Opinión
Ahora toca turno a Tamaulipas Por Aquiles Córdova Morán
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hace 14 añoson
Este martes, 29 de mayo, el antorchismo tamaulipeco inició un plantón indefinido ante el palacio de gobierno en Ciudad Victoria, Tamaulipas, con el propósito de desatorar viejas demandas que la gente de más bajos ingresos, agrupada en el Movimiento Antorchista del estado, presentó y viene gestionando incansablemente, sin ningún resultado apreciable, desde el inicio mismo de la administración de Egidio Torre Cantú. En forma resumida, ya que el espacio no permite entrar en detalles, la lista de las peticiones es la siguiente.
1.- Con SEDESOL: mejoramiento de vivienda, pisos firmes, letrinas, tinacos, láminas para techo, empleo temporal, un albergue estudiantil entre las más necesarias.
2.- Con Desarrollo Rural: diversos proyectos productivos cuya viabilidad y justificación social están debidamente acreditadas ante la dependencia respectiva.
3.- Con la SEDUMA: salón de usos múltiples, reparación de una iglesia, remodelación de pequeñas plazas públicas, guarniciones y banquetas, pavimento, puente vehicular.
4.- Con CEAT: rehabilitación de sistemas de agua potable, red de distribución del líquido, bombas hidráulicas, planta tratadora de aguas negras, perforación de un pozo para dotar de agua a la comunidad.
5.- Caminos: pavimentación de varios ramales intransitables en tiempo de lluvias.
6.- Medio Ambiente: desazolve y descontaminación de río y canal.
7.- Secretaría de Salud: centro de salud y ambulancia para el traslado de enfermos graves.
8.- Educación: espacios educativos, reconocimiento oficial de planteles que carecen de él, equipo de cómputo, contratación de personal.
9.- ITAVU: crédito para vivienda, electrificación, lotes de interés social, regularización de colonias populares.
Como puede juzgar cualquier ciudadano sin prejuicios políticos y con sensibilidad social, no hay aquí ninguna demanda superflua, desmesurada o indefendible. El antorchismo tamaulipeco ha depurado una y otra vez su pliego de demandas hasta no dejar en él nada que no sea de estricta y urgente necesidad, apenas lo básico para que la gente deje de vivir como los brutos y comience a vivir como ser humano y con alguna esperanza de futuro. Ahora bien, como dije antes, estas necesidades fueron hechas del conocimiento del actual gobernador el día mismo de su toma de posesión, y la respuesta entonces fue que “pronto” habría una reunión de trabajo encabezada por él para dar respuesta puntual al documento. Desde entonces (han pasado ya 16 meses) se ha buscado ese encuentro por diversos medios: recordatorios escritos, abordaje personal, a través del Secretario de Gobernación, mediante desplegados de prensa, etc., en 12 ocasiones, sin ningún resultado. Han tenido lugar, además, 6 entrevistas con el Secretario General de Gobierno, 11 “reuniones resolutivas” con las distintas dependencias involucradas, 9 mítines, 2 marchas, y varias comisiones representativas con el mismo nulo resultado. Nadie podrá decir, entonces, que el plantón de los antorchistas es sólo una muestra de intransigencia, de su incapacidad y falta de racionalidad para entender los argumentos y las limitaciones del gobierno, o, peor aún, que se trata de “un chantaje” (el caballito de batalla contra la legítima protesta social) de los líderes, en busca de dinero o de posiciones políticas.
Y esta explicación y la difusión nacional de la misma resultan indispensables porque, 38 años de lucha contra la pobreza y contra la arrogancia y el desprecio a los intereses populares de muchos hombres de poder, nos han enseñado a prever lo que vendrá. Ya sabemos que allí donde faltan soluciones para los necesitados, allí donde sus demandas y su insistencia de solución se toman como un insulto y una “falta de respeto”, la culpa por la reacción de las víctimas de tal conducta jamás recae sobre quienes cierran puertas y oídos a los menesterosos, jamás son admitidas como suyas por quienes ejercen el poder y el presupuesto públicos de manera facciosa y desequilibrada. Los responsables son siempre los desamparados y sus líderes, sobre los cuales cae todo el enojo oficial en forma de una feroz guerra mediática, basada en la total distorsión de las demandas, de calumnias sobre los motivos y propósito de la lucha y de los dirigentes, de descarado maquillaje del comportamiento y del trato despótico de los funcionarios, y de amenazas, abiertas o disimuladas, en contra de los dirigentes. Y el gobierno sabe que, en esta guerra de lodo e intimidación, contará siempre con la ayuda eficaz, por convicción o por interés, de la gran mayoría de los medios informativos. Es por eso que la denuncia anticipada de tal maniobra es, apenas, un intento de legítima defensa.
