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Opinión

AUTODEFENSILANDIA por Victor M. Quintana SILVEIRA

AUTODEFENSILANDIA

Por Víctor M. Quintana S,

 

 

En México, el gobierno y los poderosos, legales e ilegles, producen tantas vulnerabilidades que no solamente se ve uno obligado a armarse y disparar en legítima defensa: se trabaja en la economía informal en legítima defensa; se emigra indocumentadamente en legítima defensa, se acude a la medicina alternativa en legítima defensa. Porque cuando el Estado falla, o se ausenta, o cae en manos de los poderes fácticos, la ciudadanía suple las funciones de éste, se las ingenia para autodefenderse no sólo en el orden público sino en todos los componentes de su seguridad humana.

 

Las comunidades indígenas fueron las primeras en construir sus propias autodefensas. Ante la invasión de sus territorios y el despojo de sus recursos naturales y ante la pasividad o complicidad de los diversos órdenes de gobierno, se organizaron en policías comunitarias y se armaron precariamente. Así lo hicieron en muchos pueblos acosados, sobre todo en Michoacán y Guerrero. Varias comunidades pagaron cara su valentía cuando fueron asesinados algunos de los suyos, como en Cherán, Michoacán. Hasta han sido encarcelados por aquellos cuyas funciones suplen con el pretexto de “portación de armas de uso exclusivo del Ejército”.

 

En la Tierra Caliente de Michoacán las autodefensas ya no son las comunidades indígenas que se arman. Productores agropecuarios, rancheros, comerciantes, toman las armas o pagan a quienes las toman para poner un hasta aquí a las extorsiones, secuestros, robos, incendios, de esa gran empresa criminal diversificada que son los Caballeros Templarios, protegidos o coludidos mucho tiempo con las llamadas fuerzas del orden.

 

Hay otras iniciativas ante la falencia o ausencia estatal del ámbito de la seguridad  pública, así lo revelan la proliferación de policías privadas y de calles cerradas por los vecinos, La informalización de la seguridad pública ha roto por completo el monopolio estatal de la violencia legítima a la vez que abre la puerta a la paramilitarización de la sociedad con todo y los efectos perversos que esta pueda acarrear, como son el cobro de cuotas de protección o el dominio de fuerzas para legales o francamente ilegales en no pocas zonas del país.

 

Pero la autodefensa social se extiende a otros aspectos de la inseguridad humana. Ante la incertidumbre de empleo y del ingreso, la economía informal sigue proliferando, tanto en su vertiente licita, como en la venta de mercancías piratas o, peor aún, en su vertiente de economía criminal diversificada.  La migración así sea indocumentada, es otra de las formas con que las familias se autodefienden del desempleo o de los empleos de muy baja calidad, a pesar de que tengan que arriesgar su vida al cruzar la frontera.

 

Los agricultores se autodefienden en muchos sentidos: de los embargos promovidos por los bancos, de los cortes de energía eléctrica por parte de la CFE,  de los coyotes e intermediarios que les pagan a nada sus cosechas. Las comunidades rurales se defienden como pueden del despojo de sus tierras, de sus aguas, de sus bosques, ejecutados por compañías mineras, forestales, turísticas, de energía, que, esas sí, son defendidas por el Estado o por pistoleros contratados como paramilitares.

 

Ante la insuficiencia y mala calidad de los servicios de salud pública la gente se autodefiende de la enfermedad acudiendo a la medicina tradicional o alternativa. Aquí también se abre puerta a los efectos perversos pues muchas personas son víctimas de charlatanes y profesionales sin escrúpulos.

 

La autodefensa de la sociedad cunde por doquier: las organizaciones no gubernamentales son quienes mejor defienden los derechos humanos de víctimas y familiares de desaparecidos, torturados, de los feminicidios, de los detenidos ilegalmente. Son formas de autodefensa las instituciones que la propia sociedad se da para proteger a los cada vez más indefensos adultos mayores, niñas y niños en situación de calle, personas con discapacidad, adictos…porque el Estado no ha sido capaz de estructurar instituciones y mecanismos ágiles y eficaces para atender a todos estos sectores vulnerables.

 

El Estado mexicano se ha convertido en el corazón con crecimiento atrófico  de un cuerpo social al que cada vez bombea menos sangre. Hablando en términos de Boaventura de Sousa Santos, dicho Estado ha ido reduciendo al mínimo su lógica de regulación/emancipación, para entregarse a lógica de apropiación/violencia

 

Indudablemente las acciones de autodefensa social en todos los aspectos resultan en construcción de contrapoderes, de ínsulas de autogestión  y participación ciudadana. Sin embargo, sería ingenuo pensar que la acumulación de estas experiencias irá generando una dualidad de poderes tal que habrá un momento en que el actual Estado, cada vez más decrépito, se derrumbe. El actual Estado, así se esté vaciando de sentido, o adopte la función de sólo proteger y defender a los poderosos, así esté atrofiado o agujereado, o fallido, mantiene una gran fuerza ante los débiles y es eficaz para garantizar los privilegios de los poderosos. Por eso, a la vez que se le combate o se le vacía desde abajo, es necesario transformarlo políticamente desde arriba, desde las propias instancias del poder político. No hay más que con estas bases refundar la República.

