría calificada. Reducir financiamiento público a partidos, endurecer reglas de operación institucional y modificar mecanismos internos del sistema electoral pueden ejecutarse parcialmente sin tocar la Constitución.

Es una estrategia conocida: fragmentar una gran reforma en pequeñas decisiones acumulativas.

El cálculo político es evidente. Si no se puede ganar todo de una vez, se gana por partes.

Sin embargo, el costo político permanece. Porque esta votación también reveló algo más profundo: la coalición gobernante ya entró en una etapa donde cada aliado comienza a defender su propio futuro electoral.

Y cuando eso ocurre, cada iniciativa deja de ser solamente técnica para convertirse en una negociación de poder.

La reforma electoral no murió; simplemente abrió una nueva batalla.

Una donde ya no basta tener mayoría moral, narrativa presidencial o popularidad pública. Ahora también habrá que reconstruir disciplina política.

Y esa es quizá la prueba más delicada que enfrenta hoy la presidenta: demostrar que todavía puede ordenar a su propia mayoría sin fracturar el proyecto que la llevó al poder.

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