Hace poco hubo cambio de dirigencia en el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), el poderoso organismo cúpula de los inversionistas más influyentes del país. Llamó mi atención que el dirigente recién ungido, frente a un discurso presidencial triunfalista y nada autocrítico, dijera a su turno, en tono asaz mesurado y reflexivo, que México sigue siendo uno de los países más desiguales de la tierra y que urge atacar este problema para tranquilidad de todos (la cita no es literal). A su vez, el candidato presidencial del PRI (partido que, por cierto, es el que llevó al poder al gobernador Egidio Torre), Lic. Enrique Peña Nieto, repite en cuanta acción se le presenta que los mexicanos estamos agraviados y lastimados por la enorme pobreza que padece la mayoría de la nación, que su gobierno se propone enfrentar este reto tomando medidas efectivas para un reparto más equitativo de la renta nacional y que quien no esté de acuerdo con esto no tendrá cabida en el proyecto de país que él encabeza. Y nadie podrá negar que una medida infaltable en una política de verdadero combate a la desigualdad social de que hablan el líder del CCE y el Lic. Peña Nieto, es la reorientación del gasto público en favor de los que menos tienen, sin desatender, obviamente, los problemas y los derechos del resto de la población. Pero en Tamaulipas, por lo aquí dicho, se ve que marchan viento en popa, a todo trapo como dicen los marineros, sólo que exactamente en sentido contrario. ¿Habrá alguien con la capacidad para verlo y el valor para decírselo a Egidio Torre Cantú? Los antorchistas, por lo pronto, harán su parte; y ojalá que el gobernador lo vea y lo entienda de esa manera y responda en consecuencia.
Opinión
Inzunza: la decadencia del favorito. Por Caleb Ordóñez T.
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hace 3 semanason
May 29, 2026
Hay políticos que caen peleando. Hay políticos que caen defendiendo una causa. Y hay políticos cuya caída comienza mucho antes de que ellos mismos se den cuenta; cuando todavía sonríen en las fotografías oficiales y firman acuerdos con la soltura de quien cree que el futuro le pertenece.
La historia reciente de Enrique Inzunza Cázares parece pertenecer a esta última categoría.
Porque más allá de las acusaciones que enfrenta, más allá de los expedientes estadounidenses y más allá del ruido mediático que rodea a Sinaloa, hay algo que llama poderosamente la atención: Inzunza no se comporta como alguien que busca convencer al país de su inocencia. Se comporta como alguien atrapado en una partida de ajedrez donde cada movimiento tiene un único objetivo: sobrevivir un turno más. Viviendo en un eterno jaque.
Durante años fue presentado como uno de los hombres más inteligentes del círculo cercano de Rubén Rocha Moya. Jurista, magistrado, presidente del Supremo Tribunal de Justicia, secretario general de Gobierno y después senador de la República. Su ascenso fue tan rápido que muchos (casi todos) dentro de Morena en Sinaloa, lo veían como una especie de gobernador en espera.
No era un político de masas. No era un gran orador. No era un líder carismático.
Su poder provenía de otra parte: de la operación silenciosa, del control institucional, de la cercanía con el grupo gobernante y de una influencia que crecía discretamente, lejos de los reflectores, precisamente donde ese tipo de poder se cultiva mejor.
Por eso resulta tan revelador observar lo que ocurre hoy.Cuando un político es acusado injustamente, normalmente intenta salir a dar la cara. Busca entrevistas. Explica. Debate. Confronta. Construye una narrativa que lo sostenga mientras el temporal amaina.
Inzunza ha hecho exactamente lo contrario.
Los números lo dicen con una frialdad que ningún argumento político puede disfrazar.