 

 

 

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Opinión

La trampa de “las rentas justas” en la CDMX. Por Caleb Ordóñez T.

En la Ciudad de México hay jóvenes que trabajan para pagar un departamento en el que apenas tienen tiempo de dormir. Familias que destinan buena parte de sus ingresos a cuatro paredes. Personas que viven a dos horas de su empleo porque acercarse al centro se convirtió en un lujo.

La vivienda es uno de los grandes fracasos de la política urbana capitalina.

Y ahora el gobierno pretende resolverlo con otra ley.

Clara Brugada presentó una iniciativa que promete rentas justas, contratos regulados y protección contra abusos. Una propuesta que, vista desde el discurso político, parece irreprochable. ¿Quién podría estar en contra de que las personas paguen menos por vivir dignamente?

Caleb Ordoñez T.

El problema es que las buenas intenciones no construyen departamentos.

Y los decretos tampoco.

Las buenas intenciones también tienen consecuencias

La iniciativa contempla limitar aumentos conforme a la inflación, registrar obligatoriamente los contratos y aplicar multas de hasta 46 mil 924 pesos. También propone asesoría gratuita y mecanismos contra desalojos violentos.

Hay medidas necesarias. Los abusos inmobiliarios existen. Los desalojos arbitrarios también. Ninguna persona debería perder su hogar mediante amenazas o intimidaciones.

Pero legislar para corregir una injusticia no debería producir otra.

Pensemos en una jubilada que dedicó treinta años a pagar un pequeño departamento. Hoy lo renta para complementar una pensión insuficiente. No pertenece a ningún cártel inmobiliario. No especula con edificios enteros. Simplemente administra el patrimonio que consiguió trabajando.

¿Qué sucederá si las nuevas obligaciones, restricciones y sanciones hacen que prefiera retirar su propiedad del mercado?

Habrá una vivienda menos.

Y si otros propietarios toman decisiones semejantes, quienes terminarán compitiendo por los departamentos disponibles serán precisamente aquellos que la ley pretende proteger.

No es una consecuencia demostrada ni inevitable. Es un riesgo que el Congreso tiene la obligación de evaluar.

Porque una cosa es regular los abusos y otra, muy distinta, pretender administrar la escasez.

El problema tiene dimensiones profundas. Según el INEGI, en 2024 el ingreso promedio de los hogares urbanos capitalinos rondaba los 37 mil pesos mensuales. Un promedio que, además, oculta enormes desigualdades.

¿Cuánto debe ganar una familia para vivir cerca de su trabajo? ¿Cuánto tiempo de su vida debe sacrificar transportándose? ¿En qué momento tener una habitación propia dejó de ser una aspiración razonable?

Esas preguntas no se resuelven únicamente vigilando contratos.

Se resuelven construyendo vivienda, mejorando el transporte, acercando servicios y generando condiciones para que la ciudad pueda alojar a quienes la mantienen funcionando.

Brugada también promete ampliar la vivienda asequible. Bien. Pero esa debería ser una prioridad medible, no una promesa subordinada al entusiasmo por imponer nuevas reglas.

El gobierno también debe rendir cuentas

Hay otra contradicción.

Desde 2024 existen disposiciones para limitar incrementos de renta y registrar contratos. Antes de anunciar nuevas sanciones, sería conveniente conocer los resultados de las anteriores.

¿Cuántas familias se beneficiaron? ¿Cuántos abusos fueron sancionados? ¿Qué funcionó y qué fracasó?

El gobierno exige transparencia a los particulares, pero todavía debe ofrecer respuestas convincentes sobre la eficacia de sus propias medidas.

Y mientras tanto, el verdadero debate corre el riesgo de perderse entre consignas: propietarios contra inquilinos, mercado contra Estado, ricos contra pobres.

Una discusión tan cómoda para los políticos como inútil para quienes necesitan vivienda.

La propiedad privada merece certeza jurídica. Los inquilinos merecen protección. Y ambos necesitan un gobierno capaz de entender que sus derechos no son necesariamente enemigos.

La iniciativa todavía puede corregirse. Sería deseable que el Congreso escuchara más evidencia y menos discursos.

Porque el desafío no consiste en decidir quién tiene la culpa de que vivir en la capital resulte tan caro.

Consiste en reconocer quién tiene la responsabilidad de hacerla habitable.

Una ciudad no se vuelve más justa cuando el gobierno decide cuánto debe costar vivir en ella, sino cuando consigue que vivir en ella deje de ser un privilegio.

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