Desde el 29 de abril de 2026, cuando el Departamento de Justicia de Estados Unidos hizo pública la acusación formal en su contra, Inzunza acumuló 21 días de ausencia en sesiones del Congreso. No pidió licencia. No renunció. Simplemente dejó de aparecer. Su única reaparición fue una fotografía en redes sociales junto a su madre, con ubicación en Batequitas, Badiraguato. Un político que dice no tener nada que esconder, escondido. Y cuando finalmente habló, lo hizo desde X, con una frase que revela más de lo que oculta:
«Soy abogado de mí mismo y me basta mi probidad.» Es la declaración de alguien que no quiere testigos en su defensa.
Y en política las formas importan tanto como los hechos, porque la percepción pública rara vez se construye únicamente con documentos judiciales. También se construye observando cómo reaccionan los protagonistas cuando el suelo comienza a moverse bajo sus pies.
Lo que proyecta Inzunza no es fortaleza. No transmite confianza. No parece un político concentrado en demostrar que las acusaciones son falsas.
Parece un político concentrado en administrar daños.
Esa imagen explica en buena medida por qué hoy se encuentra tan aislado. No porque Morena haya decidido abandonarlo de la noche a la mañana. No porque el Senado haya ejecutado una conspiración interna. Sino porque el propio Inzunza dejó de ser una apuesta rentable.
La política es brutalmente pragmática. Los partidos respaldan a quienes generan votos, estabilidad o futuro. Cuando un liderazgo comienza a representar riesgo, incertidumbre o desgaste, las distancias aparecen solas, sin reuniones, sin comunicados, sin rupturas formales. Simplemente aparecen.
Hace apenas unos meses su nombre figuraba entre los aspirantes más serios para suceder a Rocha en la gubernatura de Sinaloa. Hoy prácticamente nadie dentro del oficialismo habla de esa posibilidad. No porque exista una sentencia. No porque haya sido declarado culpable. Sino porque la candidatura dejó de ser viable.
Y en política la inviabilidad suele ser una condena mucho más rápida que cualquier resolución judicial.
Lo verdaderamente inquietante es que el caso de Inzunza trasciende a una sola persona.
Se convierte en un espejo incómodo para todo el sistema político mexicano.
Lo que hace singular el caso de Inzunza no es la acusación en sí. Es la arquitectura que describe. Según el expediente estadounidense, Inzunza habría acompañado al gobernador
Rocha Moya a una reunión con Los Chapitos tras las elecciones de junio de 2021, cuando todavía era secretario general del gobierno estatal y en ese encuentro habrían acordado que el cártel tendría control sobre la Policía Estatal de Sinaloa. Si eso es cierto, no estamos hablando de un funcionario que recibió un sobre. Estamos hablando de una negociación institucional: el Estado cediendo su monopolio de la fuerza a cambio de estabilidad política.
Eso es algo cualitativamente distinto, y más perturbador, que la corrupción individual de siempre. No es un hombre que se corrompió. Es una institución que se ofreció.
Por eso el caso Inzunza genera tanta atención. No solo por sus detalles particulares, sino porque representa el choque entre dos narrativas que México lleva años intentando reconciliar sin éxito: la del político exitoso que parecía destinado a gobernar uno de los
estados más importantes del país, y la del funcionario que termina convertido en símbolo de una crisis de confianza cada vez más profunda.
Su tragedia política no consiste únicamente en las acusaciones.
Consiste en haber perdido aquello que realmente construye el poder: la credibilidad.
Cuando la gente deja de creer en tu futuro, el poder comienza a evaporarse. Cuando tus aliados dejan de apostar por ti, el aislamiento se vuelve inevitable. Cuando tu nombre genera más preguntas que certezas, las puertas empiezan a cerrarse, no con portazos, sino con la silenciosa delicadeza con que se cierra una puerta frente a alguien a quien ya no se espera.
Por eso Enrique Inzunza muy probablemente ya no será gobernador de Sinaloa. No porque un
juez lo haya decretado. No porque un partido lo haya expulsado. Sino porque la política mexicana ya comenzó a actuar como si ese futuro hubiera desaparecido.
Y pocas cosas son más devastadoras para un político que seguir ocupando un cargo mientras todos a su alrededor se comportan como si su historia ya hubiera terminado.
Esa es la verdadera decadencia.
No perder el poder. Sino ver cómo el poder te abandona: despacio, en silencio, sin siquiera molestarse en despedirse.

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